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Más de tres años después de que se pusiera la primera piedra, en mayo de 2017, la construcción del Puerto Pisisí en Turbo, Antioquia, sigue en veremos. Las obras de la primera fase del que será el primer puerto marítimo en ese departamento no han podido iniciar por cuenta de unos líos con los predios en los que se construirá el megaproyecto, pues fueron reclamados ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) por seis familias que aseguran que se vieron obligadas a salir y malvender las tierras por el conflicto armado en los años 90. Ante la disputa, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) determinó no otorgar la concesión portuaria hasta que la URT dé una respuesta a los solicitantes.
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Teófilo Lemus, gerente de Pisisí, asegura que la decisión de la ANI retrasa el proceso y que la Agencia “no debería parar un proyecto porque una persona reclama, sabiendo que ahí las reclamaciones están en estudio formal ante la URT. Entonces si sale negativo sería año y medio perdido. Ninguna autoridad competente le ha dicho a la ANI que pare el proceso por el tema de restitución de tierras”.
La ANI, a su turno, afirma que aún no se cumplen los requerimientos para continuar y que no se descarta que la solicitud de los reclamantes salga a favor de ellos. “En caso de que la autoridad competente ordenara la restitución de los predios en cuestión a sus propietarios originales, implicaría la terminación automática del contrato de concesión y la correspondiente liquidación por parte del Estado por las obras ejecutadas a pesar de la mencionada incertidumbre jurídica, lo que podría generar un reconocimiento de cientos de miles de millones de pesos a favor de la concesión por parte de la nación”, explica.
Se trata de un lío que comenzó en 2018, luego de que la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí S.A. solicitara a la ANI revocar la concesión que en ese momento se dio, argumentando inconsistencias en el documento. “Por error se metió un lote que no estaba dentro de la concesión a la resolución de otorgamiento y nosotros decidimos revocar la resolución para sacar ese lote y volver a pedirla. Una vez revocada la solicitud, en 2019, inmediatamente la ANI mandó un oficio a la Unidad de Restitución de Tierras que es lo que nos tiene en el lío jurídico”, detalla Teófilo Lemus, gerente de Pisisí.
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Aunque en principio, el dueño del lote que se había incluido en los predios fue identificado, la novedad de las familias reclamantes paralizó todo. “La ANI, en el proceso de verificación de la disponibilidad de predios adyacentes, encontró que existían procesos de restitución de tierras ante la URT sobre algunos predios indispensables para la completitud del proyecto por parte del solicitante de la concesión”, explica la agencia. Sin embargo, el alcalde de Turbo, Felipe Maturana, señala que no conoce el origen de los reclamos de las familias: “Estos lotes eran de terratenientes en Turbo y se han ido vendiendo con el paso de los años y nunca han estado habitados, no conozco la historia que ellos reclaman”.
Lo cierto es que los reclamos existen y las familias están haciendo el proceso ante la URT. “La unidad recibió esas solicitudes y en este momento nosotros estamos abocando el trámite de la etapa administrativa. Es la etapa en la que se hace una inspección del proceso, donde se hacen visitas a terrenos y se miden los predios; es decir, hacemos un levantamiento topográfico, un recaudo de prueba social y toda la gestión documental para tener lo más completo posible en la etapa probatoria”, explica Andrés Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras.
Los reclamantes
La historia de las familias que hoy reclaman las tierras data de los años 80. Se trata de campesinos que en su momento pertenecieron a organizaciones sociales y políticas, como, por ejemplo, militantes del partido Unión Patriótica. Las familias llegaron allí huyendo de la violencia que se vivía en el país, compraron el lote a través de un sindicato y luego lo repartieron entre ellos. “El predio se dividió en diez parcelas. Llegamos a finales de 1987 e intentamos hacer vida escondidos. No le habíamos hecho nada a nadie, pero teníamos que preservar nuestras vidas”, cuenta Mauricio*, miembro de una familia reclamante. Entre 1987 y 1989 se entregaron la mayoría de los predios y los habitantes comenzaron a sembrar cultivos, tumbar los montes y hacer proyectos productivos, como cría de pescado y ganadería.
“Cuándo pensamos que todo iba a empezar a ser color de rosa, la tragedia llegó de nuevo. Es así como en 1990 empieza el exterminio de la Unión Patriótica. Muertes violentas y premeditadas. Eran muertes selectivas porque solo mataban a los líderes. Esos asesinatos fueron detonantes para los desplazamientos internos. Las personas empezaron a partir; mi mamá salió en el 93, luego de que mataron a mi papá, esa fue la mayor tragedia que tuvimos que enfrentar y acabó con nuestro proyecto de vida”, cuenta Mauricio, hijo de uno de los líderes asesinados, quien agrega que, por el temor, las familias empezaron a vender los predios a costo ínfimo.
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“Nos llama la atención que desde Pisisí, la empresa, su gerente y unos defensores del proyecto, por todas partes niegan que haya víctimas. Víctimas con nombre propio, con indagaciones en Fiscalía y en todas las autoridades está el registro de los parceleros que fueron asesinados. Nosotros hacemos la representación jurídica ante la URT y ante los jueces en el momento que toque”, asegura Gerardo Vega, abogado y director de la Fundación Forjando Futuros, que lleva el caso de las seis familias.
Por cierto, las familias no se oponen a la construcción del puerto; ellos solo buscan ser reconocidos y no quedar en el olvido. “En cuanto al proyecto, se ha dicho públicamente que no hay ningún inconveniente a que ellos construyan; pero existen unas víctimas que están allí, que tienen derecho, que sufrieron y vivieron los avatares de la vida. No están allí, precisamente, porque fue el conflicto el que los sacó de ese lugar”, concluye Mauricio.
*Nombre cambiado para proteger su identidad.
