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En el debate por las demoras en la entrega de resultados de las pruebas de COVID-19 existen señalamientos entre los actores del sistema de salud. Mientras unos le achacan la responsabilidad a la falta de capacidad de los laboratorios para procesar pruebas, otros señalan a las EPS como responsables. El 31 de julio la Procuraduría emitió un informe preventivo en el que estableció que, en este momento, hay alrededor de 70.500 muestras en proceso de análisis. Estos datos salieron de un reporte que entregaron 18 departamentos, 88 municipios y cuatro distritos especiales. Entre los primeros dos, se encontró que hay 5.775 pruebas pendientes y en las capitales cerca de 17.792.
El Ministerio Público informó que los datos son parciales, pues varias autoridades locales no respondieron las preguntas que se enviaron el pasado 22 de julio. “Se ha tenido conocimiento de que algunas EPS, al parecer, se encuentran incurriendo en graves demoras en el proceso de toma de muestras y entrega de resultados, en algunos casos hasta por más de treinta días (…) A pesar de todas estas advertencias aún persisten grandes deficiencias”, señaló el informe de la Procuraduría, en el que también se lee que existen deficiencias en el embalaje y la rotulación, pues algunas son marcadas con tinta borrable y sin fecha.
“Yo devolví muestras por mala rotulación y por demoras hasta de ocho días en la entrega al laboratorio. El problema con estos retrasos es que pueden resultar falsos negativos. Esto debido a que la cadena de RNA —que compone el virus— se desintegra y no es fácil captarla si no se mantiene la cadena de frío”, explicó Claudia Chacón, gerente del laboratorio Analicemos, de Ibagué. Agregó que otro de los errores más comunes radica en la toma de muestras, pues parte del personal no está capacitado, lo que provoca que las pruebas queden mal clasificadas.
Desde que inició la pandemia, parte de los esfuerzos del Gobierno se concentraron en aumentar y consolidar la red de laboratorios, que hoy tiene cobertura en 23 departamentos. Sin embargo, la crítica recae sobre las secretarías de Salud, porque tan solo once departamentos tienen hoy funcionando sus laboratorios públicos. Esta situación se suma a que gran parte de las EPS prefieren enviar las muestras para ser analizadas en estos centros y no en entidades privadas, por los costos. Tanto así, que fuentes consultadas explicaron que por $50.000 algunas EPS prefieren enviar las muestras a ciudades capitales o laboratorios públicos, generando retrasos por semanas.
“En Magdalena fueron adecuados dos laboratorios nuevos con robots. Estaban entregando muestras en 48 horas, y ninguna EPS contrató con ellos, porque valía $50.000 más. Recibimos la misma queja en Cesar, Tolima y Nariño”, dijo una fuente del Gobierno. Además, la Contraloría anunció, el pasado 25 de julio, que iniciará indagaciones contra las EPS, toda vez que reciben recursos públicos y, según el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 2019 alcanzaron ingresos por $68,6 billones. “De marzo a mayo de 2020, las IPS recibieron $10,4 billones por servicios de salud, de los cuales $7,9 billones fueron para la red privada y $2,5 billones para la red pública”, agregó.
Según los lineamientos del Ministerio de Salud, “desde el inicio de síntomas o de darse cuenta de que tuvo contacto con un caso confirmado de COVID hasta la toma de la muestra, el responsable es la EPS y el tiempo máximo de respuesta debe ser de 48 horas”. Asimismo, el tiempo máximo para que la prueba llegue al laboratorio debe ser, por transporte terrestre, de doce horas, y de 24 horas en caso de ser requerido transporte aéreo. Luego de ingresar al laboratorio hasta la publicación de resultados de la muestra hay un plazo definido según la condición del paciente: 24 horas si está hospitalizado, 72 si es ambulatorio y para el resto un máximo de cinco días.
Las EPS tienen un tiempo máximo de ocho horas para la entrega de resultados, que es otro de los cuellos de botella identificados. Según los hallazgos de la Procuraduría, estos tiempos poco o nada se respetan. Razón por la que investigará si hay responsabilidad de servidores públicos del ámbito departamental o municipal. Asimismo, anunció que abrió un proceso disciplinario contra representantes legales y funcionarios de 17 EPS: la Nueva EPS, Mutual Ser, Comfamiliar Nariño EPS, Emmsanar, Salud Total, Coomeva, Medimás, Famisanar, Comfacundi, Ambuq, Comparta, Compensar, Sanitas, Dirección de Sanidad Militar, Cajacopi, Asmet Salud y Mallamás.
La Procuraduría remitió copia del informe a la Superintendencia de Salud para que “verifique si los laboratorios públicos y privados que se encuentran avalados para el procesamiento de muestras están dando cumplimiento a sus obligaciones en términos de oportunidad y calidad”. Según las cifras del Ministerio Público, los departamentos con más números de pruebas pendientes son Antioquia (21.130), Córdoba (9.472), Norte de Santander (5.498), Cundinamarca (2.398) y Santander (2.270). Sin embargo, en otros departamentos también se concentra el número de casos en demora de entrega de resultados.
¿Qué dicen algunos laboratorios?
“Nosotros recibimos 1.200 pruebas diarias, por lo que nos demoramos 48 horas en emitir el diagnóstico. Luego lo cargamos al sistema, para que la EPS o las secretarías departamentales o distritales de salud lleven el diagnóstico final al paciente”, dijo Juan David Ramírez, director del laboratorio de microbiología de la Universidad del Rosario. Y es que el 16 de julio la Superintendencia Nacional de Salud emitió un informe sobre los tiempos de respuesta por parte de los laboratorios autorizados para el procesamiento de pruebas RT-PCR diagnósticas de COVID-19.
Con corte al 30 de junio y con base en la información reportada por 55 laboratorios de los 65 requeridos por la Supersalud y que están adscritos a la Red Nacional de Laboratorios, se encontró que la mayor cantidad de pruebas pendientes por procesar se concentraba en los laboratorios de Compensar calle 63, Idime, Clínica Colsanitas, Compensar calle 26 y Universidad del Rosario, entre otros. “Esta situación afecta la oportunidad en la entrega de resultados por parte de las EPS”, se lee en el informe emitido por la Supersalud, donde también alertó sobre irregularidades en la rotulación de las muestras.
Ramírez insiste en que no se responsabilizan por el tiempo que transcurre desde que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio. La misma preocupación que expresan algunos laboratorios en las regiones. “Hemos detectado que llegan muestras de hasta diez días después de la toma. Incluso tuvimos una muestra que nos llegó con catorce días de atraso y el resultado fue positivo”, dijo Gloria Ávila, coordinadora del laboratorio de inmunología de la Universidad del Cauca, único laboratorio adscrito al Instituto Nacional de Salud (INS) en el departamento, que procesa cuarenta muestras en 24 horas.
Con corte al 31 de julio, el INS informó que en Colombia hay 106 laboratorios adjuntos para diagnóstico de COVID-19 con capacidad máxima de 36.000 pruebas por día. A la fecha, hay cuarenta laboratorios más en proceso de acreditación con los que pretenden aumentar la capacidad de procesamiento a escala nacional. A su vez, las entidades de control ya abrieron expedientes en Colombia para determinar responsabilidades para que las EPS busquen soluciones y alivien el trancón de pruebas que hoy no le permite al país conocer el estado real de la pandemia y los contagios.