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Una manifestación en contra de la minería se desarrolla desde el lunes en la vía Panamericana, a la altura de Santander de Quilichao. Los bloqueos de la carretera y la llegada del Esmad han producido fuertes enfrentamientos y los manifestantes sostienen que la Fuerza Pública ha utilizado desmedidamente la fuerza. Incluso denuncian que entre los heridos hay dos que al parecer fueron impactados por arma de fuego, y que tres menores de edad, una de ellas con una semana de nacida, han resultado gravemente afectadas por un gas lacrimógeno que cayó en una vivienda.
Una de la líderes de la protesta es Francia Márquez, una joven afrocolombiana ganadora del premio nacional de paz y que hizo parte de las delegaciones de víctimas que asistieron a la mesa de diálogos de La Habana. “Desde hace varios años venimos luchando contra la minería a gran escala y la ilegal, porque están causando serios problemas ambientales y sociales en los territorios comunitarios del Norte del Cauca”, explica Márquez.
En esta ocasión, la comunidad ha sido convocada en rechazo a las actividades extractivas que se realiza sobre el río Quinamayo, en el municipio de Santander de Qulichao. Pero Lo hacen también por lo que está ocurriendo en Guachené, Caloto, Suárez o en Buenos Aires. “Hemos venido denunciando esa minería ilegal porque vierten mercurio en los ríos. Pero al mismo tiempo se está teniendo un impacto social muy fuerte. Por ejemplo, se ha promovido la prostitución infantil. La gente que antes hacía minería artesanal anda detrás de las maquinas, y se sueltan aludes que tapan a la gente”, expresa.
La líder afro recuerda que en el 2007, en Suárez, se presentó una tragedia en que 21 personas murieron.“Quedaron 41 niños huérfanos, porque en ese hueco trabajaban sus dos padres”, refiere. Asegura que con la llegada de los mineros ilegales, que vienen con maquinaria pesada a bordo, las comunidades han quedado divididas y se está perdiendo la minería tradicional que las mujeres de estas comunidades han realizado desde hace siglos.
Pero la pelea no es sólo contra la minería ilegal, también combaten lo que ellos han denominado minería inconstitucional. ”Son los títulos mineros entregados sin consulta previa en nuestros territorios. Pasó en la Toma, en Villarica o en Santander de Quilichao. Hemos exigido al Gobierno revisar esos títulos porque están poniendo en riesgo la permanencia de nuestras comunidades en sus territorios. Las empresas están solicitando el desalojo de muchas comunidades”, insiste.
Desde hace algunos años Francia Márquez ha tenido que cambiar su vida. Las amenazas contra su vida y la de su familia, y los asesinatos de varios de sus compañeros, la han llevado a dejar su comunidad y vivir en Cali. En ese camino ha orientado su lucha desde los tribunales. “Yo misma he instaurado tutelas porque sentimos que las comunidades negras que vivimos en la ciudad o que no tenemos territorios colectivos titulados no tenemos derechos. La tutela tuvo un fallo favorable y suspendió los títulos en la Toma. Eso paró el desalojo, pero la decisión no ha tenido el efecto esperado”, agrega.
Al final, Márquez pide al Estado atender la movilización, cumplir con los acuerdos a los que se han llegado, y hacer efectivas las medidas judiciales que los protegen. Como el auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional sobre desplazamiento forzado de comunidades negras. También alerta sobre lo que podría ocurrir si se continúa con el plan de construcción de la doble calzada en la vía Panamericana. “El Gobierno se comprometió a hacer un estudio de los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales que ha generado la minería pero no se ha hecho nada. Hemos pedido que se contrate a un tercero neutral, pero el Gobierno quiere ser juez y parte. No tenemos garantías. Si no cumplen uno acuerdos con unas comunidades, como será que van a cumplir los acuerdos a los que se llegue con las guerrillas”, concluye.
