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Una de las metas principales de la negociación de paz con las Farc es que esta organización renuncie a las armas como herramienta para llegar al poder y cambie las balas por los votos. No obstante, se trata de un camino espinoso, en primer lugar, porque la normatividad electoral es una colcha de retazos que da vía libre al gamonalismo político y la corrupción. Además, no hay un estatuto de la oposición y lo más grave es que están asesinando a los líderes sociales y de izquierda.
Esos fueron los temas principales en el primer día del encuentro “En la ruta de la paz”, que se lleva a cabo en Cartagena, donde congresistas, magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral y miembros del Gobierno buscan estructurar una serie de propuestas que garanticen la participación de las Farc y organizaciones políticas alternativas. La idea es conformar una comisión que discuta el tema y presente un informe después de la firma de la paz, como insumo para que cuanto antes la guerrilla se convierta en actor político con las garantías acordadas.
El dedo en la llaga lo puso el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, quien presentó una radiografía del caos que enfrenta el país en materia de política electoral, por lo que planteó desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos de la obtención de un umbral en las elecciones, modificar la postulación partidista y la elección parlamentaria de los magistrados del CNE y la tercerización de las principales funciones de la Registraduría.
Cristo advirtió que la legislación electoral es de un código vetusto de 1986, “lleno de terminologías y procedimientos obsoletos que se han ido modificando a retazos”. Además, se refirió a la necesidad de implementar el voto electrónico y de expedir un estatuto de la oposición.
A su vez, para Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, lo que se necesita es garantizar que no maten a quienes piensan diferente. “Nosotros pertenecemos al partido al que le mataron más de 5.000 militantes. No se trata de escasas manzanas podridas, estamos hablando de la cúpula de los militares. Volvimos a los años 80, no puede seguir este genocidio. No es solo contra la UP, están matando a miembros del Congreso de los Pueblos, a la Juventud Comunista, a defensores de derechos humanos y hasta a reclamantes de tierras”.
Para la senadora Claudia López, del Partido Verde, “mientras en el país se siga cooptando con plata a quienes ejercen la política, es imposible hacer una oposición con garantías”. Por eso propuso acabar con el sistema de compraventa entre el Gobierno y los congresistas, por un sistema de iniciativa del gasto para todos los legisladores, con reglas claras, transparentes y rendición de cuentas”.
El senador del Polo Democrático Iván Cepeda advirtió que “el Estado debe garantizar las protestas sociales. Debe haber un acuerdo político para articular a la vida política nacional lo que se acuerde en los procesos de paz con las Farc y el Eln”. Y desde Cambio Radical, el representante Rodrigo Lara afirmó que “el problema es que la contratación oficial termina financiando las campañas. Eso se debe combatir auditando y controlando la forma en que la rama ejecutiva ejecuta el gasto”.