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A través de un comunicado conjunto, la Gobernación y el rector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñoz, elevaron un llamado al Gobierno Nacional para que apoye y respalde un plan de salvamento financiero para la institución, debido a la crisis financiera que atraviesa la universidad.
De acuerdo con los firmantes, se requieren medidas urgentes que resuelvan el déficit estructural que presenta la institución, resultado –según argumentan– del “desequilibrado sistema de financiación de las universidades estatales”.
“(Tal sistema), a partir de lo que establece la Ley 30 de 1992, otorga absurdamente el mismo presupuesto para la Universidad desde el año 1993 (actualizado por el IPC), sin tener en cuenta que la Universidad al día de hoy ha crecido en más de un 500%”, sostienen en la misiva el rector de la institución y el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado.
En la carta se destacan los nuevos programas, la cualificación docente, el aumento de cobertura, la adopción de sistema de investigaciones, así como tres nuevas facultades, 10 programas acreditados en alta calidad, cinco doctorados, 13 maestrías, 103 profesores con título doctoral, 41 grupos de investigación y 49 profesores en formación doctoral.
“En sus 70 años de historia, la Universidad del Tolima ha vivido situaciones complejas que como institución ha sabido superar, siendo hoy el patrimonio más importante del Departamento y el proyecto social más relevante de la región en el ámbito nacional. Actualmente beneficia a 8.500 estudiantes en la modalidad presencial y a 12.569 en la modalidad a distancia”, indican los firmantes.
Respecto al pleito por los casi $6.000 millones que le debe la Gobernación a la Universidad, la administración departamental –que reiteró que ha cumplido con los aportes de ley a la institución– elevó un llamado a la juez que lleva el caso para que adelante las debidas diligencias y ponga fin a la discrepancia jurídica.
“La responsabilidad de la actividad pública obliga a agotar todos los momentos procesales para no incurrir en falta disciplinaria que pudiese afectar el patrimonio o presupuesto del departamento. Por esta razón, solicitamos a la jueza, que de manera urgente adelante la audiencia de verificación con las dos instituciones para que sea la autoridad competente la que dirima y ponga fin a la discrepancia jurídica”, agregan.
Por último, en la misiva el gobernador y el rector convocan tanto a sectores sociales, docentes y comunidad estudiantil a la “unidad regional” para defender la única universidad pública con la que cuenta la región.