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Los asesinatos de un músico y docente, un zapatero, un taxista, dos comuneros indígenas del pueblo awá de Nariño, tres comuneros de Caldono (Cauca), un vendedor de comidas rápidas y otro de café, forman parte de una larga lista de víctimas de masacres que se han registrado en los primeros ocho meses de este año en el país.
Aunque el presidente Gustavo Petro manifestó al comienzo de esta semana que Colombia “no puede ser un país de masacres”, tan solo en agosto se registraron 15 de estos hechos, que posicionan este mes como uno de los más violentos en lo que va del año. Según el registro del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz, en lo corrido de 2022 han sucedido 73 masacres, con un vergonzoso saldo de 243 víctimas.
El Espectador habló con Leonardo González, coordinador del observatorio de Indepaz, sobre las razones de este baño de sangre y la estrategia que debería implementar el Gobierno para cambiar la tendencia de violencia en las zonas más afectadas del país.
(Lea: Nariño: 14 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del 2022)
¿Qué significa que en los primeros ocho meses del año se hayan registrado 73 masacres?
Significa un incumplimiento por parte del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz. Significa que unas diez zonas que hemos localizado como focos del conflicto, donde están Arauca, Catatumbo, Cauca, Tumaco, Bajo Cauca Antioqueño, sur de Bolívar y Putumayo, son zonas donde las conflictividades continúan, donde los grupos armados son solo la punta del iceberg, porque muchas de estas conflictividades tienen intereses como el narcotráfico, y son las comunidades las que padecen esta conflictividad territorial. Las masacres significan ausencia del Estado y, por ende, los grupos piensan que no les pasará nada. Son una forma de decir “estamos aquí, vamos a generar terror”, porque no son muertos selectivos, sino masacres en las que matan mucha gente para generar una victimización lo más grande posible.
Cauca es el departamento con más masacres en lo que va del año, ¿qué pasa allí?
La vulnerabilidad allí se da por la falta de seguridad humana, es decir, una seguridad no solamente en lo físico de cada una de las comunidades, sino de las garantías de los derechos. Hay ausencia del Estado.
El Cauca está afectado por la presencia de grupos como el Comando Coordinador de Occidente, que presta servicios de seguridad al narcotráfico y que no son grupos de guerrilla pues no tienen una ideología, sino que están al servicio al mejor postor.
(Lea también: Tras hechos violentos, gobernador de Nariño pidió muestras de paz a grupos armados)
Recientemente se han registrado masacres en ciudades capitales como Cúcuta, Barranquilla y Bogotá. ¿Qué ocurre en esos escenarios?
Aquí hay un conflicto relacionado con temas de microtráfico y narcotráfico en general, con unas prácticas típicas de la mafia, entre ellas la de los embolsados, como les dicen a las personas que descuartizan y los tiran en bolsas, como ha ocurrido en Bogotá, Cali y Buga.
Entonces, hay una pugna por el microtráfico en las capitales, ya que al tener su control se controla el lavado de activos, porque es en las capitales como Medellín y Bogotá donde más se realiza esta actividad. Y tener el control en estas zonas es poseer un eslabón de la cadena del narcotráfico mucho más fuerte.
Agosto ha sido de los meses más violentos del año, ¿en qué influyó el cambio de gobierno?
No se puede generalizar y decir que aquí está sucediendo una sola cosa, porque son varios factores. Pero más que influir, es una respuesta desde los grupos armados que no quieren la política de paz total de Petro, porque está en contravía de sus intereses que les permiten ganar algunos dividendos con el narcotráfico. Pero también coincide con las pugnas y la llegada de algunos grupos a algunas zonas como el Valle y el norte del Cauca.
(Lea: “Pedimos a los violentos respetar los derechos humanos”: Defensoría del Pueblo)
¿Son efectivas las mesas de diálogo propuestas por el Congreso en zonas olvidadas por el Estado?
Son estrategias simbólicas para apoyar a las comunidades y a los líderes sociales, y mostrar –especialmente– la estigmatización, la fragilidad que existe, y empezar a implementar planes para protegerlos. Sin embargo, es insuficiente porque se requiere un fuerte acompañamiento del Estado, pero sobre todo un fortalecimiento de las medidas de autoprotección para las comunidades, partiendo de que existen las guardias indígenas, campesinas y cimarronas con alertas comunitarias. Hay que implementar las medidas sugeridas por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que no son escuchadas pese a que dicen qué va a suceder y al final sucede por falta de implementación.
¿Qué hacer para disminuir las dinámicas de violencia en el país?
Se requieren acciones a largo, mediano y corto plazo, esto no es de un día para otro. Se requiere, primero, por parte del Gobierno, diálogos con los grupos armados En el caso del Eln, con negociación; en el caso de otros grupos, negociación de las penas y un sometimiento o acogimiento a la justicia.
Mientras tanto, hay que fortalecer las medidas de autoprotección, que llegue el Estado no solo con la fuerza pública; implementar el acuerdo y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). Ese tema debe mirarse no solamente con la coca, sino con la seguridad y garantías para las comunidades. Además, es importante la inteligencia por parte de Fiscalía y otros organismos, porque se requiere que el Estado tenga la potestad para estar en los diferentes territorios donde están esos grupos.
