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El Consejo de Estado dio a conocer 18 fallos de actos de repetición con los que espera recuperar $7.000 millones por condenas que tuvo que pagar el Estado. Algunos de los afectados son actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien tendrá que pagar $183 millones, y el excontralor Carlos Ossa Escobar, quien deberá cancelar $1.885 millones. Fue la sección tercera del alto tribunal la encargada de revisar 53 casos, de los que resolvió 18 a favor. “Las condenas se profieren por diferentes razones, entre ellas, violaciones a los derechos humanos, despido injusto de funcionarios y empleados, accidentes de tránsito, homicidios, violación al principio de planeación en la contratación estatal y actuaciones irregulares de contratistas, en los que se ha visto involucrada la administración pública” puntualizó el Consejo de Estado en un comunicado de prensa. La decisión contra el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se tomó porque en el 2001, cuando era secretario de Educación y Cultura, no cumplió con una condena para que se contratara de nuevo a un funcionario despedido de manera injustificada. El excontralor Carlos Ossa Escobar fue acusado de actuar de manera dolosa al declarar insubsistente a la jefa del Departamento de Control Interno. Pero para declarar la insusbsitencia de un funcionario público, se debe sustentar que no se hace por motivos burocráticos o personales, pero Ossa no contaba con pruebas que justificaran su decisión. Según el Consejo de Estado, el excontralor tomó la decisión, porque “la señora ordenó el archivo de una investigación disciplinaria que se adelantaba contra un funcionario de la entidad y no cambió el sentido de su decisión”. Ossa tendrá que pagar $1.885 millones por “el daño ocasionado al erario”. En cuanto a la condena por violaciones de derechos humanos, dos uniformados de la Policía también fueron condenados a pagar $381 millones por el homicidio y las heridas que causaron, durante un operativo en Buriticá (Antioquia), a dos personas en abril del 2000. Las acciones de repetición buscan que si un servidor, o exservidor, público es condenado por actuar de manera dolosa sea él, y no el Estado, quien pague la indemnización.