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Hay preocupación en Dosquebradas, Risaralda, debido a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se manifiesta que cerca de 142.000 personas del municipio están en riesgo debido a la presencia del grupo armado ilegal La Cordillera, que tiene vínculos con el Clan del Golfo. Esta situación estaría poniendo en riesgo a ocho de las doce comunas de Dosquebradas, conformadas por 40 barrios y a dos corregimientos: La Marcada y La Serranía del Alto del Nudo.
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Según la Defensoría, la presencia de esta organización ilegal estaría generando alteraciones del orden público y seguridad, aumento de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y amenazas contra la vida e integridad, especialmente de líderes y lideresas sociales así como extorsiones a comerciantes, vinculación y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, e incluso explotación sexual y comercial de menores de edad, que se exacerbaron en el último trimestre de 2021 y tienden a incrementarse en el 2022.
“Otra situación grave es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Hemos encontrado que se aprovechan de los niveles de pobreza extrema y las limitaciones al acceso a la educación de niños y jóvenes entre los 10 a los 25 años, para ofrecerles labores informales como mototaxistas; pero con la intención de obligarlos a transportar estupefacientes y ser ‘campaneros’ que los alerten sobre lo que sucede en los barrios. Esto lo hemos detectado en barrios de las comunas 8 y 9″, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La Cordillera es un grupo que tiene vínculos con el Clan del Golfo y es conocido por cometer crímenes bajo la modalidad de tercerización. Esta organización tiene un papel clave en el narcotráfico en el Eje Cafetero y en el norte del Valle. Fue creado hace una década por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un narcotraficante que estuvo preso en Estados Unidos y hoy está recluido en la cárcel La Picota.
Aunque es conocido por ser uno de los grupos más violentos, el delito más grave que alerta la Defensoría es el aumento de homicidios que afecta sobre todo a jóvenes entre los 18 y 28 años, que estarían vinculados a este grupo armado ilegal y son víctimas por ajustes de cuentas en acciones relacionadas con el microtráfico. En 2019 se registraron 33 homicidios en Dosquebradas, para el 2021 la cifra aumentó a 37, mientras que en lo corrido de 2022 van 9 homicidios y una tendencia a aumentar.
“Se dice que en Dosquebradas hay presencia de La Cordillera, pero que nosotros tengamos claramente determinado la presencia como tal, no. Quizá hay reductos y muy probablemente tengan injerencia en el tema del microtráfico, pero como tal, grupos armados organizados no podríamos decir que existen en nuestro municipio”, manifestó el secretario de Gobierno municipal, Juan Carlos Sepúlveda.
A pesar de que desde la administración municipal se trabaja en estrategias para prevenir los delitos enunciados por la Defensoría, con extrañeza recibieron este llamado porque hasta el momento no se han registrado denuncias formales sobre desplazamiento o amenazas que se hayan originado por la presencia del grupo ilegal. Desde la Secretaría de Gobierno afirman que hay entre tres y cuatro líderes con el respectivo esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y se están revisando las demás denuncias. Sin embargo, hasta el momento, según el despacho, las amenazas se han originado por temas personales, económicos e incluso familiares.
“Nosotros no tenemos declaraciones por desplazamiento forzado, donde quien origine el desplazamiento sea en el grupo Cordillera. Dosquebradas en los últimos años no ha sido un municipio emisor de desplazados por la violencia, ha sido más bien el municipio receptor de desplazados por la violencia. Aquí que hay muchas víctimas, pero que vienen de otras regiones del país, de esas sí hemos recibido muchas declaraciones”, sostuvo el personero municipal, Mauricio Garces.
Ante esto, la Defensoría regional Risaralda manifestó que la información con la que se emiten las alertas tempranas surge de un trabajo de campo, conformado principalmente por analistas que mantienen contacto directo con líderes, lideresas, presidentes de Juntas de Acción Comunal y ciudadanos, quienes, en el caso de Dosquebradas, han manifestado desconfianza en las autoridades locales para denunciar los hechos.
“Lo que deseamos como Defensoría del Pueblo es que haya más presencia de la institucionalidad. No estamos diciendo que las diferentes instituciones no estén haciendo su trabajo o que no tengan las correspondientes políticas públicas para mitigar. Lo que estamos diciendo es que hay un riesgo alto, y que si están generando políticas estas deben tener un mayor impacto, que debemos tener mayor fuerza pública y que tenemos que poner un poco más de nuestra parte como Estado”, dijo el defensor regional, Ricardo Toro.
La respuesta de las autoridades
Tan solo dos días después de emitida la alerta temprana se llevó a cabo una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior, las autoridades departamentales y municipales, en la que se trazó una hoja de ruta para atender el llamado. Se han realizado varios encuentros con los líderes y lideresas del municipio para revisar cada una de las denuncias por amenazas y la situación de los barrios enunciados por la Defensoría en la alerta.
“Venimos trabajando de forma articulada con la Fiscalía, la Policía y personal profesional especializado en temas de prevención con los niños, niñas y adolescentes, en los colegios. Hay que trabajar para que nuestros niños no se vean sometidos al comercio del microtráfico y, por el contrario, se dediquen a estudiar. Trabajamos en lo social, esa es la directriz que nos ha dado el señor alcalde. Estamos generando oferta institucional educativa para todos los menores, tenemos acercamiento permanente con el SENA, con dos universidades del municipio, ofreciendo becas y alternativas”, agregó el secretario de Gobierno.
Aunque desde los diferentes despachos les apuestan a estrategias preventivas, también reconocen que hace falta fuerza pública. Dosquebradas cuenta con 240.000 habitantes, esto quiere decir que siguiendo la media nacional debería tener 640 policías, pero tan solo hay 200 uniformados, concluye explica Juan Carlos Sepúlveda.
