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“Aunque sabemos que el agua está contaminada, que es un veneno, toca consumirla, porque no hay otra opción”, asegura Daniel Palacios, vicepresidente de la Asociación de Pescadores de Riosucio (Asopescar). En este municipio chocoano todavía no hay acueducto ni alcantarillado. El agua del río Atrato, en donde hacen sus necesidades fisiológicas y cuya agua además tienen que utilizar para cocinar, bañarse y cepillarse los dientes, está contaminada. De acuerdo con Manuel Correa, líder y asesor de los consejos comunitarios en el municipio, un estudio de la Universidad de Córdoba determinó que hay mercurio en el río, y aún así las autoridades no han tomado ninguna medida.
Desde 2018 la Defensoría del Pueblo denunció la grave situación de los habitantes de municipios aledaños al río Atrato por el mal manejo de los residuos sólidos, la deforestación y la actividad de los grupos armados ilegales. Para el Ministerio Público, uno de los temas más delicados es que esta fuente hídrica está contaminada por vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas, así como de combustibles y lubricantes utilizados en la minería ilegal. “Aunque Riosucio no es un municipio minero, los estudios han determinado un alto porcentaje de mercurio en los peces de la cuenca del río Atrato y se demostró que la población de Riosucio tiene mercurio en la sangre”, afirma el alcalde del municipio, Conrad Valoyes.
El mandatario local asegura que el acueducto está en proceso y que espera que para junio de este año haya una cobertura de agua potable en el 20 % de la zona. Entre tanto, la única alternativa de quienes no pueden comprar agua en bolsa es echarle piedra de alumbre al agua. Desde Asopescar afirman que el daño ambiental ha afectado su trabajo, pues si en 2005 conseguían atrapar ochenta peces, ahora solo logran quince. Aunque la Corte Constitucional (con la sentencia T-622 de 2016) reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos, la comunidad asegura que son pocos los esfuerzos que se han hecho para garantizar su conservación y protección. “Hace tres años nos visitó una ingeniera civil. Esa mujer se iba a morir en Riosucio porque tuvo que bañarse en el Atrato y la alergia la iba a matar”, cuenta Correa.
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La falta de acueducto no es, ni de lejos, el único mal de Riosucio. El municipio ha sido noticia en las últimas semanas después de que se conoció que varios jóvenes fueron evacuados por riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Este diario contactó a, por lo menos, doce personas —entre líderes y autoridades— y todas prefirieron no hablar del tema de orden público. La mayoría dijo que no era seguro. Una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en marzo de 2020, documentó el riesgo al que están expuestas más de 61.000 personas en Carmen del Darién y Riosucio, especialmente de las comunidades negras e indígenas y de los consejos comunitarios, por la presencia del Clan del Golfo y el Eln. Para entonces ya se había identificado el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Aunque este es el segundo municipio más poblado de Chocó, después de Quibdó, solo tiene un centro de salud que, según la lideresa Yolanda Perea, “se está cayendo a pedazos; en pocas palabras, está en cuidados intensivos”. El mismo alcalde reconoce que el centro de salud se inunda en la temporada de lluvias y los pacientes no pueden ser atendidos o lo hacen en medio del agua; también manifiesta que hay un “paseo de la muerte”, pues los casos graves se trasladan a Turbo (Antioquia), un viaje que puede demorar tres horas. La esperanza de Valoyes es que se pueda construir un hospital de media complejidad, si es posible con recursos de OCAD Paz. “El Gobierno había dicho que el municipio tendría un hospital estructurado por Findeter, y veo con asombro que estructuraron otros proyectos y el nuestro quedó por fuera”, señala.
