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Sin llegar al planteamiento de que en Colombia existen “repúblicas independientes”, de las que se hablaba en el país a principios de los años 60, un reciente estudio de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad sostiene que en Colombia subsisten con éxito focos de fuerte influencia de grupos armados ilegales y de poderosos clanes familiares que aprovechan las fisuras institucionales, políticas y sociales para ser el poder detrás del poder en las localidades.
El estudio, titulado ‘Las otras caras del poder’ y que fue efectuado por la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial (Rinde), con el apoyo de la GTZ (agencia de cooperación alemana) y coordinado por el sociólogo Fabio Velásquez, tomó como base 18 municipios del país donde, en buena parte de ellos, “confluyen actividades legales e ilegales asociadas estas últimas con el narcotráfico y el contrabando”.
Unas de las conclusiones del estudio es que mientras la actividad guerrillera se replegó como resultado de la acción del Estado y de los grupos de autodefensa, los paramilitares (y las bandas criminales, al servicio del mejor postor) expandieron sus tentáculos de la mano del crecimiento de actividades económicas, como la explotación minera o agropecuaria o el diseño de megaproyectos agroindustriales y de infraestructura.
También señala que en el país subsiste la disputa violenta por el control de territorios donde “predomina la incertidumbre de la población y la inestabilidad”. De igual forma, para el estudio es claro que los municipios son el botín de los ilegales a través de mecanismos como el cambio del uso de la tierra, estableciendo zonas de construcción o sacando partida de la contratación, como ocurre desde hace muchos años, capturando recursos públicos y rentas.
Por eso, agrega, es tan palpable la influencia de los actores armados en la gestión municipal. En relación con la política de seguridad democrática, enfatiza que será exitosa en la medida en que se mantenga en el tiempo y que aunque son evidentes sus logros en contra de la subversión, no ha resuelto el problema paramilitar. Estos son cinco de los casos analizados.
Cabrera, Cundinamarca
En el municipio de Cabrera, en concepto de ‘Las otras caras del poder’, es palpable el dominio histórico y la presencia que ha tenido allí la guerrilla de las Farc. Está ubicado en la estratégica región del Sumapaz, anexa a Bogotá, productora de agua y utilizada como corredor de acceso a la capital de la República y a por lo menos otros tres departamentos.
En el casco urbano, el 90% de las actividades que se desarrollan son comerciales y de servicios, y en la zona rural prevalecen la agricultura y la ganadería. Asimismo, es una despensa agrícola de la capital de la República. Se encuentra en la última categoría (6ª) en la clasificación municipal y en los últimos lugares en términos de niveles educativos. En el registro de mortalidad infantil muestra un porcentaje bajo o casi inexistente, con tasas cercanas al 0%.
San Carlos
Localizado en Antioquia, en la cordillera Central (en las estribaciones del río Magdalena), la población de San Carlos forma parte de la expansión del Valle de Aburrá. Está en una zona muy estratégica debido a que allí se encuentran varios embalses que alimentan la hidroeléctrica de San Carlos, Calderas y Jaguas, así como el embalse de Punchiná. Del mismo modo, en ese lugar existen importantes reservas forestales.
Es una zona de paso entre el Magdalena Medio, el nordeste antioqueño y el bajo Cauca. Aunque es un área cafetera por excelencia, también sobresale la explotación minera en la cuenca del río Nare.
De acuerdo con el estudio, en esa localidad es evidente la presencia de grupos paramilitares. Se encuentra en la 5ª categoría del escalafón municipal y es la decimotercera población en la tabla de escolaridad entre las 18 elegidas. Es la sexta localidad con menores niveles de mortalidad infantil.
Magangué
Localizado en Bolívar, es el puerto multimodal más importante del centro de ese departamento. De acuerdo con el estudio, es notable la influencia de Enilce López, alias ‘La Gata’, reconocida empresaria del chance en el norte del país, quien ha tenido que enfrentar procesos penales por peculado, homicidio y lavado de activos. El municipio funge, además, como centro de acopio de diferentes clases de productos. La actividad principal es el comercio y un sitio estratégico de conexión con ríos como el Magdalena, Cauca y San Jorge.
Es un corredor vital para el tráfico de armas y drogas entre el sur de Bolívar y la región de los Montes de María.
