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A propósito del reciente fallo de la Corte Constitucional, según Orlando Rangel, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, aunque esta decisión representa un gran avance en la preservación del recurso hídrico, también supone un reto para las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que según la sentencia del alto tribunal, en el futuro serán las encargadas de autorizar las licencias ambientales.
“La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se creó para que se hiciera cargo de los trámites y la asignación de licencias. Si se le quita a esta institución la potestad de decidir sobre esto, se creará un precedente funesto. Darle esta responsabilidad a las CAR, es casi un salto al vacío”, señala el académico.
El investigador de los ecosistemas de los páramos calificó el pronunciamiento de la Corte como un logro excepcional, pues blinda a los páramos del fuerte efecto transformador de la minería y la explotación a gran escala de las megaobras. “Es indudable que todos los colombianos recibimos con alborozo la decisión”, agrega.
Sin embargo, según los detalles preliminares de la sentencia del alto tribunal, los permisos y las licencias que se necesiten para llevar a cabo los Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (Pine) volverán a ser responsabilidad de las CAR.
“La incertidumbre radica en que la mayoría de las CAR no cuentan con el capital intelectual, ni siquiera con el personal necesario para realizar estos trámites”, explica el docente.
Hace varios años la Presidencia de la República anunció que las corporaciones se reestructurarían por estar relacionadas con influencias politiqueras y presiones de sectores regionales, incluso sentenció que algunas desaparecerían porque no cumplían con los objetivos misionales.
El investigador del ICN hizo un llamado para que desde ahora se tomen las medidas y precauciones necesarias de manera que las CAR, en cuyos territorios se inscriban los Pine, sean apoyadas y fortalecidas. Así mismo, afirmó que el personal, encardo de los trámites, deberá ser capacitado y conocedor de la situación ambiental y social de la zona.
“En este momento es importante mirar las áreas del país donde se están implementado los proyectos de minería, hidrocarburos, energía y transporte, evaluar las competencias de las corporaciones y trazar un plan de urgencia para reforzarlas”, precisó.
En su concepto es necesario que las instituciones gubernamentales, académicas y los ambientalistas estén a su disposición, porque se trata de un proceso complicado que necesita experiencia y conocimiento.