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La crisis de gobernabilidad en el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada es cada vez más tensa. Tras la suspensión provisional del cabildo gobernador Zarwawiko Torres, por decisión de la Corte Constitucional, las comunidades siguen en controversias internas para definir quién debe ser el representante de los arhuacos ante el Estado. Se trata de un conflicto que se originó hace un año, cuando Zarwawiko Torres fue elegido cabildo gobernador, un cargo que tiene como función representar legalmente a la comunidad y realizar actividades que le atribuye la tradición indígena. La discusión, que tiene dividido a un pueblo de cerca de 22 mil indígenas y 54 asentamientos, surgió porque mientras unos consideraban que la elección de Torres era legítima, otro sector de la comunidad sostenía que había irregularidades.
Ambos extremos coinciden en que su contraparte deslegitima a los mamos, máximas autoridades de la comunidad. También se acusan de tener vínculos con el Gobierno Nacional para llevar a cabo proyectos en el territorio, ajenos a los intereses de la comunidad. El entramado es cada vez más complejo, pues existen diferencias hasta en la forma de explicar el sistema de gobierno de los arhuacos.
Esta división cogió más fuerza a principios de noviembre, cuando la Corte Constitucional suspendió provisionalmente a Zarwawiko Torres como cabildo gobernador del resguardo de la Sierra Nevada. De acuerdo con el alto tribunal, las actuaciones de Torres han generado conflictos como el desconocimiento de la autoridad de los mamos (líderes espirituales de los indígenas arhuacos), la ausencia de un diálogo entre las autoridades indígenas y el surgimiento de confrontaciones físicas, que pueden traducirse en confrontaciones violentas. En la misma línea, ordenó la inscripción de Danilo Villafañe en el resguardo Magdalena-Guajira, a Rogelio Torres en el resguardo de la Sierra Nevada y a Jesús Torres en el resguardo Businchama.
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La decisión de la Corte se dio en respuesta a una acción de tutela interpuesta en octubre de 2020 por el anterior gobernador, José María Arroyo, contra Zarwawiko Torres y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Los opositores argumentaron que la elección vulneró los derechos del pueblo a la igualdad, a la participación política, a la identidad cultural y al debido proceso.
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En palabras de Lerber Dimas, profesor de las universidades de Magdalena y La Guajira, el cabildo gobernador es elegido por cada pueblo de manera autónoma. “La figura central y espiritual es representada por los mamos, quienes también se encargan de la justicia y restauración de derechos. Ellos se ponen de acuerdo y toman la decisión”, aseguró. “Allá no funciona el tema del quórum o elementos propios del mundo occidental. Estas situaciones pueden llevar a conflictos como los que están ocurriendo actualmente”, agregó.
Luz Helena Izquierdo, lideresa arhuaca y una de las defensoras de la elección de Torres, explicó que le han pedido a la Corte Constitucional y al Gobierno Nacional no interferir en su gobierno propio. “Considero que uno de los procedimientos más rigurosos que ha habido en nuestra comunidad fue el de Zarwawiko Torres. Lo que pasa es que los de la directiva anterior están buscando artimañas para asentarse en el poder. Por ejemplo, el acta de destitución no contó con la participación de los mamos de las cuatro kunkurwas (centros de pensamiento) del pueblo arhuaco”, afirmó.
En contraposición, Danilo Villafañe, cabildo gobernador del Resguardo de la Sierra Nevada, aseveró que la elección de Torres es ilegítima porque apresó al gobernador anterior para posesionarse. “Además, esto fue en medio de la pandemia, estaban prohibidas las aglomeraciones y la mayoría estaban encerrados. En medio de esas circunstancias ese señor convocó la reunión, aunque los mamos hubieran previsto que la convocatoria se hiciera en enero”, dijo.
