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Tras la indignación que provoca cada muerte por culpa de un conductor ebrio, como ocurrió este fin de semana en el barrio Modelia de Bogotá, donde el Jónatan Cabrera le causó la muerte a Ronald Garay, de 28 años, se vuelve a discutir la necesidad de incrementar las sanciones y de catalogar como delito el manejar bajo los efectos del alcohol. Para los familiares de víctimas, es claro que la suspensión de la licencia de conducción, las multas y las penas que se aplican en Colombia son insuficientes.
Los afectados hicieron ayer una marcha, que terminó al frente del búnker de la Fiscalía, expresando su inconformismo. La mayoría dice que sienten un amargo sabor a impunidad cuando ven cómo los responsables de estos casos quedan libres o se les otorga prisión domiciliaria. Roberto Bastidas, padre de una de las jóvenes muertas el pasado 12 de julio en Bogotá, dice sentirse desarmados viviendo en un país que legisla para los victimarios y no para las víctimas. Además, que es injusto que mientras él sepultaba a su hija, el asesino “pasó el guayabo en su casa”.
Con estos argumentos, muchos de los familiares de víctimas de conductores ebrios esperan que se modifique la ley para que les impongan sanciones más severas y para que el “guayabo” de los que infringen la norma resulte bien costoso y así los conductores lo piensen dos veces antes de ponerse al volante después de beber.
Esta tendencia, que se ha reavivado en Colombia, parece estar en sintonía con la que gana terreno en el mundo. Cada día son más los países que están modificando sus leyes. Sin embargo, los esfuerzos por cambiar las normas en Colombia han fracasado en dos oportunidades. Los que en ocasiones anteriores han hundido las iniciativas señalan que penalizar el conducir ebrio no es la solución, ya que agudizaría la crisis carcelaria y aceleraría el colapso del sistema judicial.
Ante esto, la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz afirma que la verdad detrás del hundimiento de las reformas que se han propuesto es la falta de voluntad política del Congreso. “Hay congresistas que no están de acuerdo, porque ven este problema como una causa menor. Además hay algunos que suelen conducir ebrios y no quieren que esto salga adelante, porque si esa práctica se convierte en delito, inmediatamente genera un antecedente judicial que les impediría acceder a cargos de elección popular”.
En este semestre, y con el recuerdo fresco del trágico accidente del pasado 12 de julio en Bogotá, se discutirán por tercera vez en el Congreso de la República dos proyectos de ley que buscan llevar a la cárcel (hasta por seis meses) a los conductores borrachos y cambiar la tipificación del delito de homicidio culposo a doloso cuando se registren víctimas fatales, además de expropiarle el carro a los reincidentes. La representante Díaz dice que han puesto un plazo. “Si al 30 de septiembre, el proyecto no ha sido ni debatido o puesto en la agenda de la Comisión Primera del Senado, lo retiramos y nos vamos a las calles para que sea una iniciativa popular, que sean los colombianos los que den la orden”.
Contrario a lo que ha ocurrido en Colombia con los intentos por endurecer la ley contra los conductores ebrios, países como Taiwán, México y Chile sí han visto en la modificación de sus leyes una alternativa para enfrentar el problema de los conductores ebrios. Incluso en algunos de ellos ya se empiezan a notar los cambios.
Por ejemplo, en Chile, donde se bebe el doble que en Colombia y la tasa de víctimas fatales por ebrios al volante es cuatro veces menor, recientemente se aprobó la Ley Emilia, impulsada por una pareja que perdió a su hija por culpa de un conductor borracho. Allí se aumentaron de 5 a 10 años de prisión las penas para los que causen lesiones y hasta 15 años para los que causen víctimas fatales. Aunque estas penas son similares a las de Colombia, la gran diferencia es que el condenado no tiene beneficios penitenciarios, como rebajas o casa por cárcel.
Otra de las medidas que han adoptado algunos países buscan golpear con fuerza el bolsillo del infractor, imponiendo multimillonarias multas. Bélgica es uno de ellos y quizás el más estricto, ya que impone la multa más cara del mundo: $28 millones. Lo siguen Italia y Austria, donde se cobra casi $15 millones; Francia, donde cobran casi $12 millones, y Canadá, $4 millones. Todos estos países tienen dos particularidades: se bebe más que en Colombia y su cifra de víctimas es cuatro veces menor.
