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Un trabajo articulado de las instituciones del Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, junto con los gobiernos municipales y departamentales, reconociendo que las problemáticas en cada territorio tienen sus particularidades; fue el acuerdo alcanzado este miércoles durante la mesa nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras.
El Defensor del Pueblo recalcó que “es fundamental entender las particularidades de la conflictividad social en cada región. Porque hay ocupaciones de tierras que hacen las comunidades indígenas y campesinas que solicitan acceso a las mismas, y otros casos en los cuales las estructuras criminales buscan sacar provecho de la situación para adelantar despojos de grandes extensiones de territorio”.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo anotó que la invasión de tierras es un problema social que afecta de igual manera la propiedad privada y el desarrollo comunitario; por consiguiente, la convivencia y el orden público; recalcó la Defensoría del Pueblo. De ahí la urgencia de atenderlo integralmente, con la articulación de todos los actores involucrados. De esta manera, será posible identificar la causa y motivación de este fenómeno, para posteriormente formular acciones concretas para su mitigación, prevención y superación.