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Al ser preguntado si el Gobierno, por concentrarse en otros asuntos, desatendió a las víctimas en zona de frontera, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que “es preocupante que se solucione por arriba, pero por abajo continúen los dramas humanos que estamos viendo (…) Es una crisis que ha desbordado la institucionalidad, hay una imprevisión del Estado que ha puesto a la luz del día las vulnerabilidades que tenemos para afrontar estos episodios”.
Ordóñez se desplazó a Norte de Santander para articular acciones de atención a las víctimas de las políticas sistemáticas del Gobierno de Nicolás Maduro. El jefe del Ministerio Público recibió denuncias frente a posibles delitos electorales de funcionarios públicos que estarían aprovechando la vulnerabilidad de los miles de colombianos expulsados del vecino país y ubicados en albergues en Cúcuta y Villa del Rosario.
“Vamos a verificar cómo se están cumpliendo las promesas y las obligaciones que tiene el Estado con sus asociados, aquí hay compromisos que tiene la autoridad y nos corresponde verificar si acá se cumplen o no. No podemos gobernar ni cogobernar, pero sí podemos ejercer control a las políticas públicas. Podemos articular a las diferentes autoridades que tienen competencia en estas materias y es lo que estamos haciendo, es la razón de nuestra presencia aquí”, dijo este viernes, desde zona de frontera con Venezuela en el departamento de Norte de Santander, el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado.
“Los albergues deberían ser lugares de paso, pero hay ineficiencia del Gobierno. Es una de las funciones de la Procuraduría cuando la administración, la autoridad, se enreda en procedimientos o carece de recursos, debemos señalar y advertir. Debemos reconocer el apoyo de la Iglesia Católica, que con muy limitadas posibilidades ha logrado dar respuesta a muchas de las necesidades de las personas desplazadas, deportadas y que les ha correspondido migrar desde Venezuela”, agregó.
“La Procuraduría fue informada de que algunas personas, al parecer funcionarios públicos, están solicitando información sobre los lugares donde eventualmente los ciudadanos que están en los albergues hubiesen cumplido con el deber electoral, para solicitar las listas correspondientes, lo cual denota un riesgo grande de manipulación electoral con las ayudas que puedan estar recibiendo. Debemos verificar y estaremos muy atentos a neutralizar estas cuestiones, que son abiertos delitos electorales”.
Ordóñez reiteró que el Ministerio Público continuará en las zonas de frontera en Norte de Santander, La Guajira y Arauca durante el tiempo que sea necesario, en aras de promover y articular las medidas de contingencia y atención frente a la crisis humanitaria que persiste.