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La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador de Quindío, por presuntas irregularidades en la contratación e implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) y la línea de atención 123, por un valor superior a $2.360 millones.
El SIES fue el sistema creado para “la integración, coordinación y trabajo sinérgico entre la Fuerza Pública y los organismos de seguridad y emergencias del Estado» (decreto 4708 DE 2009) con el fin de dotar a las autoridades de herramientas para «la prevención, disuasión, control y mitigación en la comisión de delitos y atención y prevención de desastres”.
Junto a Osorio Buriticá, la Procuraduría también llamó a juicio disciplinario por este caso al secretario del Interior de la gobernación, Héctor Alberto Marín Ríos; a la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y al gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), David Viera Mejía.
Al parecer en la adjudicación del contrato, “presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU”, señaló la Procuraduría.
“Ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución”, puntualizó el Ministerio Público.
La audiencia en la que serán escuchados el gobernador y sus funcionarios fue citada para el martes 3 de septiembre a las 9 a.m.
Ante la citación, el gobernador respondió a través de su cuenta de Twitter que “la Procuraduría hace lo que le corresponde, investigar y nosotros los funcionarios públicos debemos responder por nuestras acciones hasta que queden claras las cosas para quienes controlan. Tenemos la conciencia tranquila, que hemos hecho lo correcto”.
La empresa (ESU) ha realizado el mismo contrato con la nación, con el ministerio del Interior, con muchos municipios en Antioquia y el resto del país. Nosotros no tenemos ni sentimos una culpa, pero es a los entes de control a los que les toca preguntar y nosotros aclarar. — Padre Carlos Eduardo (@carlosedosorio) July 30, 2019