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Federico habló con él la noche anterior al viaje, presionado por una zozobra que sin razón aparente comenzó a sentir: “Él me dijo que todo iba a estar bien, que simplemente iba a cantarle al abuelo y que después nos veíamos”. Fue la última vez que habló con su padre. Gerardo Arellano y 106 personas más murieron trágicamente cuando el avión en el que viajaban explotó en el aire a las 7:19 de la mañana.
Hoy, 25 años después los recuerdos sobre lo sucedido aquel fatídico día permanecen casi intactos en la memoria de Federico. Durante los últimos años ha sido un abanderado de la lucha de los familiares de las víctimas para lograr que las investigaciones que se adelantan sobre el caso, y que aún no han arrojado resultados importantes, no se detengan. Como representante de la parte civil en el caso asegura que se han presentado muchas demoras inexplicables y que no es entendible cómo, a pesar de las pruebas y los testimonios existentes, aún no ha pasado nada.
¿Cómo se enteró usted de la noticia del atentado?
Creo que fui de las primeras personas que se enteró en ese momento porque desafortunadamente mi mamá trabajaba en la administración del aeropuerto El Dorado en esa época. Ella estaba esperando que su conductor llegara a recogerla para llevarla a la oficina y la llamaron y le dijeron que un avión de Avianca se había caído. Mucha gente sabía que mi papá iba a viajar y por eso la llamaron, por si de pronto en ese avión iba mi padre. Eso fue un lunes y yo me estaba preparando para el colegio. Me desperté con una angustia tremenda porque vi que había un movimiento más allá de lo ordinario a esa hora. El radio sonaba muy duro y estaban leyendo la lista de las víctimas. Cuando la leyeron por segunda vez en orden alfabético escuche el nombre de mi papá. Me negaba a creer que él estuviera ahí y que eso hubiera pasado.
¿Cómo fue para ustedes saber que no se había tratado de una falla en el avión sino de un atentado terrorista?
Es doloroso saber que tu papá que es una persona que lucha por la paz, que canta por el mundo, que lleva una imagen bonita y cultural del país, muera de esa manera. Es impresionante.
¿Cómo percibieron ustedes como familiares el proceso de investigación del caso?
Yo soy la parte civil en ese proceso, y represento a las víctimas. Como defensor de Derechos Humanos debo decir que se trata de la masacre más cruel que haya vivido la historia de Colombia, por forma y por fondo, por número de personas, y la de más alto calibre en terrorismo a gran escala. Veinticinco años después estamos en investigación preliminar y eso es una vergüenza, para cualquier Estado lo sería. Yo le aseguro que por muchísimo menos, en cualquier otro estado de derecho, ya las investigaciones habrían avanzado verdaderamente con resultados significativos en favor de las víctimas. Hemos pedido todas las pruebas, aportado muchas más, hemos dado una batalla jurídica seria, contundente y desafortunadamente, aunque hemos obtenido unos resultados como haber elevado el crimen al rango de lesa humanidad en 2009, más allá de eso no se ha producido mayor resultado en materia judicial. Tenemos unas demandas de parte civil que estamos esperando para que haya una verdad, justicia y reparación real.
¿Y sí significó algo para las víctimas que el crimen hubiera sido declarado de lesa humanidad?
Sí. Digamos que para muchos el tema de declarar un delito de lesa humanidad en este país puede ser un saludo a la bandera porque se puede quedar ahí por años. Para nosotros es tan importante como paradójico porque puede que ahora, ya que no prescribe, se gasten otros 20 años para arrojar resultados. Desafortunadamente en Colombia los delitos de lesa humanidad han servido más como una institución perdida que como algo que realmente de resultados.
¿Por qué es tan complejo el proceso?
Yo estuve reunido con el director nacional de Derechos Humanos en la Fiscalía poniendo presente la gravedad de esto y explicándole que las víctimas reclamamos un derecho de manera legítima, que nos asiste, y que es muy importante que estos procesos tengan dinamismo. Es un proceso muy complejo porque también logramos que se declararan como lesa humanidad otros 20 delitos más perpetrados por el brazo armado del Cartel de Medellín y eso necesita unos fiscales especializados para esos temas. Son expedientes muy grandes, solamente esa declaratoria de los 21 casos, incluido el del avión de Avianca, tiene 469 cuadernos judiciales.
El año pasado fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado ¿es un paso importante?
Fue un triunfo importantísimo a nivel administrativo porque logramos ser reconocidos como víctimas del conflicto armado en el marco de la ley 1448 de 2011 que es la famosa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Yo fui el primero, abrí la puerta y cobijó a todas las víctimas del avión porque es exactamente el mismo hecho victimizante, el mismo actor, tiempo modo y lugar, y tienen el mismo derecho. Quién puede entender que las víctimas de Pablo Escobar no seamos tan víctimas como las de las Farc o cualquier otro grupo alzado en armas. Es inentendible máxime si quienes eran los aliados para perpetrar la bomba del avión de Avianca eran las Autodefensas Unidas de Colombia que es básicamente a lo que se restringe la Ley de Víctimas, a la guerrilla y al paramilitarismo. En este caso era el paramilitarismo financiado por un capo del narcotráfico.
¿Y qué pasa con las víctimas de otros actos terroristas de Pablo Escobar?
No todos son declarados como víctimas del conflicto. Siempre y cuando se configure la estructura criminal narco-paramilitar tendrían exactamente el mismo derecho. Eso se debe a la concepción que trae el artículo tercero de la Ley 1448 donde habla de violaciones graves a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado interno, y resulta que para efectos de esa norma el conflicto armado interno lo componen las guerrillas y los paramilitares, cosa con la que yo jurídicamente y técnicamente no estoy de acuerdo. Esa fue la razón por la cual nosotros logramos enmarcarnos en esa Ley.
