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La sensación que produce la humedad en un lugar caluroso es una tortura. Si se camina, se siente que el cuerpo se calienta más rápido y por consiguiente se suda más. El instinto incita a beber agua y a quitar del cuerpo cualquier cosa que pueda generar más calor. Si es por la selva, se deben activar más los sentidos: fijarse muy bien en dónde se pisa, porque cualquier movimiento en falso puede ser una caída, una lesión o encontrarse de frente con un animal. Si a esto se le suma que no se sabe cuántos días pueda durar la travesía, porque esto es lo que viven los migrantes que cruzan el Darién, muchas más cosas son un factor de riesgo. Del lado colombiano está el Clan del Golfo, que controla las rutas por las que a diario pueden transitar en promedio cerca de mil migrantes, mientras que en territorio panameño ya no solo se atienen a la posibilidad de ser víctimas de robos, abusos sexuales y hasta asesinatos, sino que ahora se pueden encontrar con una cerca de púas, con la que se pretende controlar el camino migratorio.
¿Cómo intentar cercar una selva de 266 kilómetros puede llegar a entenderse como una opción para atender la migración? Lo que ha ocurrido en el Darién en las últimas semanas no ha tenido una explicación clara del Gobierno panameño ni acciones contundentes del lado colombiano, pese a que han aumentado los nacionales que migran por el tapón y a que, más allá de controlar quiénes son los migrantes que ingresan a la selva, la sensación es que las barreras provocarán mayor vulnerabilidad para quienes se atreven a cruzar el tapón, porque a futuro optarían por caminos más peligrosos.
El 4 de julio, tres días después de la posesión de José Raúl Mulino como presidente de Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que cercó tres de cinco puntos recurrentes del paso de migrantes por el Darién. A la par, en redes sociales comenzó a circular un video de una zona a la que se llega por Capurganá, donde se instaló una cerca con alambre de púas, de no más de dos metros de alto, custodiada por las autoridades fronterizas panameñas, a la que llegaron decenas migrantes confundidos que pedían que los dejaran pasar. “Migrar no es un delito”, decían.
“Eso es como a una hora y media en moto, pero caminando es lejísimos. Lo que hicieron fue un alambrado de unos 80 metros, para ellos (Senafront) tener un control, como debe ser, porque quieren saber quiénes son los que pasan por ahí y de dónde son”, dice uno de los colombianos que desde hace años se han organizado en Capurganá para llevar migrantes a la frontera.
La justificación del Senafront es que con esta medida buscan reducir el número de personas que cruzan irregularmente la frontera y enfrentar a “las organizaciones delictivas transnacionales que se benefician del tráfico de personas, cobros ilícitos y otros delitos conexos a esta población vulnerable”. De igual forma, Frank Alexis Ábrego, ministro de Seguridad Pública de Panamá, explicó que cerraron los pasos por el sector de Hito de Chucurti para que la entrada a la selva se concentre por Cañas Blancas, continúe por el río Tuquesa hasta Bajo Chiquito y así los migrantes se concentren en Lajas Blancas, donde hay puestos de atención de oenegés y se ofrecen servicios de transporte a los migrantes hacia la frontera con Costa Rica.
En principio la medida estaría funcionando. De acuerdo con lancheros que transportan migrantes de Necoclí hacia Acandí y Capurganá, en promedio estaban saliendo unas 900 personas al día hacia el tapón, pero luego de conocerse la medida se redujeron a 300 o 500 diarias. Al respecto, Yolvis de la Cruz, concejal de Acandí, aseguró que a pesar de eso el paso sigue siendo normal y que la identificación de quienes entran a la selva era algo que se estaba pidiendo y debía hacer desde hace tiempo.
Los migrantes sienten temor. En los grupos de redes sociales en los que se da información sobre el paso por la frontera se han vuelto recurrentes las preguntas sobre los sectores que están cerrados, si hay dificultades para atravesar la frontera y si los “coyotes” estarían cobrando hasta US$800 debido a las nuevas barreras. Sobre esto, William, un venezolano que salió de Turbo y cruzó el Darién por Acandí hacia Bajo Chiquito, adonde llegó el 10 de julio, le indicó a este medio que en el camino se encontraron con un puesto de las autoridades. “Cuando íbamos hacia el campamento nos revisaron los bolsos”, pero más allá de eso, lo que más le costó fue atravesar las adversidades de la selva.
Medida de corto plazo
Sobre lo que viene hay muchas preguntas. Si bien, para los habitantes de la zona es positivo que se tenga un censo tanto a la entrada como a la salida de la selva y confíen en que una especie de corredor humanitario pueda evitar que se cometan muchos atropellos contra los migrantes, lo cierto es que ya se habla de nuevas rutas alternativas por Capurganá, ya que el Senafront está revisando antescedentes judiciales, y hasta se ofrecen servicios desde Buenaventura a Centroamérica. “El Clan del Golfo sabe explotar y adaptarse muy bien a las regulaciones gubernamentales. Dudo mucho que sean ellos quienes sufran esta política. Infortunadamente, es muy probable que el Clan del Golfo se lucre aún más de una política que en la práctica empujará a los migrantes a rutas más peligrosas y costosas”, asegura Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Por su parte, Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, considera preocupante que no haya una respuesta bilateral y que las medidas sean a corto plazo. “La población en el área está atendiendo la coyuntura día a día y hoy las reglas son unas y mañana son otras y si se cierra completamente la frontera no hay una política clara con Panamá. El Gobierno panameño será hostil con la migración y ya ha encontrado cómo fortalecer su relación con Estados Unidos a través de la instrumentalización del tema migratorio”.
Con esto se refiere al acuerdo que firmó Panamá con Estados Unidos para repatriar migrantes, en el que el país norteamericano se comprometió a entregar US$6 millones para cubrir los gastos de transporte, pero eso puede tardar. El proceso ha sido criticado hasta por la Defensoría panameña, por lo que el presidente Mulino indicó que dichas repatriaciones se harán voluntarias, mientras que quienes no acepten podrán seguir su camino. “Pues, vaya, allá irán (a Estados Unidos). No puedo meterlos presos ni repatriarlos a la fuerza. No explicó por qué el país no podría expulsar a los extranjeros que entren de forma irregular”, indicó el mandatario.
Al respecto, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo aseguró que, tras el cierre de cuatro de los pasos de migrantes, se acordó crear una comisión de vecindad con un gabinete binacional para mirar temas conjuntos, mientras que el presidente Gustavo Petro indicó que “los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar. La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur”, más allá de eso no se han dado acciones del Estado, pese a que este año han cruzado más de 10.000 colombianos el Darién y el país está en el tercer lugar de los que más utilizan esta selva para migrar.
A esto se le suma que en 2023, más de medio millón de personas cruzaron el tapón del Darién, según Migración Panamá, y este año se han contabilizado 208.308, de los cuales más del 60 % eran venezolanos, seguidos por ecuatorianos, colombianos, chinos y haitianos. En julio la cifra ha bajado, pero el investigador Rodríguez asegura que no se puede cantar victoria, pues muchos estarían esperando las elecciones en Venezuela del 28 de julio para definir si migran.
“La incertidumbre es tan grande que independiente del resultado de las elecciones se dará un movimiento importante de migrantes entre agosto y septiembre. Se viene una situación compleja en Venezuela y es la hora que no siento que haya una respuesta clara, una ruta. Colombia, que venía trabajando en una respuesta que medianamente era un ejemplo llamativo de un país de ingreso medio, se está quedando empantanado y uno siente que hay una ausencia importante”, explicó el experto.
