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¿Qué acciones han tomado para cumplir con el objetivo de proteger a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas?
El gobierno del presidente Iván Duque se propuso, como una de sus máximas prioridades, atender los problemas que afectan el ejercicio del liderazgo social y defensa de los derechos humanos. En lo que respecta al período 2016-2020, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha habido 370 casos de homicidios de líderes. Considerando esto, el Gobierno nacional ha desplegado todas las capacidades institucionales para proteger su labor. Por ejemplo, el 23 de agosto de 2018, en el municipio de Apartadó, Antioquia, el presidente suscribió el “Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes y lideresas sociales y las personas defensoras de derechos humanos”, en el que asumió el compromiso de diseñar participativamente una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial de equidad, étnico y territorial. El Gobierno nacional se fijó como objetivo encontrar, durante sus primeros cien días, una herramienta que permitiera dar una respuesta institucional, del Estado colombiano, de carácter inmediato, frente a la problemática. En ese sentido, se estructuró el Plan de Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunales y periodistas. Allí se definió como propósito la formulación de una política pública integral de garantías para la defensa de los derechos humanos.
(En Contexto: Protección a líderes sociales: ¿Cuál es la queja de comunidades al gobierno?)
En términos de cifras ¿Cómo se refleja la implementación del Plan de Acción Oportuna?
El PAO ha permitido contener la situacion de amenaza y riesgo generada principalmente por las estructuras economicas ilegales, a través de procesos de fortalecimiento institucional, recuperación de la confianza y la presencia estrategica del Estado en el territorio. De los 7000 protegidos que hay en Colombia, 5000 son líderes sociales. Se han adelantado esfuerzos para otorgar esquemas de protección individual a 4.890 líderes sociales durante el 2019 a través de la UNP. De la misma manera, el Ministerio del Interior, a través del FONSECON, adquirió 437 vehículos para la Policía de 205 municipios priorizados por el PAO y así mejorar la capacidad y velocidad de atención de las solicitudes de los líderes sociales. En cuanto a la recuperación de la confianza y la presencia estratégica del Estado en el territorio, en el marco de la estrategia del PAO, se han realizado 37 visitas a territorio en 14 departamentos del país durante el año 2019. Esto ha permitido lograr un diálogo franco entre los líderes sociales, las comunidades y las instituciones, para coordinar acciones que impacten en los territorio.
¿Cómo funciona la Comisión del PAO? ¿Cada cuánto se reúnen?
Es una Comisión Intersectorial de alto nivel presidida por el presidente de la República e integrada por la ministra del Interior, el ministro de Defensa Nacional, la ministra de Justicia y del Derecho, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional y el director de la UNP. Adicionalmente, tienen asiento permanente la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y el Consejero para la Seguridad. Su objeto consiste en coordinar, articular y orientar la actuación del Estado entorno a la prevención y protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.En el PAO se coordina la oferta institucional y de fuerza pública, el propósito no sólo es prevenir, sino también lograr justicia y no repetición para las víctimas. Durante el 2018 se realizó una sesión en el mes de diciembre y dos sesiones en 2019, una en el mes de mayo y la otra en el mes de diciembre.
¿Hay participación de la sociedad civil en ese espacio?
Las organizaciones sociales interactúan con la institucionalidad del PAO a través de las distintas sesiones territoriales. Durante las visitas las organizaciones exponen sus dificultades y las necesidades de apoyo institucional. En cuanto a la formulación de la política pública de protección integral a los líderes, se han realizado siete talleres territoriales y cuatro talleres sectoriales en los que han participado aproximadamente 490 líderes sociales. El compromiso intersectorial del Gobierno nacional se refleja en la participación de diez sectores y alrededor de veintiséis entidades.
¿Qué le responde a quienes dicen que hay estigmatización hacia los líderes sociales por parte de su cartera?
Como ministra del Interior reconozco el gran valor que representan para el país los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Todos los esfuerzos institucionales que hemos emprendido buscan generar estrategias y acciones que nos permitan como sociedad reconocer y exaltar la labor que adelantan todos los líderes en distintos rincones de la geografía nacional. Por eso, para la vigencia 2020, se apropiaron recursos adicionales por $5.000 millones. Además de adquirir el compromiso de culminar la formulación y coordinar la implementación de la política pública para la protección integral de los líderes, reconocemos voces diferentes y posiciones divergentes. En la diferencia esta el valor político superior de nuestra democracia.
Las comunidades del Cauca afirman que con el avance del PAO se suplantan las funciones asignadas a otras instancias como la Comisión Nacional de Garantías…
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Plan de Acción Oportuna son instancias diferentes. La Comisión es un órgano consultivo orientado a brindar insumos para la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra los distintos tipos de liderazgo, mientras que el PAO busca coordinar acciones interinstitucionales para la prevención y protección individual y colectiva para los líderes sociales. Es claro que el PAO tiene una visión más enfocada en los derechos humanos, considerando que propende por estrategias de prevención y acciones integrales en el territorio a través de oferta estatal. A pesar de las diferencias, ambas iniciativas son complementarias, resaltando que el PAO busca que el marco normativo vigente funcione de una mejor manera por medio de coordinación, articulación y direccionamiento estratégico.
Las organizaciones sociales aseguran que el Ministerio no acogió las consideraciones hechas en diciembre de 2018, antes de la expedición del PAO…
En el marco de la construcción del PAO se realizó un proceso de socialización y posterior recepción de comentarios y sugerencias por parte de diferentes actores de la sociedad civil incluyendo las plataformas de Derechos Humanos, algunas de estas fueron tenidas en cuenta e incluidas, como por ejemplo la claridad de que el PAO no acaba con la institucionalidad existente como lo es la Comisión Nacional de Garantías, la inclusión de un enfoque multidimensional en materia de seguridad y que este Plan es complementario a una política pública que se seguriá concertando por parte del Ministerio del Interior. Al analizar las observaciones de actores de sociedad civil, se incluyeron aquellas pertinentes y que estuviesen dentro del propósito del PAO.
Una de las consideraciones es que las acciones que plantea el PAO son simplemente reactivas ¿Qué decir a esto?
El Plan establece tres ejes de acción para abordar la problemática. El primero es la articulación y reingeniería institucional, el cual se orienta en armonizar, coordinar y articular la intervención interinstitucional que hace frente a la situación de los líderes. El segundo es la actuación estratégica en el territorio, por medio del cual se pretende intervenir de manera integral en las zonas donde se presentan las mayores vulneraciones a los derechos, especialmente, en los municipios que presentan un entorno criminalizado y afectado por la ausencia de respuesta institucional. Finalmente, se incluye un tercer eje de comunicación y capacitación que involucra acciones para contrarrestar la estigmatización sobre la condición de líder y capacitación en autoprotección. Es evidente que las acciones se concentran en alcanzar escenarios de prevención temprana y buscan ir más allá de las situaciones de riesgo inminente o hechos materializados, por ende, no es preciso indicar que tiene un enfoque reactivo, al contrario, se centra en lograr una prevención temprana.