En la clasificación de nivel educativo ocupa el lugar número 12 entre los 18 elegidos, aunque está en la 1ª categoría en el escalafón municipal. Después de Puerto López, es el segundo municipio del estudio con las más altas tasas de mortalidad infantil.
Salazar de las Palmas
Localizado en el departamento de Norte de Santander, este municipio funge como zona de integración fronteriza con Venezuela. Ubicado en una depresión por la bifurcación de la cordillera Oriental entre la Serranía del Perijá y la cordillera de los Andes, es un corredor que conecta al norte con el oriente del país. Allí es evidente la presencia de grupos paramilitares y la economía agropecuaria de subsistencia. Es una importante zona forestal y se desarrollan actividades como la explotación minera del carbón.
En cercanías del municipio se adelantan megaproyectos de explotación petrolera y carbonífera y son evidentes los cultivos de palma. Más de la mitad de la población cuenta únicamente con educación básica primaria y se encuentra en la 6ª categoría en la clasificación municipal, aunque entre los 18 municipios elegidos para el estudio es décimo en esta clasificación. En mortalidad infantil es la segunda localidad, después de Cabrera, Cundinamarca, en registrar las tasas más bajas en la tabla con 7,69 de promedio entre los menores de cinco años de edad. Aunque no ha sido exclusiva de esa población, en el ámbito departamental es palpable la influencia de movimientos políticos como Convergencia Ciudadana, que ha sido uno de los más cuestionados por supuestos vínculos y alianzas con grupos de autodefensa.
Puerto López, Meta
Con una población cercana a los 600 mil habitantes, de acuerdo con el estudio, en el municipio de Puerto López, Meta, es palpable la influencia del esmeraldero Víctor Carranza.
Allí predominan actividades como la ganadería, los sectores agrícola y comercial, y el paso fluvial de mercancías y personas.
A la par que decae la construcción de vías terrestres, toman fuerza el cultivo de caña y la palma para la producción de agrocombustibles. Además, es utilizado como corredor estratégico para la comercialización de insumos para la producción cocalera y epicentro de macroproyectos regionales y nacionales.
No obstante, según cifras del DANE, muestra preocupantes estadísticas en materia de educación, salud y mortalidad infantil (en este último indicador es último entre los 18 municipios elegidos con una tasa de 29,68%). De acuerdo con la escala, con la que son medidos los municipios, es de 4ª categoría entre 6.
Los 18 municipios mencionados en la investigación
Puerto López, Meta La Dorada, Caldas Ocaña, Norte de Santander Tibú, Norte de Santander Bello, Antioquia Zarzal, Valle del Cauca Dosquebradas, Risaralda Magangué, Bolívar Salazar de las Palmas, Norte de Santander San Carlos, Antioquia Salento, Quindío Suárez, Tolima Cabrera, Cundinamarca Sotará, Cauca Ovejas, Sucre Necoclí, Antioquia Soledad, Atlántico El Tambo, Cauca
Las poblaciones elegidas para el trabajo de investigación forman parte de 13 departamentos del país. Su número de habitantes va desde cinco mil hasta medio millón, aunque el promedio es de 72 mil. Se analizaron desde las estrategias de los grupos armados para incidir en la gestión municipal, tener el control territorial, político y electoral, hasta las alianzas de organizaciones guerrilleras y paramilitares con bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico.
Variables del estudio sobre la influencia ilegal
El estudio ‘Las otras caras del poder’ buscaba analizar los lazos y las consecuencias de la presencia de los actores armados en la gestión local, en medio del conflicto y la descentralización administrativa, al igual que el impacto de las acciones de los ilegales “sobre las condiciones de vida de la población”. Al mismo tiempo, la relación de estas organizaciones con las autoridades públicas, el grado de influencia en las decisiones municipales y la injerencia en la prestación de los servicios a cargo de los municipios. Incluso, cuáles sectores de la población se veían beneficiados con el accionar de las organizaciones al margen de la ley.
Para el análisis también fue importante el tamaño del municipio, las características de su población, la situación económica, la ubicación geográfica y el tipo de actor armado ilegal que hace presencia en su área. Pero más importante aún es que formula propuestas que permitan superar esas influencias con el objetivo de alcanzar la paz.