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Junto al río Mira, cerca a la frontera con Ecuador, Wilson Canticus y su hijo Jhon Alex fueron víctimas de una mina antipersonal, que fue plantada dentro del resguardo indígena Awá Piedra Sellada, en Tumaco, y que afectó principalmente al padre. Eso fue el primero de febrero de este año, una semana después de que, en el mismo resguardo, pero camino a la comunidad La Hondita, Luis Medardo Páez Guanga, de 82 años, piso otra mina, que lo dejó en un grave estado de salud. Y a dos días de que Berna Nastacuaz Pai murió, en similares circunstancias, en el resguardo de Inda Zabaleta.
Estos hechos han pasado de ser fortuitos a ser recurrentes en los últimos meses dentro de la comunidad Awá, que ha lanzado alertas por el aumento de la vulneración de sus derechos por la creciente violencia que ejercen los grupos armados que buscan dominar la zona fronteriza. Esto también ha afectado a otras poblaciones del municipio, lo que mantiene en temor y hasta en confinamiento a comunidades que ya ni se sienten seguras de andar por sus caminos.
“Eso deja afectaciones mentales en el territorio. Hay un nuevo actor que se quiere asentar, el frente Iván Ríos, y el tema de las minas está muy complejo. A las comunidades les ha tocado confinarse, no se puede realizar la agricultura por temor a pisar una mina de esas, ni podemos caminar tranquilamente, coger los bejucos para las artesanías o acercarse a las fuentes de agua, porque hay temor de encontrar una mina”, señala William, líder de uno de los resguardos.
El problema es que en veredas como Pueblo Rico se han sembrado minas cerca de las instituciones educativas y en otras como Alto Mira y Frontera, las mismas comunidades han identificado decenas de artefactos planteados. Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lanzó una alerta, debido a que, entre noviembre de 2022 y enero de 2023, 18 personas fueron víctimas de minas en Tumaco, 483 tuvieron que desplazarse y 1.115 estuvieron confinadas.
A esto se suman, los recientes llamados de la alcaldesa María Emilsen Angulo por el aumento del conflicto entre disidencias en el municipio, así como de las víctimas de minas desde mediados del año pasado. “Yo quisiera ver al presidente de la República con su ministro de Defensa y el ministro del Interior, diciéndonos cuál es la ruta. Que nos digan cuál es la forma para hacer frente a la situación de conflicto”, indicó a RCN Radio.
Sobre las víctimas, Paulo José Lasso Gómez, coordinador departamental de la Acción Humanitaria contra las Minas Antipersonal, señala que se han presentado aumentos de la presencia de estos artefactos en zonas como el Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y Chocó, donde también se ha visto un crecimiento de la violencia. “Ahora tenemos instalación de nuevos artefactos explosivos, de nuevos actores armados, lo que agrava la situación humanitaria. Es un arma que queda instalada allí por años y no reconoce el tipo de víctimas y nos preocupa mucho por la cantidad de menores de edad en las zonas y la protección del pueblo Awá”.
Sumado a esto, Lasso destaca que en la mayoría de los lugares donde se presentan víctimas de minas la respuesta del Estado es mínima, “porque los puestos de salud son de primer nivel con condiciones muy difíciles, por lo que la gente le toca trasladarse a las capitales. Lo que está pasando en Tumaco es que quienes se accidentan en la costa pacífica nariñense tienen que ser atendido en el Hospital Universitario de Pasto y todo ese tiempo que se demoran en los traslados los afecta en, por ejemplo, la contaminación de las heridas y se agrava mucho la atención médica”.
El Gobierno Nacional señala que si bien la Acción contra Minas Antipersonal (AICMA) acompaña a las comunidades y municipios con desminado humanitario, educación en el riesgo y asistencia a las víctimas, entre otras cosas, en Tumaco hay una instancia particular para atender a las víctimas. “Es un territorio con alta afectación en cuanto a la presencia de cultivos ilícitos y la minería ilegal. En este sentido se han realizado 1.444 actividades de prevención que de manera histórica han beneficiado a 46.200 personas”.
Además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que, enmarcado en la paz total, entienden que todas las acciones contra las minas generan seguridad, “y en estricto sentido, desde nuestro componente de prevención, en la Educación en el Riesgo de Minas, debe atenderse, que en todo tiempo se han realizado de manera continua esfuerzos de sensibilización en el conocimiento y gestión del riesgo mediante la educación en el riesgo de minas (ERM) llegando a más de 800.000 personas en 453.766 actividades”.
Para Lasso es importante las acciones en estas zonas, en especial dentro de las comunidades indígenas que tienen relaciones estrechas con la tierra en que habitan, así como indica que es importante que quienes se encuentran en las zonas de riesgos tomen medidas preventivas.
“El mensaje para las comunidades siempre es mantenerse alejado de esas zonas o lugares de riesgo, donde hay presencia de grupos armados, porque puede haber minas como arsenal abandonado de los enfrentamientos. También se deben mantener dentro de los caminos que conocen como seguros, y que los niños y las niñas siempre estén acompañados”.