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Tras la muerte de Freddy Torres García, de 19 años el pasado domingo en el barrio María Paz, ubicado al Norte de Bucaramanga, se agudizó la crisis que viven los jóvenes de ese vecindario y que han solicitado protección a la Alcaldía, Policía, y Fiscalía, por recibir constantes amenazas de muerte, según informó vanguardia.com
Desde hace más de 10 meses, seis habitantes del barrio han recibido amenazas, pero según el líder comunal Henry Robles, “las autoridades no nos han brindado la seguridad necesaria”.
Robles añadió que “llevamos más de medio año rogando por la seguridad de estos jóvenes, y solo nos dicen ‘estamos trabajando en ello’. Hemos denunciado ante la Alcaldía, la Sijín y la Fiscalía. No ha pasado nada. Parece que al Alcalde le quedó grande la seguridad en Bucaramanga”.
El líder comunal señala que en el caso concreto de Freddy Torres García se habían puesto en conocimiento de las autoridades las amenazas de muerte, y que el secretario del Interior de Bucaramanga, René Rodrigo Garzón, recibió un derecho de petición en dónde se exponían las denuncias.
Los habitantes de maría Paz se muestran preocupados por la falta de compromiso de las autoridades y la inseguridad del sector.
“En la noche del pasado lunes bajaron dos encapuchados e hicieron seis tiros al aire. Eso es instigación. No van a quedar contentos hasta matarnos a todos, y parece que a las autoridades no les importa”, comentó uno de los habitantes.
Robles agregó que teme que este caso quede en el olvido, como le pasó al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, quién fue asesinado después de amenazarlo y todavía no hay responsables por ello.
Por su parte, Augusto Rueda, personero de Bucaramanga, afirma que el asesinato de Torres es materia de investigación. No se ha podido establecer si el joven hacía parte de las personas que denunciaron amenazas de muerte.
“Después de determinar que sí existía una denuncia ante la Policía la investigación giraría en torno a cómo actuó esta institución, pero no sabemos sí (Torres) es una de las personas que denunció amenaza”, puntualizó el funcionario.
Al respecto, René Garzón asegura que la Secretaría del Interior de Bucaramanga no tiene ningún programa de protección especial para personas ajenas a los cargos públicos. El funcionario afirmó que los responsables directos son la Policía y la Fiscalía.
“Para gente común y corriente nosotros no tenemos cómo brindar protección, para eso está la Unidad Nacional de Protección de la Fiscalía…”, afirma Garzón.
Así mismo, el Comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Coronel Raúl Pico, sostiene que el directo responsable es la Fiscalía, pues son ellos los que establecen si es necesario hacer visitas esporádicas para hacer revisión constante de los sectores.