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Un grupo de ciudadanos radicó ante la Procuraduría una nueva demanda contra el suspendido alcalde Daniel Quintero, esta vez por recolectar dinero para su defensa a través de la plataforma Vaki.
De acuerdo con el documento, el mandatario suspendido estaría incurriendo en una de las prohibiciones expresada en el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, que establece que “a todo servidor público le está prohibido: (…) Solicitar, directa o indirectamente, dadivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios”.
La meta establecida en Vaki por el equipo de Quintero es alcanzar los 200 millones de pesos, de los cuales 120 millones de pesos han sido recaudados 24 horas después de hacerse pública la iniciativa. El dinero, según voceros del movimiento Independientes, es para respaldar la defensa del mandatario suspendido.
Un abogado que pidió la reserva de su nombre, le comentó a El Espectador que aunque el vínculo que Quintero tiene con el Estado no ha terminado, la financiación que está pidiendo a través de Vaki no es para una causa o proyecto político, y en Colombia no hay una ley que le prohíba a un servidor público recibir donaciones de particulares para su defensa personal.
El problema, según el experto, se puede generar a futuro: como la identidad de los donantes puede ser anónima, si en el futuro alguno de ellos es contratado por la Alcaldía o hace algún otro trámite con la municipalidad, esto podría constituir un conflicto de intereses. “Por estar recibiendo dineros de muchas personas, las cuales pueden ser trabajadoras de la alcaldía o adelantan trámites e intereses en la alcaldía”.
Según la fuente consultada “la Procuraduría puede pedir los nombres de las personas que realizaron las donaciones a Vaki en un futuro, para así investigar posibles conflictos de interés”.
Quintero también ha hecho publicaciones en sus redes sociales como declaraciones como “ayúdanos desde 3.000 pesos en los gastos para reconquistar la Alcaldía de Medellín, arrebatada por el Gobierno Duque, para favorecer a su candidato y nombrar un Alcalde de los grupos económicos que acabaron con Hidroituango. Todo aporte cuenta”.
Quienes interpusieron la queja ante la Procuraduría afirman que así Quintero esté suspendido no pierde estatus como servidor público, lo que presuntamente representa un incumplimiento de la norma. La solicitud es, entonces, que el órgano investigue e “imponga las sanciones que considere pertinentes”.
Por su parte, Quintero salió a las calles durante la mañana y tarde de este 19 de mayo, y se lo vio recorrer varias estaciones del Metro y sistemas integrados de transporte de la ciudad. A través de publicaciones en sus redes sociales, se le vio repartir volantes e intercambiar palabras con varios ciudadanos.
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Quintero tiene programado un viaje a Washington el próximo lunes para exponer su caso ante la Corte IDH. Cabe recordar que, días antes, el mandatario suspendido afirmó que no “dependía de la política”.