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Atender de manera urgente a 23 familias del poblado La Honda en el municipio de Riosucio (Chocó) que se vieron forzados a desplazarse por la llegada de hombres armados del frente 57 de las Farc, solicitó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, a los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y del Interior, Aurelio Iragorri, lo mismo que a la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria.
En un comunicado de la entidad de protección, Otálora Gómez advirtió sobre la necesidad de prestar la atención debida a la población y de ofrecer las garantías para su retorno, luego de que el pasado jueves 9 de enero de 2014 se registrara el ingreso de guerrilleros a una zona donde en los últimos dos años miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o ‘Urabeños’) han hecho presencia de manera esporádica ejerciendo un fuerte control al tránsito de embarcaciones, pasajeros, víveres y combustibles sobre el eje del río Atrato.
La llegada de las Farc a este territorio llenó de temor a la comunidad que decidió desplazarse por vía fluvial, a través del rio Atrato, hacía el municipio de Turbo (Antioquia) con el fin de resguardar su vida e integridad ante posibles enfrentamientos armados, revela información entregada por la comunidad a la Defensoría Regional Urabá, según el comunicado de prensa.
De acuerdo con el censo realizado por la personería municipal de Turbo se estableció la llegada de 89 personas de 23 familias, procedentes de la comunidad La Honda, Territorio Colectivo del Consejo Comunitario del Cacarica, en el municipio de Riosucio (Chocó). Del número total de víctimas del desplazamiento, 40 son personas adultas (21 mujeres y 19 hombres) y, 49 niños, niñas y adolescentes.
Precisa el informe de prensa que las familias en condición de desplazamiento se hallan albergadas en las instalaciones de la escuela Las Flores, y para su retorno al territorio, los desplazados exigen seguridad permanente de la Fuerza Pública, la adquisición o consecución de una embarcación de madera (bongos) con motor y combustible para el transporte de entre 80 y 100 personas, y la designación de una promotora de salud.
Dice el informe que la Defensoría del Pueblo ha registrado que en el transcurso de los últimos años se han presentado graves vulneraciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades de la cuenca del río Cacarica, así como de la población del Bajo Atrato (municipios de Riosucio y Carmen del Darién).