¿Quién pagará los estragos económicos del COVID-19?

Al terminar la pandemia no va a ser sencillo que el jefe vuelva a contratar a quienes despidió. Las empresas en muchos casos estarán destruidas y esto se pudo evitar con los subsidios. El Gobierno decidió enfocarse en una estrategia de préstamos que no funciona para estos casos, nadie saca plata prestada para financiar una operación que no está generando dinero.

Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana recomendamos hacer estos subsidios desde marzo, pues era una medida que se venía debatiendo en otros países, que hoy están en una situación mejor y se van a recuperar más rápido. He visto mucho interés de los gobiernos regionales, de las grandes ciudades, en ayudar a la recuperación económica; pero el que contaba con los recursos y tenía el deber de dar el apoyo, para que no estuviéramos enfrentando la pérdida de uno de cada cuatro empleos y probablemente más, era el Gobierno nacional y decidió no actuar a tiempo.

¿Debe haber reforma tributaria? ¿Cómo se la imagina?

Desde la reforma tributaria del año pasado el Gobierno abrió un hueco fiscal. Ellos generaron la idea de que estaban haciendo la reforma porque el Gobierno pasado había dejado un hueco fiscal, pero como lo constatamos en el Observatorio Fiscal de la Javeriana, ese hueco no existía o por lo menos no estaba documentado. La respuesta fue recortar impuestos a las empresas; es decir, ahí sí abrir un hueco fiscal, intentaron taparlo con un IVA más alto a la canasta familiar, pero dada la impopularidad de esa medida no se hizo.

Antes de la pandemia ya había un hueco fiscal y ya se veía venir una reforma tributaria para taparlo. Ahora con la pandemia hay gastos adicionales y en la medida que el Gobierno se haya endeudado más, va a tocar taparlo con alguna fuente adicional de recursos. Me sorprendería si no insiste en subir el IVA a los consumidores sin tocar los impuestos a las empresas, cuando lo que debería hacer primero sería revertir esta reforma tributaria que abrió ese hueco y luego pensar en otra fuente de ingresos.

¿Cómo hacer para que esas medidas no terminen de agravar la situación de los menos favorecidos?

Hay una medida en términos de gastos. El Gobierno ni siquiera se ha gastado la cuarta parte de los recursos que hay en el FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias). Lo primero, para que no se termine de agravar la situación de los menos favorecidos, es invertir de manera adecuada los recursos destinados a la emergencia y conseguir recursos adicionales, todavía no estamos tarde para implementar los subsidios a la nómina.

Cuando salgamos de esto se necesitará, casi con seguridad, una reforma tributaria y una forma de no afectar a los más necesitados sería que se revierta el recorte de impuestos a las empresas.

¿Hasta dónde pueden las medidas de reactivación económica chocar con la obligación estatal de cuidar a los menos favorecidos?

Sí se han hecho algunas transferencias extraordinarias a las personas con más necesidades del país: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario y devolución del IVA. Los tres días sin IVA son una medida demagógica copiada de EE. UU., una medida universalmente condenada como poco efectiva, no tiene un efecto grande sobre el recaudo y complica el estatuto tributario. La mejor manera de implementar medidas que no choquen con el objetivo de cuidar a los menos favorecidos es dejar de lado las políticas demagógicas y apoyar la protección del empleo, cosa que el Gobierno no ha hecho de manera enérgica.

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Que revisen exenciones: Mario Valencia

¿Quiénes deben responder por la emergencia económica que vive el país como consecuencia de la pandemia?

M.V.: La experiencia indica que los países que mejor han manejado la situación y pueden hablar de reactivación económica son aquellos en los cuales el Estado ha asumido el rol que el mercado no puede cumplir. Esto consiste en sustituir la falta de ocupación con subsidios directos a los hogares para el nivel de consumo, y —una vez terminado el confinamiento y cuando se garantice sanitariamente que las empresas pueden volver a operar— establecer planes de salvamento para garantizar la producción. Los países desarrollados no han escatimado esfuerzos en políticas fiscales y emisión monetaria para defender su producción nacional. Será imposible hacer una recuperación si no se defienden las empresas y la mano de obra nacional.

En Colombia, tener un Estado tan débil, como el que ha dejado el modelo económico en los últimos treinta años, ha impedido proteger el consumo y la producción, como se evidencia en las cifras de desempleo y caída del PIB para el mes de abril. Pero más grave es que pareciera haberse dejado a la suerte individual cualquier posibilidad de reactivación, porque quienes orientan la economía siguen pensando que deben actuar de manera ortodoxa; esto significa que el Estado debe intervenir lo menos posible. En lo que sí se ha notado una fuerte disposición del Gobierno es en proteger y estimular al sector financiero, los fondos de pensiones y los especuladores, pero poco se está haciendo por proteger la producción. La situación es tan dramática, que hasta la ANDI ha pedido apoyo a los empresarios nacionales.

¿Debe haber reforma tributaria? ¿Cómo se la imagina?

