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En los últimos días ha causado revuelo en el departamento del Quindío un nombramiento en una de las entidades más importantes para la defensa de los derechos humanos en el territorio. Se trata de la defensora regional del Pueblo, Luisa Fernanda León, quien, según denuncian, fue nombrada bajo criterios clientelares.
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Desde distintos sectores sociales han elevado un reclamo contra la designación, reclamando que no tendría la experiencia necesaria para asumir el cargo.
Según han denunciado, por ejemplo, desde la organización Redepaz, León es profesional en el sector de la administración y tiene un recorrido en temas de turismo, pero su trayectoria nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, labor que tendría que liderar desde la Defensoría del Pueblo.
Pero, además de su supuesta falta de experiencia para el cargo, lo que ha sido motivo de indignación en el departamento es que su nombramiento haya obedecido a lo que consideran un acto de clientelismo. De acuerdo con las denuncias, el reclamo está orientado a que dicha designación estuvo impulsada por Luciano Grisales, representante a la Cámara por el Quindío, y Julián Bedoya, senador de la República, ambos congresistas del Partido Liberal.
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La situación es tal que incluso desde el interior de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional han rechazado el nombramiento. “Se ha expresado abiertamente (…) que dicho nombramiento no obedece a criterios técnicos o de meritocracia, sino que obedecería a prácticas clientelares ligadas a estructuras políticas regionales que han sido cuestionadas por presuntas irregularidades y corrupción y que han golpeado de manera desproporcionada esa región particular del país”, aseguraron desde el Sindicato de Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep).
El hecho ha motivado incluso manifestaciones frente a la sede de la Defensoría en Armenia, y han anunciado que se presentará una demanda de nulidad contra el proceso de selección de Luisa Fernanda León.
Desde Sindhep se le ha pedido al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, que tome las medidas necesarias para garantizar que los nombramientos en la entidad a nivel regional se realicen de forma transparente y obedezcan a los criterios apropiados.
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Desde las organizaciones que han rechazado este nombramiento, han expresado su preocupación pues afirman que la situación podría reproducirse en otras regiones del país. “Someter el destino de la Defensoría del Pueblo al vaivén del clientelismo, tan nocivo para el país, significa una afrenta directa a la ciudadanía, y posiblemente limita la capacidad de protección de derechos humanos que misionalmente tiene la entidad”, agregó el sindicato de defensores de la institución.