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No piden nada raro. Nada a lo que no tengan derecho, en teoría, las demás personas de cualquier parte del mundo: respeto por sus vidas. Derecho a una educación incluyente. Modelos de salud que los traten con dignidad y no con prejuicios o discriminaciones concebidas a partir de creencias religiosas, miedos y violencias.
Tampoco quieren que les regalen nada. Exigen sus derechos y también el derecho a ejercer esos derechos. Esos de los que tanto se enorgullece la raza humana y que fueron proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde la mitad del siglo XX.
Desde hace más de 50 años Estados del mundo, como Israel, empezaron a despenalizar las relaciones homosexuales. El mundo empezó a reconocer la diversidad humana. Sin embargo, es mucho lo que hace falta para que existan plenas garantías de respeto por los derechos LGBTI en el mundo. Por eso, 50 representantes de liderazgos de la comunidad trans se dieron cita en Bogotá para elaborar el Manifiesto Transgénero de las Américas y el Caribe como una forma de visibilizarse, reconocerse y exigir a los Estados de la región las garantías para ejercer la ciudadanía de forma plena.
“Los gobiernos, los grupos fundamentalistas, antiderechos y los discursos de odio nos asumen carentes de derechos y de racionalidad. Nuestra experiencia de vida es estigmatizada, y como resultado somos expulsados violentamente tanto de la familia, como de los otros sistemas sociales, culturales, económicos y políticos que reducen nuestra calidad de vida”, señala un apartado del documento, elaborado el 18 de mayo (en el marco del IV Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI) y que revela hoy El Espectador.
El manifiesto tiene dos páginas y 20 puntos en los cuales se enuncian, de manera general, los problemas que afronta la población trans, que, según el registro de violencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene un promedio de vida de 35 años. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que el promedio de vida de un ser humano es de 85 años.
“Nos enunciamos como personas Trans: un lugar político, donde confluyen distintas experiencias, realidades, formas de entender y vivir el cuerpo, el deseo y la Identidad… Desafiamos los cánones del género a través de nuestras construcciones, identidades y expresiones, a partir de la orientación sexual y nuestras experiencias de vida Trans”, indica el manifiesto.
La primer exigencia es “que los Estados garanticen el derecho a la vida de las personas transgénero de la región a partir de políticas públicas y leyes que tengan un carácter de obligatoriedad para los gobiernos”. Dicha demanda, que suena tan obvia, no lo es tanto si se tiene en cuenta la violencia a la que están sometidos los trans en los países del continente. Cada 48 horas un miembro de esa comunidad es asesinado, según un estudio de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil, por solo citar un ejemplo.
En el punto 14 del manifiesto aparece otra demanda apenas obvia: “Se deben generar las condiciones y regulaciones para el acceso y permanencia en todos los niveles educativos. Estimular y defender la autoría y liderazgo de las personas Trans en procesos académicos e investigativos”.
Tan solo en Argentina, el 91,4 % de las personas trans afirmaron padecer agresiones en la escuela por su identidad de género, según un estudio publicado en 2016 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, lo cual aumenta la posibilidad de deserción escolar. Como señala un artículo de 2013 de la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, “hay prácticas escolares que terminan siendo una violenta invitación a que los estudiantes dejen la escuela y quienes terminan yéndose son mayoritariamente los estudiantes de mayor vulnerabilidad social y educativa”.
De acuerdo con la activista caucana Kiki Zaharia, “la necesidad de reconocer algo elemental, como la identidad diversa, representa el espacio para que las personas puedan vivir plenamente”.
Una afirmación que comparte Deisy Olarte, activista LGBTI de Bogotá, ya que “sin el reconocimiento de la persona desde su identidad, no se pueden garantizar los demás derechos”. Olarte señala también que la burla y la caricaturización de las personas trans están normalizadas, lo que ayuda a su estigmatización y desconoce su presencia en la vida fuera de escenarios de vulnerabilidad, como “en la calle, a donde no se puede salir sin que te juzguen, o en las imágenes representadas en las novelas, donde solo somos trabajadoras sexuales o peluqueras”.
En el punto 15 del manifiesto se solicita “la revisión, regulación y acompañamiento de los procesos de investigación penal, ética y disciplinaria en razón de violencias asociadas a la identidad-expresión de género”.
Olarte explica esta solicitud: “En muchos casos, ante la violación de un derecho, los administradores de justicia culpan a las personas por tener una identidad trans. Se justifican la violencia o la injusticia. Muchas personas trans, de hecho, creen que eso les pasa por su identidad. Nos creen viciosas, ladronas o enfermas y esos estigmas se suman en la administración de justicia”.
Otro tema señalado en el manifiesto es que, ante los tribunales en medio de un conflicto, si una de las partes es trans es la que debe demostrar su inocencia.
Las políticas públicas para la comunidad LGBTI existen, pero un común denominador señalado por las personas trans que participaron en la realización del manifiesto es la exclusión de los procesos que apoyarían el avance de esta población en escenarios educativos y laborales.
Los liderazgos trans de las Américas y el Caribe esperan que con este documento se puedan crear espacios de intercambio con una agenda común, con espacios de reunión y de exigencia en gobiernos locales, nacionales y regionales. Ojalá no pasen 50 años antes del reconocimiento de estos derechos negados por prejuicios o ignorancia.
Conozca todo el manifiesto aquí: