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Ayer, mientras en Bogotá se instalaba una mesa de diálogo entre el Gobierno nacional, el IGAC y los voceros del paro para abordar las inconformidades por la implementación del catastro multipropósito, en departamentos como Boyacá, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Cesar y el Magdalena Medio las vías seguían afectadas ante la falta de acuerdos.
Las protestas, aseguran los gremios en Santander, han dejado pérdidas que oscilan entre COP 40.000 y 70.000 millones diarios. A esto se suman las afectaciones a más de 7.000 pasajeros del Aeropuerto Internacional Palonegro que, en su mayoría, han tenido que caminar largos trayectos con maleta al hombro debido a los bloqueos en Lebrija.
Las terminales de transporte han suspendido algunas de sus operaciones; el gremio avícola ha advertido sobre la retención de más de un millón de huevos en la región; en las carreteras, muchos conductores, especialmente de carga pesada, siguen atrapados.
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Lejos de ser improvisadas, estas manifestaciones responden a una acumulación de hechos que incluyen acciones judiciales y deudas que siguen aumentando: las mismas que hoy ponen en riesgo el patrimonio de quienes vieron cómo el costo de sus impuestos llegó, incluso, a quintuplicarse.
Las claves para entender el paro
En el punto 1 del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, que hablaba de la Reforma Rural, se contempló la actualización del catastro y del impuesto predial rural como parte de una apuesta por desconcentrar la propiedad, impulsar su uso productivo y sostenible, y promover el desarrollo del campo.
“Nos ocupamos de crear un escenario perfecto: saber de quién era la tierra, dónde estaba y cómo estaba siendo usada para apoyar la Reforma Agraria y darles tierras a quienes no tenían o fueron desplazados”, dice Graciela Chaves, campesina del municipio de Subachoque, que vive junto a su madre de 80 años en la casa familiar. Juntas, intentan solventar una deuda que las sobrepasa: COP 50 millones en su impuesto predial.
Es una casa antigua, construida en bareque y de unos 158 metros cuadrados, por la que hasta ahora se pagaban entre COP 550.000 y 650.000 de impuesto predial. Pero en los registros actuales figura con más de 1.300 metros cuadrados construidos, lo que ha disparado el valor a una cifra que Chaves considera desmedida e imposible de pagar.
Entonces, ¿cómo se hizo el catastro?
Para realizar la actualización, las administraciones municipales debían buscar al IGAC o conformar gestores catastrales que tuvieran el aval de la entidad para hacer el inventario de bienes inmuebles. Así ocurre en Bogotá, donde existe la oficina de Catastro, y en Soacha, donde se conformó la empresa mixta Catastro Avanza.
El problema, en teoría, es que el país venía de un desfase alarmante: para 2022, solo el 2,25% del catastro estaba actualizado, según el IGAC. En la mayoría de los municipios el proceso no se realizaba desde hacía más de 10 años y, en los casos más extremos, superaba los 25 años o los registros estaban incompletos.
Para hacer la actualización se evalúan las condiciones físicas y jurídicas de los predios que, dependiendo de los esquemas empleados por los gestores catastrales, puede implicar trabajo en campo o el uso de otras herramientas. Por ejemplo, el IGAC —que lideró la actualización en cerca de 800 municipios— recurrió a drones para facilitar la identificación y clasificación en zonas rurales extensas.
De ahí que los principales inconformismos se hayan centrado en los resultados, pues las actualizaciones han derivado en aumentos del impuesto, cuyo panorama se agrava en zonas en donde hacía mucho tiempo no se realizaba el proceso, con casos en los que los cobros han subido hasta un 1000%.
Los afectados denuncian inconsistencias en las mediciones. Por ejemplo, Chaves asegura que, además de casos como el suyo, se han registrado cambios en los linderos e incluso predios que, según dice, “se desfiguraron completamente”. Aunque han solicitado rectificaciones, las respuestas han tardado o han sido denegadas.
El desajuste: lo que es y lo que se cobra
Ulises Amado Flores es habitante de Soacha, propietario de una vivienda en el sector de León XIII. Desde 2021 ha denunciado irregularidades en el municipio, que incluyen la tercerización de los procesos por parte del gestor catastral municipal que, considera, no son idóneos para el proceso.
Reconoce que le ha hecho arreglos a su vivienda y que, en ese sentido, lo justo es pagar más. Por eso no “pelea” a título personal: lo hace por sus vecinos, por la gente que reclama desde hace casi cinco años. “En el municipio hay muchas casas pequeñas, incluso de 6×2 metros o menos, que antes pagaban entre COP 150.000, 180.000 o 200.000 de impuesto predial. ¿Subirlas a COP 5.000.000 no es exorbitante?“.
“Nos están convirtiendo en unos ricos de papel”
Berceli Guerrero dice que volvió al campo, a Moniquirá, porque hasta hace unos años “era la mejor opción”. Pero hoy, asegura, el país desconoce la realidad de quienes producen la tierra.
Insiste en que el proceso de avalúo no se habría hecho con visitas presenciales suficientes, sino apoyado en fotografías y drones, impidiendo una lectura real: “Nos están convirtiendo en unos ricos de papel, esa es la realidad”. Explica, por ejemplo, que un predio por el que el año pasado pagaba alrededor de COP 206.000 ahora paga más de COP 2.600.000. “Son minifundios, ¿cómo puede una persona con 2.000 o 3.000 metros producir para pagar? Si no tienen para comer, mucho menos para pagar».
Esa variación, dice, golpea sobre todo a quienes dependen de subsidios estatales en educación y salud, que podrían perder por el aumento del valor o la recategorización.
“Usted misma me va a leer qué dice acá, por favor”, dice Jhoany Plazas, oriundo del municipio de Encino, en la provincia de Guanentá, y representante de las provincias Comunera y Guanentina, en Santander. Busca una foto en su teléfono y la enseña: es un recibo de un avalúo catastral de COP 16.000.771.486.
“Esto es de seis hectáreas de una señora de la tercera edad, una tierra que no es productiva y en la que solo hay una casa”, comenta. Luego, hace zoom para mostrar cuánto debería pagarse de impuesto predial en ese caso: COP 169.207.000
Entonces, explica que hay terrenos que, aunque en el papel aparecen como extensos (por ejemplo, de 30 hectáreas), no necesariamente son productivos o tienen construcciones suntuarias. Algunos son improductivos o de difícil aprovechamiento agrícola, ya que, por su ubicación y distribución, no permiten maquinaria ni desarrollo de cultivos. En algunos casos, incluso, pueden ser zonas de reserva, donde la intervención humana ni siquiera está permitida.
Plazas expresa que sí había un rezago en las actualizaciones catastrales y que eran necesarias, pero denuncia que el proceso es insostenible. En su caso, una finca avaluada en COP 50.000.000, un pequeño predio rural, figura hoy en COP 8.500.000.000. “En un futuro, nuestros hijos no nos van a decir ‘gracias por dejarnos esta herencia’. ¿Sabe qué sí van a decir? ‘Nos dejaron esclavos del sistema con estos impuestos’“.