¿Pero entonces qué es lo que ha impedido que el proceso avance?
La Fiscalía aduce que el proceso está estancado porque la carga es muy grande, pero esa no puede ser una respuesta para alguien que demande administración de justicia en este país. Y no soy el único, si usted se da cuenta hay una cantidad de gente que se queja del sistema paquidérmico que tenemos en materia de administración de justicia, si es que así se le puede llamar. Es muy grave que estas cosas sigan pasando.
¿En qué estado se encuentra el proceso?
Seguimos en investigación preliminar, todavía no hay indiciados y eso es lo grave, cuando hay tantas pruebas y no pasa nada. En el caso de ‘Popeye’, por ejemplo, él mismo se autoincriminó en ese delito y no tiene siquiera un llamado a rendir una indagatoria para ser vinculado al proceso. Eso es absurdo, hay una prueba testimonial de ‘Popeye’ que le hicimos en una diligencia en Combita, cuando estaba preso, y él dice ‘nosotros con Carlos Castaño, con Fidel Castaño, con el apoyo del DAS, de Maza Márquez, logramos meter la bomba en el avión de Avianca donde matamos a los 107 pasajeros’. Entonces yo me pregunto por qué en el caso Galán si valió lo que dijo ‘Popeye’ y en el caso nuestro no. Ahí subsisten intereses políticos todavía muy poderosos.
Y cómo ve el tema de la supuesta participación del DAS en el atentado…
Yo pedí el testimonio de Miguel Maza Márquez. Se han decretado algunas pruebas y practicado otras pocas. Sin duda que hubo algo que tuvo que ver con el DAS en ese momento porque todos los testimonios y declaraciones que hay hacen referencia a eso. La estructura criminal fue la siguiente: Pablo Escobar fue el financiador del atentado, Carlos y Fidel Castaño se encargaron de la parte que tenía que ver con el acceso de la bomba al aeropuerto porque tenían cercanía con la Fuerza Pública, y participaron otros personajes de la organización de Escobar que confeccionaron la bomba, pusieron una bodega, transportaron unos explosivos, consiguieron algunas cosas. De hecho en el tema de los explosivos hay un C4 de uso privativo del Ejército que también creo que fue conseguido gracias al vínculo de Carlos Castaño con los militares. Entonces aquí hay una participación casi que más que evidente del Estado.
Dandenis Muñoz, alias ‘La Quica’, fue procesado por la justicia de Estados Unidos por su participación en el atentado de Avianca, aunque varias versiones han señalado que él no estuvo implicado en ese hecho particular. ¿Qué opina de ese caso?
El tema de ‘La Quica’ es confuso en cuanto a la participación del caso Avianca. En ese avión murieron dos ciudadanos norteamericanos y la justicia estadounidense, gústenos o no la forma en que lo haga, sí opera y hace lo que sea por administrar justicia, por investigar y por condenar. A ‘la Quica’ lo atraparon en otra diligencia de esas criminales del Cartel de Medellín en Estados Unidos pero aparentemente está mal condenado por el crimen del avión de Avianca, eso no le quita lo criminal que es porque pertenecía a la estructura sicarial de los bandidos de Pablo Escobar. Nosotros hemos dicho, sin temor a equivocarnos, que si se logra demostrar que ‘La Quica’ no tiene nada que ver en esto, que lo liberen. Si por eso está mal condenado, no tiene por qué estar condenado, porque es que aquí no venimos a cobrar venganza, venimos a pedir justicia.
¿Cuál es el siguiente paso?
Vamos a acudir a la instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos buscando una condena en contra del Estado colombiano tanto por acción como por omisión en la masacre de Avianca. El objetivo es solicitar la condena por la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 25 y 28, por denegación de justicia evidente, por violación de la razonabilidad de los términos y por impunidad.
¿Cuánto demora ese proceso?
Para admisión demora cerca de un año, que es un muy buen término. Pero es que en el caso nuestro es evidente que pasa porque pasa. Nosotros tenemos todos los elementos jurídicos de demostración para que condenen al Estado colombiano.
25 años después del atentado ¿cuál es la esperanza que tienen ahora las víctimas?
Uno de los objetivos es preservar la memoria histórica. Que esto no se olvide. Eso en materia de Derechos Humanos es fundamental porque si hay verdad, hay justicia, y si hay justicia hay reparación. Pero todo es un presupuesto de la verdad, si no se sabe qué fue lo que pasó seguramente se va a repetir. Y si estamos en un proceso de paz donde estamos buscando la verdad de los hechos de todo lo que ha pasado durante estos años, en ese mismo sentido la política tiene que ser extensiva a nosotros porque así tiene que operar un país en un conjunto que está buscando la reconciliación nacional. Aquí no es que se perdonen unos de un pedacito con otros de otro pedacito, esto es un país entero que está detrás de un propósito de paz. Si no tenemos justicia no vamos a tener paz nunca.
Y qué tipo de reparación reclaman…
La reparación que la ley nos asiste en estos procesos como parte civil, una indemnización que se compone básicamente del lucro cesante, el daño emergente, el daño material, la expectativa de vida, etc., y que da un resultado económico que se solicita a través de la demanda y eso varía dependiendo de cada uno de los personajes que la pida. En la parte administrativa, la Ley de Víctimas, hay una tabla preestablecida para las indemnizaciones que son 40 salarios mínimos, que no son ni 25 millones de pesos lo cual no nos daría ni un millón por año, y eso evidentemente es irrisorio. En el sentido judicial la demanda de parte civil sí establece un resarcimiento de los daños mucho más robusto.
* mosorio@elespectador.com / @marcelaosorio24