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“Para La Habana va un barco cargado de… resmas de papel y propuestas de la sociedad civil para abordar los temas de la agenda de negociación de paz”, expresó con picardía uno de los asistentes al tercer encuentro regional de las mesas de trabajo para contribuir al fin del conflicto, que se realizó en Villavicencio.
A la capital del Meta asistieron más de 300 personas de 16 sectores poblacionales: víctimas, defensores de derechos humanos, asociaciones campesinas, de jóvenes, de mujeres, indígenas, afros, gremios económicos, académicos y estudiantes, entre otros. La discusión, abordada en mesas de trabajo que se repartieron tres de los cinco puntos plasmados en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto que pactaron el Gobierno y las Farc –Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Cultivos Ilícitos-, se prolongó por dos días.
Como era de esperarse, el debate no se suscribió a planteamientos ideológicos ni de partidos. Los asistentes trajeron reflexiones sobre la realidad social y económica que viven en sus regiones. No se trató de cómo se van a desmovilizar, ni de cómo la insurgencia va a pagar las deudas con la justicia. Aquí se discutió sobre cómo del acuerdo de paz puede nacer una Colombia más justa y más humana.
Sin importar a quien le cayera el guante, los asistentes, que venían desde Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta y Guaviare, derrocaron a los armados y se atrevieron a soñar un país nuevo. Y a pesar de venir de sectores distintos, de paisajes diversos, concluyeron que los civiles tienen que ser oídos por los negociadores en La Habana, les exigieron no levantarse de la mesa hasta firmar un tratado de paz y abrir sus oídos a los problemas de la gente.
Cuando hablaron del Desarrollo Agrario Integral más que tratar propuestas concretas se trató de un largo memorial de agravios al Estado y los violentos. Cada vez que se hablaba de la necesidad de reglamentar la minería y frenar la locomotora minero energética el auditorio estallaba en aplausos.
Una y otra vez, insistieron en la necesidad de una reforma agraria, de dar títulos a los campesinos, educación rural y ambiental, proteger las fuentes hídricas y limitar la compra de terrenos por parte de extranjeros y nacionales. “Que no se pueda tener más de 5 mil hectáreas, ni menos de una”, pidió Ángel.
“Que el agua y los recursos no renovables sean sagrados y no entregados a multinacionales”, añadió un indígena que hablaba español con dificultades.
“Una educación agraria para que los jóvenes vuelvan al campo, se enamoren de la tierra y quieran sembrar, pero no en la miseria en la que nos han tenido”, afirmó Edgar, un viejo de ojos azules y cejas casi blancas.
De igual forma, las propuestas giraron en torno a fortalecer los mercados campesinos, la comercialización de productos orgánicos, impulsar una infraestructura para comercializar los productos del campo, reformar los sistemas de créditos agropecuarios y combatir la ganadería extensiva. De la misma manera, insistentemente, plantearon la necesidad de legislar sobre la objeción de conciencia a, para quienes no quieren tocar un arma.
La conclusión de estos encuentros la tiene clara la representante Ángela María Robledo, copresidente de la comisión de paz de la Cámara: “Hay una perspectiva clara de la condición estructural de los problemas de los que emerge el conflicto. Muchas de las propuestas que se han hecho de distribución y uso de la tierra y de los derechos sociales están plasmadas en leyes, por lo que se puede concluir que el problema es que no se cumplen. También hay que resaltar la fuerza de las mujeres y los jóvenes que han asistido, que sin duda son una reserva ética para la guerra, por que han construido una manera de vivir digna en territorios donde parecería que el único destino es la guerra”.
