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Las lluvias en Colombia se extenderían hasta diciembre y tendrían niveles de 30% por encima de lo normal en zonas como Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá y las regiones Andina y Amazonía. Así lo anunció el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y su directora, Yolanda González, quien resaltó que hay una probabilidad de 80% de que el fenómeno de La Niña se mantenga durante la segunda temporada de lluvias.
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El 2022 ha estado marcado por emergencias relacionadas con las precipitaciones en todo el territorio nacional. De acuerdo con Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en cerca de 454 municipios se han registrado más de 964 eventos como avenidas torrenciales, crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos y vendavales; un escenario que ha dejado al menos 83 muertos.
“Se les envió una carta a los alcaldes de cada municipio para que activen los consejos municipales de gestión del riesgo, junto con las comunidades, con el fin de que armemos un plan de evacuación preventiva de familias y evitar nuevas tragedias”, explicó el director Pava a El Espectador.
Con la llegada de la segunda temporada de lluvias, aumentan los riesgos en subregiones como La Mojana, al igual que en departamentos como Atlántico, Antioquia y Chocó, donde comunidades enteras están en peligro.
Antioquia
El departamento de Antioquia es el que más víctimas mortales ha dejado en eventos relacionados con las lluvias, para un total de 57. Debido a su topografía montañosa, las principales emergencias han sido deslizamientos, los cuales han afectado a más de 141 mil personas, ya sea por daños en viviendas y vías o por pérdidas materiales. Además, 45 municipios han declarado calamidad pública, sumado al departamento, que adoptó la medida para prevenir los riesgos de la segunda temporada de lluvias.
“Esta calamidad no es solo por todo lo que se ha presentado, sino también como medida preventiva para los meses de octubre y noviembre”, dijo Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran). Asimismo, contó que realizarán intervenciones con maquinaria amarilla, limpieza de quebradas y reforzamiento de jarillones en municipios del suroeste antioqueño, del Bajo Cauca y del Urabá.
En la misma línea, el funcionario señaló que tienen planteado el mejoramiento del sistema de alertas tempranas y monitoreo, a través de la instalación de sensores de viento y presión atmosférica, además de sensores hidrológicos “que miden los niveles de los ríos, asociados a unas sirenas establecidas en donde hay comunidades expuestas a las crecientes”.
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Gómez aseguró que, aunque los deslizamientos han disminuido en las últimas semanas, las comunidades deben estar atentas ante cualquier señal de desgaste de la tierra, como grietas o agujeros, con el fin de evitar tragedias como la muerte de dos niños en Yarumal y Betulia, a finales de agosto.
Atlántico
De acuerdo con Javier Pava, director de la UNGRD, las afectaciones por las lluvias sobre el Canal del Dique de este año —bifurcación artificial del río Magdalena que conecta a los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre— han dejado como resultado dos vidas perdidas, 2.454 personas damnificadas, 586 viviendas afectadas, 15 eventos de desbordamientos y 14 hectáreas inundadas. Los municipios más afectados han sido Santa Lucía, Sabanalarga, Manatí y Luruaco.
Ante las predicciones del Ideam, sobre el aumento de las precipitaciones en la región Caribe, y frente a los retrasos en la adjudicación de la APP del Canal del Dique, las comunidades del sur de Atlántico se encuentran en inminente riesgo y reviven los fantasmas de la temporada de lluvias del 2010.
“Los consejos departamentales de gestión del riesgo de desastres de Atlántico, Bolívar y Sucre, monitorean constantemente los niveles superiores a las referencias de desbordamiento que se presentan en el Canal del Dique, situación que ineludiblemente puede generar nuevas inundaciones en poblaciones aledañas y áreas cultivables”, puntualizó la UNGRD.
Entretanto, tras su visita al departamento de Atlántico, el presidente Gustavo Petro propuso reubicaciones voluntarias de las familias en riesgo, tal y como lo planteó en la subregión de La Mojana. Además, manifestó que lo prioritario serán las políticas de mitigación del hambre, alistar el mapa de riesgo del Canal del Dique y activar el comité de crisis climática de manera inmediata.
“Hemos tenido registros muy altos de intensidad de lluvias en la capital; lo que pudo haber caído en un mes en volumen de precipitaciones, lo hemos tenido en cuestión de dos o tres horas”, sostuvo Ana Cristina Saltarín, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla, quien recalcó que este fenómeno está asociado a la temporada de huracanes en el mar Caribe, lo que también incrementa la influencia de vendavales.
Chocó
Terminar el mapa de riesgo encomendado por el gobierno Petro, reubicar con urgencia a por lo menos 4.000 familias de las 8.000 que están en zonas de riesgo, trabajar en un plan de prevención y atacar, a mediano y largo plazo, la minería ilegal para frenar la deforestación; son las tareas prioritarias que la Alcaldía de Quibdó está trabajando por estos días.
“El presidente Gustavo Petro nos encomendó tener listo un mapa de riesgo de Quibdó y un plan de reubicaciones. En este momento estamos avanzando en la actualización del censo de las familias que están en zonas de riesgo, para poder complementar el plan de reubicación y el mapa de riesgo”, comentó el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez.
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Según el último censo, en zonas de riesgo hay 8.000 familias, que equivalen a cerca de 40.000 personas, y el alcalde espera que a finales de septiembre o principios de octubre esté listo el nuevo censo.
En Quibdó, la zona neurálgica está en la quebrada la Yesca, ubicada en el centro de la ciudad y atraviesa Quibdó hasta unirse al río Atrato. Literalmente divide a la capital de Chocó.
“La quebrada se ha ido poblando y cada que se crece las personas asentadas allí quedan en situación de riesgo y estamos estudiando la reubicación de por lo menos 4.000 familias que viven en las riberas de esa quebrada”, expresó Sánchez.
En ese plan intervendrá el Ministerio de Vivienda, que hará una apuesta fuerte en el tema de viviendas de interés social para los quibdoseños, pero aún no se conoce con exactitud el alcance de esa estrategia que apenas está en construcción.
De acuerdo Sánchez, para la segunda ola invernal de 2022, que se estima comience a mediados de este mes, “ya estamos listos con las ayudas humanitarias para las personas, una vez se presenten los casos para ayudarlas; todo está contemplado en el plan de contingencia”.
Dentro de ese plan de contingencia, además de la reubicación y las ayudas necesarias; también incluye el tema de la prevención que la alcaldía está trabajando con el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil, las empresas públicas y las secretarías competentes. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hace parte del comité y estará atenta para atender a la población; señaló el alcalde Sánchez.
Por último, destacó que el Gobierno Petro también tiene en la mira la minería ilegal y ha estado analizando la deforestación asociada a esta actividad.
“Ellos (el Ejecutivo central) la van a atacar duro y estamos dispuestos a ello porque el medio ambiente en Quibdó ha sido muy golpeado por las dragas de la minería ilegal, que afectan la parte occidental, norte y sur de la ciudad, especialmente en las áreas rurales”, precisó el alcalde.