M.V.: Desde el mes uno de la emergencia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pidió una reforma tributaria, con el propósito de recoger el dinero suficiente para pagar la deuda. Nunca se preocupó realmente por la crisis social que se está derivando de la pandemia. En este sentido, será inevitable tener una reforma prontamente. El principal problema será que quienes la propondrán son los mismos que hicieron la reforma de 2018, la cual tumbó la Corte Constitucional y que reaprobaron en 2019. Y será el mismo Congreso que aprobó ambas reformas. Estas no fueron para aumentar la capacidad de recaudo del Estado, sino para escoger a dedo qué actividades económicas no pagan impuestos, otorgando $10 billones adicionales cada año en regalos tributarios. Cualquier reforma sensata debería considerar, como elemento fundamental, la revisión de aproximadamente 230 exenciones tributarias que a hoy cuestan unos $13 billones anuales en recursos que no se recaudan. De la misma forma, es prioritario pensar nuevamente en un impuesto a la riqueza, que lo paguen tanto las personas como las empresas. Esta idea es tan necesaria, que hasta Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, la ha pedido. Es clave para Colombia, pues el 1 % de la población más rica, que gana en promedio $199 millones mensuales, solo paga efectivamente el 2,58 % en impuesto de renta, según un estudio de Garay y Espitia.

La reforma tributaria debe ser el principal mecanismo con el que el Estado recupere su capacidad de ser socio de las empresas y personas, para garantizar los recursos suficientes en la inversión social y en infraestructura que se requiere. Ninguna empresa puede ser exitosa en medio de un país tan poco competitivo globalmente como Colombia. Si Space X se instalara en el país, a los seis meses se declararía en bancarrota, por falta de competitividad. La única forma de conseguir reducir el costo país es haciendo que el Estado aumente el gasto público en servicios y bienes dirigidos a crear más riqueza. Ningún país desarrollado ha conseguido serlo con cursos de autoestima, sino con gasto público. El siguiente problema para superar, después de una reforma tributaria en esta dirección, sería exigir que no se roben la plata de los impuestos.

¿Cómo hacer para que esas medidas no terminen de agravar la situación de los menos favorecidos?

M.V.: La Constitución obliga a que la política fiscal sea progresiva; es decir, que cobre más impuestos a los más ricos, y exige luchar contra la desigualdad. Hay personas que todavía no creen esto y usan todo su poder político para no pagar impuestos. Cada reforma tributaria es el resultado de un “megarrico” obligando a legislar en esta dirección. Con razón Dejusticia y un grupo de personas demandó toda la estructura tributaria del país. Es supremamente necesario pensar en un contrato diferente en que el Estado no sea cómplice de la elusión, sino socio de los privados para el progreso económico. Un rol fundamental del Estado en este aspecto es propiciar un entorno favorable para el desarrollo empresarial, con justicia social. No puede haber prosperidad si los trabajadores ganan una miseria, si el gasto público restringe educación, salud e infraestructura de calidad. Mientras los únicos que se beneficien del crecimiento económico sean los rentistas, los acaparadores de tierras, los especuladores, las transnacionales mineras y los mercachifles no será posible el avance y el bienestar social. Cualquier medida para la reactivación económica debe considerar que de lo que se trata no es de volver a la “normalidad” de antes de la pandemia, en que el ingreso promedio de los colombianos era diez veces menos que el del promedio de países de la OCDE, en que el 63 % de las empresas solo generaba el empleo de quien creó la empresa y que nos ubica como el quinto país más desigual del planeta, según el Banco Mundial. Por el contrario, es una oportunidad para transformar el modelo económico, y eso implica un Estado fuerte y decente, un sector empresarial sólido con producción nacional y mano de obra altamente productiva con ingresos más altos. Tristemente ninguna de las medidas de la emergencia económica parece ir en esa dirección. El Gobierno está más preocupado por crear negocios de especuladores como la hipoteca inversa y aprovechar la crisis para considerar propuestas como la de ANIF de recortar la protección social de los trabajadores.

¿Hasta dónde pueden las medidas de reactivación económica chocar con la obligación estatal de cuidar a los menos favorecidos?

M.V.: Desde el día uno de la emergencia sanitaria, diversas voces, especialmente desde la academia, expresamos preocupación por mantener —hasta donde fuera posible— el nivel de ingreso de los hogares. Se ha planteado una renta básica de emergencia, que costaría $10 billones al mes. Como no se hizo, en abril la cuarta parte de los ocupados se quedó sin trabajo y, muy seguramente, sin ingresos. La cuarentena y el distanciamiento social se hacen indispensables para proteger la vida de las personas, pero solamente es lograble si se pueden quedar en casa sin morirse de hambre. La reapertura tiene que estar acompañada de todas las garantías de protección, que han sido insuficientes.

De nada servirán los sacrificios hechos por buena parte de la sociedad, si estas personas se contagian por la necesidad de salir a rebuscarse el ingreso. Ningún país, que yo conozca, ha salido adelante de crisis pasadas con una fuerza laboral desprotegida y enferma. Cuidar la salud no solamente es humanamente deseable, sino una condición ineludible para la reactivación, pues quedó demostrado que la economía la hacen las personas, no las máquinas.

El día sin IVA fue irresponsable, inefectivo y ridículo. Solo a mentes macabras se les ocurre exponer la vida de las personas a cambio del beneficio de unos revendedores de mercancías importadas, que ni siquiera sirven para estimular la producción nacional. Pero no es extraño que se haya hecho. En las últimas décadas hemos estado dirigidos por gobiernos que no están interesados ni preocupados por el bienestar. El mejor ejemplo de esto es la privatización del sistema de salud y de pensiones. Lo que predomina es el “sálvese quien pueda”, el individualismo; como quedó demostrado el viernes anterior.