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En Soacha el único centro de salud público que atiende a sus más de 500.000 habitantes es el Hospital Mario Gaitán Yanguas, que además atiende las urgencias de los municipios de Granada y Sibaté. Los últimos meses no han sido fáciles para esta sede que hoy sobrevive con un déficit de $8.000 millones y las quejas constantes de los pacientes que reclaman más personal. Pero otro problema ha inquietado en los últimos días a su gerenta y a la comunidad.
Luz Helena Hernández, gerenta del centro de salud, manifestó su inquietud ante la decisión que tomó el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, de entregar parte de la sede anexa del hospital a la Universidad de Cundinamarca (institución pública), como parte de una deuda por un valor de $128.000 millones que tiene la Gobernación con la institución educativa, para lo que ofreció bienes de su propiedad.
A Hernández la preocupa que, en caso de que la universidad acepte los predios en donde se atienden las consultas externas de los habitantes de Soacha, el hospital tenga que pagar arriendo “cuando no estamos en condiciones de hacerlo”.
El personero del municipio, Henry Sosa, también dijo que el déficit del centro de salud es bastante grande y por eso ha pedido que la Gobernación pague su deuda con predios que no tengan relación con la salud y evite así perjuicios a la comunidad. “Además, este inmueble se compró con dineros de la Secretaría de Salud y no debería cambiar su uso”, agregó.
La directora de bienes e inventarios de la Secretaría General de Cundinamarca le respondió al personero mediante una carta en la cual explica que, pese a que el inmueble fue adquirido con recursos de la Secretaría de Salud, no existe en la escritura una destinación específica que impida entregarlos a la Universidad de Cundinamarca. Además, el gobernador Cruz respondió a este diario que la elección del predio se debe a que allí funcionan consultorios externos que no hacen parte del hospital como tal, y agregó que le pidió a la universidad hacer acuerdos con los actuales ocupantes para que no haya traumatismos.
En todo caso, El Espectador pudo establecer que el rector de la institución educativa, Adolfo Miguel Polo Solano, aún no ha aceptado la entrega de los 51 bienes seleccionados por Cruz. Dentro de ellos se encuentran predios de propiedad de la Gobernación ubicados no sólo en Soacha, sino también en otros 18 municipios. Polo analiza que la entrega de los terrenos indicados no afecte a la comunidad, como sucedería si aceptara el colegio María Auxiliadora del municipio de Cáqueza, el cual rechazará ya que allí estudian cerca de 500 menores.
Pero quizá un gran problema que le dejará la deuda al departamento es el hecho de perder la gran mayoría de sus bienes (cerca del 80%), como reconoció el gobernador. Cruz aseguró que no tenía otra forma de efectuar el pago debido a que, entre otras cosas, el departamento tienen comprometidas sus vigencias futuras hasta 2029, que equivalen al 30% de la inversión para libre destinación. Además explicó que el año pasado, cuando asumió su cargo, la Gobernación tenía una deuda de $530.000 millones, de los cuales tuvo que pagar $90.000 millones.
Cruz advirtió que el pago a la Universidad de Cundinamarca es una obligación que tiene que cumplir y no postergarla más allá de cinco años, como lo ordenó la sentencia del 26 de mayo de 2011 en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Gobernación que le entregara a la universidad los dineros que le debía desde 1999, cuando la deuda se estimaba en $473 millones.
El litigio entre la Universidad de Cundinamarca y la Gobernación duró 12 años, debido a que la institución educativa reclamó que el departamento no le había entregado en su totalidad los dineros que cada año debía girarle para su funcionamiento, de acuerdo a la Ley 30 de 1992. Por eso Cruz deberá pagar ahora $128.000 millones en total, de los cuales a la fecha ha entregado 24.500 en bienes y otros 5.000 en efectivo.
vtellez@elespectador.com
@VeronicaTellez