Otros de los reclamos son la pavimentación de la vía y la inversión de recursos en el río Atrato y sus afluentes, como el río Truandó y Salaquí, que están sedimentados. “Aquí están los mejores plátanos que he visto, la yuca, el arroz y el maíz, pero esa mujer campesina, que se tardó meses en el cultivo, debe venderlo a mal precio porque no tiene cómo transportar los productos”, afirma Perea. Asimismo, advierte sobre la necesidad de prevenir las inundaciones; solo en 2020 Riosucio se inundó tres veces. Esta también es una prioridad para el alcalde, que le pide al Gobierno realizar un Conpes para una intervención permanente a la cuenca del río Atrato. Riosucio pide acciones contundentes para evitar más tragedias, no sufrir por las inundaciones, que no se ahoguen más niños y no vivir arriesgándose al consumir agua contaminada con mercurio. Ya se han reportado hechos graves que se pudieron evitar: aunque ya se había registrado un incendio grave en 2010 y luego otro en 2016, el 28 de noviembre del año pasado la comunidad se enfrentó de nuevo al fuego sin un cuerpo de bomberos. El resultado fueron más de noventa familias damnificadas, dos personas muertas y 82 viviendas quemadas. Después del hecho, el municipio, con apoyo del Gobierno Nacional, inició la capacitación de bomberos voluntarios, y ya hay tres máquinas y un carro de reacción rápida.
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Estas solicitudes se han hecho públicamente por medio de movilizaciones sociales. El 15 de marzo se manifestaron las comunidades de Carmen del Darién, Riosucio —incluido el corregimiento de Belén de Bajirá—, resguardos indígenas de Mutatá y Dabeiba. Pablo Antonio López, representante legal del consejo comunitario del río La Larga y Tumaradó, explica que lo hicieron para denunciar el abandono estatal, los incumplimientos en la reparación colectiva a grupos étnicos afectados por el conflicto armado y problemas en la restitución de tierras y para exigir la creación del municipio de Belén de Bajirá, el destaponamiento de cuencas hídricas y un mejor servicio de salud. “En Chocó no hay Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y por eso no se avanza en la sustitución de cultivos, pero sí se avanza en la erradicación forzada”, sostiene.
Días después de la manifestación hubo una reunión con delegados del Gobierno Nacional y departamental, pero el líder López dice que “si las cosas no mejoran, nuevamente las comunidades saldrán a las calles”. Otras iniciativas se están adelantando, Correa cuenta que personas de los territorios colectivos organizan un proceso de configuración de Guardia Cimarrona y justicia propia. “Estamos en un proceso de capacitación, queremos aglutinar a la mayor cantidad de hombres, mujeres y niños para el rescate cultural y la defensa de la vida en el territorio. Le aportamos al país, por ejemplo, cada vez que compramos nos quitan el 19 %. Nosotros tenemos obligaciones con el Estado, pero el Estado no tiene obligaciones con nosotros”, manifiesta.
Este municipio, al norte de Chocó, no se rinde en medio de tantas adversidades. “Pese a las necesidades siempre sonreímos, pero tenemos ganas de seguir avanzando”, concluye Perea.
“Los líderes y las comunidades están bajo amenaza”: Obispo de Quibdó
Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, le dijo a El Espectador que el panorama de violencia en el Chocó es cada vez más crítico. “Los grupos armados, en especial el Eln y el Clan del Golfo, abarcan gran parte del territorio, también la zona rural. Esto se suma a la situación de pobreza económica que viven las comunidad. Hace falta un plan estructural”, afirmó. Para Barreto proteger a las comunidades, crear programas sociales para garantizar oportunidades en salud, educación, empleo y productividad, debe ser una prioridad. Además, considera que debe aplicarse el enfoque y que la respuesta militar no puede ser la única respuesta.
Frente al desplazamiento forzado, monseñor afirma que es un tema que ya se ha denunciado, pero considera que el Estado no ha protegido a los niños que se encuentran en condiciones vulnerables. “Cuando el Gobierno habla de reclutamiento de menores, habla de los grupos armados, pero no se da cuenta de que la institucionalidad ha descuidado a los menores de edad y los ha victimizado porque las políticas públicas no llegan a ellos”, dijo. Reconoce que los líderes y las comunidades están amenazados y dice que por eso desde la iglesia denuncian de forma colectiva y de la mano con organizaciones sociales.
