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“Nosotros no estamos invadiendo tierras a nadie. La orden que he dado es que respeten la propiedad privada. Hay muchos ganaderos que se pasan de calidad y han respondido con bala. El Gobierno debe tomar medidas para que no nos asesinen. Nosotros no pertenecemos a ningún grupo armado”. Esa es la petición de Hernando Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en San Benito Abad (Sucre) y quien sufrió un atentado el pasado lunes 19 de octubre.
Cinco días después del ataque contra Benítez, cinco personas fueron asesinadas en la vereda Calle Nueva, entre los municipios de San Benito Abad y San Marcos. Las autoridades no han identificado a los responsables de los hechos y tampoco han oficializado si las víctimas son campesinos o miembros de la comunidad indígena zenú. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dijeron a El Espectador que aún continúan investigando si se trata de integrantes de dicha etnia.
“Son comunidades que han venido denunciando las irregularidades. Sin embargo, las instituciones han hecho caso omiso y no han brindado mecanismos de protección ni prevención. Los riesgos advertidos desde las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y por organizaciones no han sido tomados en serio”, sostiene Rodrigo Ramírez, defensor de derechos humanos e integrante del Movice capítulo Sucre. “No hay certeza si las personas eran indígenas o campesinos. Lo que sí sabemos es que son personas que venían hace tiempo en una lucha por las tierras”, agregó el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien ofreció $50 millones por información de los responsables de la masacre.
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La situación de riesgo por presencia de actores armados en las comunidades de Majagual, Guarandá, Sucre, San Marcos y San Benito Abad ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 003 de 2020.
“Todo lo que ha ocurrido, desde el intento de homicidio contra Hernando Benítez y antes de que pasara todo, lo habíamos advertido en las mesas de garantías y consejos de seguridad. El 9 de octubre, en una reunión con el gobernador y la defensora del Pueblo, se advirtió que en la subregión del San Jorge, donde ocurrió la masacre, iban a cometerse hechos delictivos porque había información de que los terratenientes tuvieron reuniones con los paramilitares para financiar el ataque a comunidades campesinas que están exigiendo derechos a las tierras. Le advertimos al gobernador y se le pidieron acciones contundentes”, asegura Ramírez.
El tema de las tierras en la subregión del San Jorge es un fenómeno de vieja data. Hernando Benítez, por ejemplo, lleva en esa lucha desde 1986. “La disputa se da porque se quieren apropiar de terrenos que no son de ellos. Ha habido asesinatos, heridos y yo he sido víctima de tres atentados. Son 20 mil hectáreas que se denunciaron. Eran ciénagas donde pescábamos. Nosotros vivíamos de la pesca, pero las ciénagas se han ido abonando, por lo que decidimos cultivar. Estamos luchando con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y con las notarías, que hacen las escrituras a su acomodo, perjudicando a las comunidades”, asegura Benítez, de 72 años.
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Según la Agencia Nacional de Tierras, los terrenos en cuestión son en su mayoría baldíos y el único dueño es el Estado. “Colombia tiene un rezago enorme en materia de identificación predial, que sumado al desconocimiento y a los mitos creados en torno a la destinación de los baldíos, han generado situaciones de conflictividad por el territorio. Uno de esos mitos es que todos los baldíos son para adelantar procesos de reforma agraria, pero la realidad es que no todos son adjudicables. Hay unos que, por su condición y valor ambiental, nunca salen del dominio del Estado, como los playones, sabanas y ciénagas”, explica Myriam Martínez, directora general de la ANT.
Cuando no existe claridad jurídica sobre los linderos en este tipo de predios, la ANT inicia un procedimiento de deslinde, para marcar los límites entre los baldíos e identificar si existe propiedad privada rural. “Una vez surtida esta etapa y establecida la naturaleza jurídica de los predios, la Agencia, de acuerdo con la reglamentación, enmarcada en la Ley 160 de 1994 y en el Acuerdo 58 del 16 de abril de 2018, establece si hay lugar o no para el otorgamiento de derechos de uso”, comenta Martínez.
En los terrenos de playones, por ejemplo, los campesinos aprovechan para cultivos de pancoger, que es lo que está permitido por la ley. En las sabanas comunales está permitido el uso de protección ambiental, y se aprovechan con el establecimiento de cultivos de pancoger, pesca o ganadería. “Es importante destacar que estos derechos de uso son gratuitos, los beneficiarios no deben pagar arriendo, pero nunca van a adjudicarse”, agrega Martínez.
Actualmente la ANT atiende 36.293 solicitudes de procesos agrarios en el país, de los cuales 530 corresponden a procesos de deslinde. 120 se adelantan en Sucre.
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La disputa de tierras pasa por la necesidad de los grupos armados de mantener un control territorial y dominio sobre zonas que representan ventajas estratégicas en medio de la confrontación armada o para el sostenimiento de las rentas ilegales. “Por todo ese territorio se reactivó una vieja ruta del narcotráfico que viene desde el sur de Bolívar, sube por la Mojana de Sucre, llega al Carmen de Bolívar y desemboca en el golfo de Morrosquillo. La reactivación de esa ruta se da porque las Autodefensas Gaitanistas hoy tienen una disputa armada en el sur de Córdoba con los Caparros y algunas disidencias de las Farc. A eso se le suma una creciente presencia militar y policiva en el marco de la Operación Agamenón 2, que ha hecho que las rutas que utilizaban para la exportación de clorhidrato por las costas de Córdoba están comprometidas”, asevera Luis Trejos, politólogo y director del Observatorio de Conflicto del Caribe, de la Universidad del Norte.
Mientras continúan las investigaciones, las comunidades continúan en alerta por lo que pueda pasar en la región. “Hacemos un llamado para que los espacios como los consejos de seguridad y las mesas de garantía no sean vistos como solo un saludo a la bandera. Esos espacios deben garantizar medidas que mitiguen los riesgos. Lo que está ocurriendo aquí es la orfandad del Estado y nos están dejando expuestos ante la mano negra de los grupos paramilitares que se están consolidando en el departamento de Sucre”, concluye Ramírez.
Los campesinos sostienen que en el fondo todo es consecuencia de las violaciones de derechos por parte de los terratenientes de la zona. “No estamos haciendo algo malo. Lucho para que haya comida. Les temo a Dios y al hambre. Un pueblo sin comida no vale nada. Le pido al Gobierno justicia. Me atrevo a jurar que con las mismas armas de los ganaderos es que están asesinando a los campesinos”, asegura Benítez.
