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El reclutamiento forzado de niños —especialmente indígenas— en la frontera entre Chocó y Risaralda, sumado al debate sobre la supuesta expansión territorial del Eln en los corredores de droga de los ríos Atrato y San Juan, tiene en alerta a organizaciones sociales, líderes comunitarios y autoridades locales en esta zona del país.
Desde la ONG Jueces de Paz, de Risaralda, encabezada por el líder social Eisenhower Zapata, aseguran que entre los municipios de Pueblo Rico (Risaralda) y Bagadó (Chocó), sobre el Alto Andágueda, el frente Manuel Hernández el Boche, del Eln, ha tenido una crecida exponencial desde el inicio de la cuarentena y ha usado el corredor fluvial que une ambos departamentos para ejercer presencia con dos objetivos: controlar los flujos de narcotráfico con rumbo hacia el suroccidente antioqueño y dedicarse al reclutamiento forzado de menores para engrosar sus filas.
Bienestar Familiar tiene reportadas a la fecha de cuatro notificaciones formales de familias que están dentro de un proceso de restauración de derechos para sus hijos por ser víctimas de reclutamiento forzado. Desde la entidad también hay subregistros de casos de desaparición de menores en la región, lo cual dificulta la precisión en el número real de reclutamientos.
Si bien las cifras difieren entre organizaciones, la preocupación por la vinculación de menores de edad a grupos armados se extiende a escala nacional: entre enero y diciembre de 2019 se registraron 67 eventos de reclutamiento, lo que representa un incremento del 34 % respecto al mismo período de 2018, cuando se presentaron cincuenta eventos de vinculación por reclutamiento.
Los datos son de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), que advirtió que en plena pandemia —del 1º al 14 mayo de 2020— al menos 49 niños, niñas y adolescentes, fueron reclutados en el país. Estas cifras se unen a las de Jueces de Risaralda, quienes señalan que en zonas de conflicto (como el Catatumbo, el Bajo Cauca, Magdalena Medio, municipios del Pacífico sur y el Bajo Putumayo) el número de menores reclutados desde el comienzo del año puede incluso ascender a 263.
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“Esta frontera (entre Chocó y Risaralda) es un bastión histórico para el tránsito de droga, incluso antes del auge de las guerrillas de primera generación. Normalmente ahí hay vigilancia estatal con los batallones San Mateo y de Alta Montaña N.° 7 del Ejército, sin embargo y después de diálogos con habitantes de la región, vemos que durante los meses de pandemia no se han presentado controles rigurosos por parte de ellos ni de las corporaciones autónomas regionales, lo cual desemboca en que proliferen delitos como el reclutamiento forzado o el tráfico ilegal de madera procedente de Chocó”, describe Zapata.
Frente a la situación de orden público en Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, gobernador del departamento, insiste en que no hay motivos de preocupación y que “el Ejército Nacional monitorea constantemente la vía nacional que comunica a Chocó con Risaralda, sin olvidar que, en lo que va transcurrido del año, nuestro departamento goza de tranquilidad”.
Denuncias sobre amenazas a comunidades indígenas
En el municipio de Pueblo Rico, la comunidad indígena —que mayoritariamente es emberá, en sus familias chamí y katío— ha vivido durante décadas los rigores del conflicto armado y aunque los actores han cambiado a través de los años, las dinámicas y los conflictos siguen siendo los mismos. Víctor*, un emberá katío del lugar, insiste en que su comunidad se volvió blanco de constantes amenazas por parte del Eln. El líder indígena asegura que las amenazas a los chamís han disminuido y que desde el comienzo de la cuarentena, las intimidaciones a los emberá katíos han aumentado. “El tema del orden público en el municipio es complejo y el hecho de que el alcalde de Pueblo Rico (Leonardo Fabio Siagama) sea miembro de nuestra familia emberá es un arma de doble filo. Nos hace más visibles, pero por la importancia de su cargo hay varios consejeros que se quedan callados ante las amenazas para no hacer quedar mal los proyectos de seguridad en su gobierno”, agrega Víctor.
Luis Eduardo Castaño, secretario de Gobierno de Pueblo Rico, asegura que, si bien persisten las amenazas en contra de algunos líderes indígenas —quienes reciben llamadas y mensajes de texto intimidantes—, la situación de orden público ha mejorado. “Como nueva administración no hemos recibido información sobre reclutamiento de menores (…) Durante la cuarentena no hemos tenido problemas con grupos delincuenciales o al margen de la ley”, agrega Castaño.
De acuerdo con una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo en mayo de 2019, este tipo de intimidaciones se vienen registrando entre San José del Palmar, en el Chocó, y el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha documentado que en Lloró (sur de Chocó), municipio limítrofe con Bagadó y cercano a Risaralda, hay constantes disputas territoriales entre la disidencia del Frente 30 de las Farc y el Eln.
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“En este momento estos grupos tienen un pacto para dividirse las rutas de narcotráfico en esta zona, pero los enfrentamientos no han cesado y no se sabe con certeza si estos han generado desplazamientos masivos de indígenas o de personas en consejos comunitarios, como ya ocurrió hace pocos meses en Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá”, afirma Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares.
Sin embargo, en medio de la pandemia, el investigador advierte que uno de los lugares donde toca prestar mayor atención es en San José del Palmar, municipio con histórica presencia del Eln y que ahora, con controles territoriales, esta guerrilla imparte terror “con toques de queda desde finales de abril, en los que dificultan el acceso a la región y no permiten el acceso a medicamentos para el cuidado de las personas”, concluye.
*Nombre ficticio por reserva de identidad