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De acuerdo con el profesor Dimas, las elecciones de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada se complican cuando se nombra a más de un cabildo gobernador. “Lo difícil está en la distribución geográfica del resguardo Kogui Malayo Arhuaco, que atraviesa el Cesar, el Magdalena y La Guajira. Las comunidades requieren representatividad en cada uno de los tres departamentos”, señaló. También destacó que esta figura no es propia del sistema de creencias de los arhuacos, pero que se ha potenciado debido a la interlocución que permite con entidades estatales.
El punto más complejo es la explicación que dan ambas partes al sistema de gobierno propio del pueblo arhuaco. Mientras que quienes aprueban la elección de Zarwawiko aseguran que históricamente ha sido un cabildo gobernador, quienes se oponen a Torres indican que son tres. “Los arhuacos no nos dividimos de acuerdo con la división político-administrativa de los departamentos, porque eso es un invento que no es parte de nuestro sistema de gobierno. No hay arhuacos del Magdalena, arhuacos del Cesar y arhuacos de La Guajira: todos somos un mismo pueblo”, explicó a El Espectador Dunen Muelas, joven arhuaca y docente de la Universidad del Rosario.
Villafañe, en cambio, explica que el pueblo arhuaco cuenta con una estructura de tres gobernadores, que viene del trabajo conjunto realizado históricamente con los indígenas koguis y wiwas. “La existencia de tres gobernadores es una estrategia de gestión que nunca había generado conflictos hasta que llegó Zarwawiko. La gestión de los recursos se tiene que hacer desde los distintos departamentos en donde están los arhuacos. Los gobernadores no tienen responsabilidad en la reproducción cultura, esa es una tarea de los mamos”, afirmó.
Aunque Dimas destacó el respeto que ha demostrado la Corte Constitucional con respecto a las decisiones de los arhuacos, reconoció que le parece “muy extraño que se le haya dado celeridad desde la Corte al nombramiento de tres personas, cuando eso es parte de la autonomía de los arhuacos. El Ministerio de Asuntos Indígenas tiene la responsabilidad de solucionar este tema porque ya ha generado bastantes conflictos, lo que no es común en estas comunidades”, aseguró.
Estas versiones se reflejan en la reacción de ambas partes ante la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente a Zarwawiko Torres. “No entendemos el auto de la Corte en el que se destituye a nuestro cabildo gobernador y se nombra a tres personas que no fueron elegidas por el pueblo arhuaco, sino por una minoría”, aseveró Izquierdo. Danilo Villafañe defendió la legitimidad de su elección: “Lo que hizo la Corte fue reconocer lo que había en la práctica, la realidad social y política de los arhuacos, porque además fui elegido por 22 comunidades del Magdalena”, apuntó.
Otra de las lecturas que hace Dimas a la situación de los arhuacos es que existen intereses particulares que impulsan nombramientos afines al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales y a grandes empresas. “La Sierra Nevada de Santa Marta tiene alrededor de 168 títulos mineros en estudio y evidentemente hay una cantidad grande de recursos destinados a la minería. Hay varios proyectos estancados, pues se deben hacer consultas y hay una prohibición explícita por parte de las comunidades indígenas”, dijo.
Entretanto, quienes defienden a Zarwawiko y quienes lo rechazan alegan que su contraparte se alió con el Gobierno Nacional para generar división en el pueblo. “Cuando fue la elección, Luz Helena Izquierdo era la responsable de la Mesa Permanente de Concertación del Ministerio de Interior. Detrás de Zarwawiko hay gobernadores y alcaldes”, afirmó Villafañe. Por su parte, Izquierdo aseguró que Villafañe es “un peón del Gobierno Nacional” y que “ha negado públicamente la importancia de la consulta previa. Es la ficha del Gobierno para favorecer proyectos extractivistas”.
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La Corte convocó a una audiencia pública el próximo 13 de diciembre en Nabusimake (Cesar), con el fin de que las partes expliquen la crisis de gobernabilidad del pueblo arhuaco. “Se profundizará en temas como su ley de origen o constitutiva, la vigencia de su plan de vida, su documento guía, su sistema político y la forma en que se ejerce la regularidad de sus asuntos electorales, entre otros”, explicó la Corte.