Siendo un poco más estrictos, hay países donde los conductores van a prisión. En EE.UU., dependiendo del grado de alicoramiento, pueden pagar hasta 6 meses de cárcel y una multa cercana a los $4 millones. En Puerto Rico aplican multas y prisión hasta de tres días. A pesar de sus normas, estos países superan a Colombia en el número de víctimas fatales.
Por otra parte, conducir borracho en España es catalogado como un delito contra la seguridad vial, que implica multa de $1,5 millones, una condena de hasta seis meses de cárcel y trabajos comunitarios. En el Reino Unido, donde la multa es de $15 millones, por negarse a una prueba de alcoholemia, como ocurre con frecuencia en las calles colombianas, el conductor puede ir a prisión hasta por seis meses.
En Rusia, que es uno de los países en los que más se consume alcohol y tiene una alta tasa de muertos por conductores ebrios, se imponen multas hasta de $6 millones, y si el conductor es protagonista de un accidente con víctima fatal puede enfrentar hasta cadena perpetua. Por último, en Taiwán y en Japón están las sanciones más estrictas, ya que manejar pasado de tragos puede representar una pena de hasta dos años de prisión, y si se ve involucrado en un accidente la pena podría ser hasta de 10 años. Las penas aumentan si hay heridos o víctimas fatales.
En el extremo de las medidas para evitar los accidentes por conductores ebrios están los países musulmanes, que tienen prohibida la venta de alcohol, como Arabia Saudita, Afganistán, Irán, Sudán, Bangladesh y Yemen. En ninguno de ellos hay muertos por culpa de conductores ebrios.
Aunque muchos colombianos están de acuerdo con aumentar las sanciones contra los conductores ebrios, los que se oponen a penalizar esta conducta, como Ana María Ramos Serrano, vocera y abogada de la Corporación Excelencia en la Justicia, explican que el país no necesita crear un nuevo delito, sino aumentar las sanciones, pero que sean efectivas. “Hay que ser drásticos, antes de llegar a lo penal. Por ejemplo, quítele el carro. A una persona la aterra más perder su vehículo o la licencia de por vida que estar 48 horas arrestada en un CAI”. Agregó que en España, donde hay legislación severa contra los conductores ebrios, un tercio de los delitos que ingresan a la Fiscalía es por estos casos y no hay cómo atenderlos.
Por su parte, Alexandra Rojas, directora del Fondo de Prevención Vial, señala que lo que se requiere es más control. “Una persona en Bogotá se toma unos tragos y se pone al volante, pero no hace lo mismo en Miami. ¿Por qué? Porque acá falta más control, además de pedagogía. En Colombia sí hemos avanzado. La sociedad entendió que esa conducta es irresponsable y la repudia, pero necesitamos que haya más controles en las vías, como en España, donde le realizan la prueba de alcohol cada año al menos al 20% de los conductores, y en Finlandia, al 38%. Esto genera una alta percepción del control y hace entender que si se incurre en una mala conducta lo van a sancionar muy fuerte”, concluyó.
Por ahora, las decisiones frente al futuro de las sanciones contra los conductores ebrios quedan en manos del Congreso, que deberá discutir si son necesarias o no para contrarrestar este problema que al año deja en promedio 1.000 víctimas en el país.
¿La tercera es la vencida?Por tercera vez se presentan ante el Congreso dos proyectos de ley que buscan concientizar a los conductores para que lo piensen dos veces antes de ponerse al frente de un volante después de haber bebido.
Dichos proyectos llevarían a la cárcel (hasta por 6 meses) a los conductores borrachos y cambiar la tipificación del delito de homicidio culposo a doloso cuando se registren víctimas fatales en un accidente de tránsito por culpa del alcohol.
Aunque en el caso de la sanción penal ésta es excarcelable, se podría hacer efectiva en caso de reincidencia.
El otro proyecto se llama “Extinción de dominio” y pretende que los conductores que en tres oportunidades sean sorprendidos en estado de embriaguez pierdan la propiedad del vehículo, además los automotores serían rematados y los recursos servirían para la atención integral de las víctimas de los siniestros de tránsito.
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