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Jorge Wilfran Morales Duque, 41 años, fue el último líder comunitario asesinado en Medellín en 2011. Murió el 20 de diciembre junto a Yorlady Solano Monsalve y Balmes Jhonson Arboleda Acosta, ambos de 23 años, después de que dos pistoleros dispararan contra varias personas que observaban un partido de fútbol en una cancha de arenilla del barrio Francisco Antonio Zea.
El suceso generó impacto en Medellín por la cantidad de muertos, porque ocurrió durante el partido de un torneo de integración y sobre todo por el fallecimiento de Wilfran. Él organizó el torneo vacacional, fue líder deportivo durante 20 años y aspiró a ocupar un puesto en la Junta Administradora local de la Comuna 5 de Medellín (Castilla) en las elecciones pasadas.
Con el paso de las horas se supo que ni Wilfran ni Yorlady eran los blancos de los pistoleros, que su pecado fue haber estado al lado de Balmes Arboleda. Al parecer, era buscado por miembros de ‘Los Mondongueros’, una organización criminal que articula unos 8 ‘combos’ del occidente de Medellín.
Organizaciones como la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, sin embargo, tomaron el caso para recordar que 2010 y 2011 fueron críticos para los líderes en Medellín y su área metropolitana porque, según sus cálculos, han asesinado a unos 20 líderes comunitarios y culturales.
Lo cierto es que cifras oficiales indican que en 2011 fueron asesinados en Medellín 12 líderes vinculados a alguna organización comunitaria o social, dos de ellos sindicalistas. La Personería, por su parte, tiene un reporte de 93 líderes amenazados en 2011 (28 con riesgo extraordinario), especialmente en las comunas 6, 8 y 13.
Un investigador social que conoce de cerca la situación de líderes en Medellín dice que es necesario analizar con rigor cada caso para determinar si, en verdad, las muertes y las amenazas son motivadas por sus denuncias, el papel de voceros y la labor de servir de puentes entre las comunidades y las diferentes autoridades.
El defensor de derechos humanos Carlos Arcila, quien anda escoltado desde mayo por recibir amenazas a comienzo de año, expresa que la labor de los líderes en la ciudad es muy complicada. Por ello, dice, la Mesa de Derechos Humanos les ha solicitado de manera insistente a autoridades locales y nacionales la atención integral a los líderes: modelos de seguridad no sólo enfocados en el policial, reubicación si es necesario y apoyo económico.
La sensación de pocas garantías para la labor de los líderes, según Arcila, se evidencia en desplazamientos forzados y en el asesinato de algunos de ellos, como Ana Fabricia Córdoba, baleada el 7 de junio por un pistolero dentro de un bus de servicio público. El 29 de abril, Ana Fabricia había dicho en un auditorio, ante autoridades locales y nacionales: “señores, no me dejen matar”.
Por este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias para proteger a líderes como Ana Fabricia. Reiteró que uno de los primeros pasos para protegerlos eficazmente es legitimar públicamente su trabajo y tomar medidas desde el momento en que la autoridad pública conozca que existen amenazas en su contra en razón de su trabajo.
La Misión Internacional de verificación sobre la situación de la defensa de los derechos humanos en Colombia, de paso por la capital antioqueña el 1 de diciembre, conoció que algunos de estos casos de agresión son considerados como aislados y tipificados como un delito común y que, en algunos de ellos, “la Fiscalía se muestra remisa a recibir denuncias, aduciendo que está saturada”.
Para Juan Felipe Palau, secretario de gobierno de Medellín, en la ciudad sí existen las garantías mínimas para proteger la vida de los dirigentes y líderes de derechos humanos porque, dice, “el Estado ha hecho un esfuerzo en los últimos años por mejorar los mecanismos de protección y vigilancia”.
El personero delegado de derechos humanos, Jesús Alberto Ramírez, también reconoce lo hecho por las autoridades. Pero agrega que estos esfuerzos no son suficientes para ofrecerles seguridad a todas aquellas personas que por su labor de liderazgo y de intermediación con entidades estatales quedan en la mira de los cerca de 200 grupos armados ilegales que operan en la ciudad.
En este punto, el Informe de Derechos Humanos en Medellín 2011 muestra que el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía atendió por estos motivos a 19 personas y sus familias, cerca de 70 personas.
Para Ramírez, sin embargo, es fundamental que haya un “lenguaje homogéneo” con la administración municipal que comienza y que la Alcaldía vea los informes de la Personería como herramientas para tomar medidas que ofrezcan protección a los líderes. Según él, la administración de Alonso Salazar recibió los informes como reproches.