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Anticipando la tormenta que se viene por cuenta de la decisión de los departamentos de prohibir la entrada de licor extranjero, la cual regiría en Colombia a partir del próximo 1 de marzo, los importadores se están aprovisionando tanto de botellas como de estampillas que certifican la legalidad del alcohol.
Así lo confirmó Mauricio Villegas, secretario de Hacienda de Antioquia, el primer departamento que anunció públicamente estar haciendo los preparativos necesarios para acatar la decisión: “hasta el lunes pasado reportamos un aumento del 16% en los pedidos de estampillas”.
Un indicio de que en estos momentos, en la Asamblea General de Gobernadores que se celebra en Bogotá, y a pesar de las negociaciones que mantuvieron los importadores y distribuidores con los mandatarios departamentales, la prohibición será aprobada.
Aunque según los mandatarios departamentales cuentan con el apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Policía Fiscal Aduanera (Polfa), aún esperan la última palabra del Gobierno Nacional en su propósito.
“Estamos haciendo uso del monopolio rentístico que nos da la Constitución”, explica Villegas, citando el artículo 336 de la Carta Política, en la cual el Estado le concede a los departamentos plenos poderes sobre la producción, ingreso y venta de licores.
La razón de ser de esta medida reside en las alarmantes cifras que reporta el contrabando de licor en el país: los gobernadores aseguran que de los 28 millones de botellas de bebidas alcohólicas importadas que se comercializan al año en Colombia, sólo seis millones (el 25%) pagan impuestos.
Según cálculos de la DIAN, el país deja de percibir US$200 millones al año por el contrabando; pero los gobernadores creen que el faltante sobrepasa el billón de pesos.
“Antioquia es el departamento más afectado por el contrabando, porque tenemos un índice de ilegalidad del 50%, cuando a nivel nacional es del 20%. Esto quiere decir que una de cada dos botellas que se venden en nuestras tiendas es ilegal”, asegura Villegas, y agrega que el faltante en las arcas departamentales puede ascender a $25.000 millones.
Para evitar que ese “hueco fiscal” siga afectando los programas sociales de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, su gobernador, ya dio órdenes para que a partir del primero de marzo, cuando la medida entre a regir, se revoquen y suspendan las licencias para importar y distribuir alcohol extranjero en todo el departamento.
Por lo pronto, tanto importadores como distribuidores siguen aprovisionándose de existencias de cara al próximo primero de marzo; mientras tanto, las gobernaciones apenas comienzan a estimar los beneficios que la prohibición traduciría en la venta de sus propios licores.
Y también con el resarcimiento que provenga del extranjero, pues aún esperan los resultados de la demanda que interpusieron en 2004 en una corte de Nueva York contra las distribuidoras Diageo, Seagram y Pernod Ricard, acusadas de promover la entrada de licor de contrabando al país (escuchar audio).
“El mercado no está siendo controlado por el Estado, sino por grupos y empresas que están evadiendo los impuestos para los colombianos”, asegura, a modo de justificación, Luis Jorge Sánchez, gobernador del Huila y principal impulsor de la medida.