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El 9 de noviembre, el abogado Miguel Ángel Castell caminaba por las calles de San Andrés cuando fue interceptado por dos hombres que, según recuerda, por su manera de vestir y acento, parecían provenientes de la capital del país. En esa ocasión los hombres le dijeron que lo iban a matar tanto a él como a Jay. Se referían a Édgar Jay, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia. Tanto Castell como Jay han trabajado en pro de los derechos de la comunidad raizal y, además, han levantado su voz de protesta ante las demoras e irregularidades en el proceso de reconstrucción de San Andrés y Providencia, tras el paso del huracán Iota, en diciembre de 2020. También han liderado las protestas en torno a la construcción de una base guardacostas cerca de la cuenca de Bowden, por parte de la Armada de la isla.
Las amenazas persistieron, y nuevamente el 17 de noviembre el abogado recibió una llamada telefónica en la que le reiteraban que serían asesinados. “Esto viene debido a la recuperación del territorio ancestral, porque Providencia es un territorio étnico y eso es lo que pretendemos hacer valer. Pero no puedo responsabilizar directamente a una persona u otra. A lo que me refiero es que esto se debe, precisamente, a la defensa de los derechos humanos que venimos realizando y eso puede venir de diferentes frentes”, manifiesta Miguel Ángel Castell, abogado de la Diáspora Raizal, una organización que nació para hacer veeduría al proceso de reconstrucción tras el paso del huracán y que está conformada por cerca de 200 personas originarias de la isla, pero que no viven allí. Se trata de un grupo que ha ayudado económicamente a las familias afectadas y se ha encargado de dar a conocer las irregularidades que se han presentado en el proceso de reconstrucción.
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Organizaciones como Dejusticia y Transparencia por Colombia, que le han hecho veeduría a la reconstrucción de San Andrés y Providencia, lanzaron un llamado de alerta y rechazaron las intimidaciones. “Hacemos un llamado urgente a la institucionalidad estatal a proteger a los líderes sociales de la isla, quienes representan los intereses de la comunidad raizal, y a emprender acciones para que las autoridades nacionales propendan por la protección de la vida de estos ciudadanos”. Asimismo, la comunidad de San Andrés se manifestó el pasado 1° de diciembre en contra de las amenazas y los retrasos en la reconstrucción.
“Sí hay avances, hay unas casitas que ya están construidas, pero muchas de esas casas no fueron construidas con los recursos del Gobierno, sino con los recursos de la gente que tiene cómo, y por el apoyo de la Diáspora. Lo que vemos sobre la calidad y la manera en que están construidas es que es una pérdida de plata, porque esas casas no pueden sobrevivir otro huracán de esa magnitud. Tampoco se han enfocado en el tema del hospital, solo hay unas carpas donde atienden a la gente. El proceso no ha sido muy claro. Nos han llegado muchos reclamos por parte de la comunidad de que si alguien reclama, levanta su voz o tiene alguna inquietud de lo que está pasando con el proceso de reconstrucción, entonces ya no le van a reconstruir su casa. Hay amenazas de muerte, y hay otras que son como chantajes, presión política”, explica Connie Archbold Robinsin, representante de la Diáspora Raizal.
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Otra de las situaciones que han expuesto los líderes sociales de Providencia es la construcción de una base guardacostas por parte de la Armada Nacional, cerca de la cuenca del arroyo de Bowden, en el sector de Freetown. Según la comunidad, la construcción en este territorio afectaría el manglar y las especies que habitan allí. Este terreno, de aproximadamente 400 metros cuadrados, fue comprado por el Ministerio de Defensa en 2011 y serviría de vivienda para 17 hombres que prestan el servicio en este punto, que según la Armada es estratégico.
“Ahora mismo ellos tienen sus carpas instaladas sobre el hábitat de los cangrejos pantaneros. Ellos han hecho dos rellenos ilegales aquí con escombros, en una zona ambientalmente protegida, y han tirado cualquier cantidad de escombros allí. Precisamente rellenaron uno de los humedales, y esos escombros están impidiendo el drenaje natural del arroyo. Desde el paso del huracán, ellos aprovecharon y se instalaron allí. Intentaron en 2015, a través de la consulta previa, que se aprobara el proyecto, pero la comunidad lo rechazó”, sostiene Édgar Jay, líder de la Cooperativa de Pescadores de Providencia.
Por su parte, el capitán de Navío Jorge Herrera, comandante de Guardacostas de la Armada de Colombia, explica que aunque en la consulta previa la comunidad rechazó el proyecto, este no es un impedimento, ya que cuentan con los permisos ambientales correspondientes. “Se surtieron todos los trámites ambientales ordenados por la Secretaría de Planeación desde ese mismo año que comenzó el proyecto (2011). Coralina, que es la autoridad ambiental, en 2016 dio viabilidad ambiental a este importante proyecto, en donde se cancelaron aproximadamente $47 millones en permisos ambientales facturados por Coralina. Asimismo, se surtió todo el trámite respectivo ante la Secretaría de Planeación del municipio de Providencia”.
En un acto de rechazo, especialmente por parte de los cerca de 334 pescadores de la isla, se instaló el Campamento por la Dignidad, donde permanecen desde hace más de 260 días. Este se ha convertido en un espacio para reclamar por los derechos de la comunidad étnica y raizal, así como para evitar que se construya la estación de la base de guardacostas. Según Jay, el campamento también ha servido como escenario de diálogo, donde la comunidad expresa tanto sus ideas como sus inquietudes.
