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En los 52 años que lleva funcionando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia, la Contraloría ha sido la entidad encargada de ejercer la veeduría sobre estos recursos. Desde hace casi dos años, Luis Carlos Pineda Téllez asumió el liderazgo de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, la dependencia encargada, entre otras cosas, de la recepción y evaluación de las denuncias ciudadanas sobre los presuntos malos manejos de los recursos estatales.
Según el ente de control, hay 157 investigaciones por sobrecostos en la contratación, 130 por incumplimiento en la entrega de las raciones, 37 casos por irregularidades en el presupuesto de los contratos, 29 por incumplimientos en la ejecución y 27 por pagos irregulares a trabajadores.
En diálogo con El Espectador, el contralor delegado revela los hallazgos y desafíos más importantes en las investigaciones relacionados con el PAE.
¿Qué tipo de sanciones puede proferir la Contraloría en caso de irregularidades?
Después de cada auditoría se generan tres cosas: hallazgos de incidencia fiscal, disciplinaria y penal. Entonces, lo que hacemos es trasladar lo que corresponde a la Fiscalía y Procuraduría. Todo lo relacionado con responsabilidad fiscal, es decir, dineros del Estado, se investiga acá.
¿Cuántos hallazgos de responsabilidad fiscal hay ahora?
Cerca de 150 procesos, de los cuales se han sancionado 22. La mayoría de estos son por detrimento patrimonial, por ejemplo, casos de sobrecostos. Ahí está el famoso caso de la pechuga de pollo que vendían a $40.000 en 2017. En esos casos lo que se puede hacer es generar órdenes de embargo a los contratistas, a mandatarios o incluso a funcionarios del Ministerio de Educación.
En el último diagnóstico que hizo la Contraloría, ¿qué fue lo más relevante?
En el diagnóstico de 2019 se identificó que un 37 % de la infraestructura de los comedores de colegios era insuficiente. En un 35 % no se cumplen los estándares de calidad en los alimentos o los menús no cuentan con las particularidades diferenciales de cada territorio. En un 18 % se detectaron irregularidades en la contratación y pagos. En un 6 % se identificó deficiencia o falta de recursos para la operación y en un 4 % no hay cobertura para el total de estudiantes. Hay que tener en cuenta que la mayoría de niños en Colombia, además de estudiar, también van al colegio por su comida.
¿Cuánto dinero se destinó para el PAE en 2020?
El Ministerio de Educación destinó cerca de $1,07 billones para distribuir en el país, pero hay que resaltar que el MEN no es la única entidad que pone recursos sino que también hay otras fuentes de financiación.
Los escándalos más comunes son por irregularidades en los contratos, ¿ustedes los revisan?
Sí. Aunque cada entidad territorial es autónoma de elegir el operador (empresa privada) que suministrará la comida del PAE en el territorio. Nosotros revisamos los contratos y, por medio de auditorías, hacemos revisiones de desempeño financiero y de cumplimiento.
¿Hay algún caso en particular que se pueda destacar por las irregularidades encontradas?
En Chocó estamos investigando al operador Cooperativa Multiactiva Surcolombiana por presunto desvío de recursos de la alimentación escolar y por no pagar seguridad social a sus manipuladoras de alimentos. Esta es la famosa denuncia en la que dicen que se facturaban tamales a $30 millones de pesos en varios departamentos, uno de esos en Santander.
¿Cuáles son las características que debe tener un operador para ser contratado?
Lo más importante es que tenga la suficiente capacidad técnica y financiera para prestar adecuadamente el servicio. Hay empresas que, además de operar el PAE, concursan para hacer vías en las regiones. Esto debe ser sancionado.
¿Qué pasa cuando las ETC no contratan a tiempo y empiezan el año escolar sin PAE?
Eso pasó a inicios de este año en 31 entidades territoriales certificadas (ETC). Estas entidades son municipios o departamentos que, según el Gobierno nacional, son aptas para manejar sus propios recursos y los de otros territorios. En esos casos donde no se contrató a tiempo, cada una tendrá que justificar a la Contraloría la razón de la demora y no podrá cobrar el costo total de la contratación.
