¿Qué está pasando en Córdoba?

La llegada este sábado a Córdoba de 30 agentes de la Dijín y 200 policías para investigar la ola de homicidios que afecta a la región, cuyo más reciente y triste ejemplo es el de los estudiantes de la Universidad de Cartagena Juan Carlos Ariza y Silvia Mora, devolvió la atención del país hacia un fenómeno advertido desde hace más de un año: la seguridad en algunas de las zonas que otrora estaban bajo control de los paramilitares presenta falencias como consecuencia de la llegada de nuevas bandas que se disputan el poder.

El caso cordobés es más que sintomático. De región asolada por la violencia guerrillera primero y luego por el terror paramilitar, pasó a convertirse en uno de los principales botines en litigio debido a las facilidades que ofrece para la retaguardia de grupos delictivos y su posición estratégica sobre el Caribe para las rutas de exportación de droga.

Lo dicen en voz baja y aún con miedo a represalias los lugareños. Lo demuestran también las estadísticas de violencia elaboradas por la Gobernación: entre 2008 y 2010 se registraron 57 homicidios.

Muchos de éstos vinculados con la guerra entre ‘Los Urabeños’ y ‘Los Paisas’, a la que luego se vincularon ‘Las Águilas Negras’ (aliadas de los primeros) y ‘Los Rastrojos’, quienes ahora están en el bando de ‘Los Paisas’.

Ya desde 2009 había voces que reclamaban por los vacíos legales existentes para evitar que los exparamilitares fueran absorbidos por los nuevos grupos. Pero por aquella época el gobierno Uribe atribuía la violencia a grupos que nada tenían que ver con los ‘exparas’ y sólo el pasado 11 de enero, con el asesinato de los estudiantes de la Universidad de los Andes Mateo Matamala y Margarita Gómez, el país pareció tomar conciencia sobre la necesidad de un acompañamiento especial al departamento.

Desde entonces el tema ha dado para todo tipo de reacciones. La inmediata orden del presidente Juan Manuel Santos de perseguir a los criminales. El anunciado refuerzo del pie de fuerza. La visita de hoy del comandante de la Policía, general Óscar Naranjo, para liderar los operativos e investigaciones. Y hasta la andanada de ayer del expresidente Andrés Pastrana contra su sucesor. Según el exmandatario conservador, la herencia del gobierno de Álvaro Uribe al país son las Bacrim (Bandas Criminales Emergentes que sucedieron al fenómeno paramilitar) y “lo que hubo fue una guerra que estaba avanzada en las estadísticas, pero no en la realidad”.

Los primeros reportes sobre la llegada de las bandas emergentes procedían de comerciantes y mototaxistas de Montería, la ciudad capital. Luego se supo que también había problemas en el municipio de Tierralta, aparecieron denuncias sobre desplazamientos en Lorica y los recientes crímenes de estudiantes en San Bernardo del Viento y Cereté. Los operativos policiales ya comenzaron a arrojar resultados, pero la experiencia demuestra que se requiere un esfuerzo sostenido e integral para luchar contra este flagelo. Mientras ello se cristaliza, quedan como testimonio las voces valientes que se levantan para denunciar lo que ocurre en la región. Voces como la de Rafael Chica, alcalde de Cereté, quien reclama que en el país no puede haber muertos de primera y segunda categoría. O la del secretario de Gobierno de Córdoba, Jairo López, quien reconoce que hay bandas emergentes y falta de oportunidades para los desmovilizados.

En un panorama así no resulta difícil entender por qué las autoridades siguen sin saber con exactitud qué tipo de delincuentes comunes mataron a los estudiantes de Cereté, o por qué no han podido capturar a alias El Gavilán, el jefe de ‘Los Urabeños’, que ordenó quitarles la vida a los de los Andes en San Bernardo del Viento.