Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Un deslizamiento de tierra, en 2020, fue el comienzo del tormento en Sibundoy, Putumayo. Aunque se han emprendido trabajos coordinados con la Gobernación para reducir los riesgos, remover el material, habilitar caminos y proteger a los habitantes de cinco barrios en riesgo y la planta de agua potable en la zona, la posibilidad de una nueva emergencia es latente. Han realizado solicitudes de apoyo a entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero hasta el momento no se han dado soluciones a largo plazo del problema.
Lea: Avalanchas en Cundinamarca dejan cerca de 800 personas afectadas en 2023
“Es un momento bastante difícil, que estamos viviendo y atravesando desde el 2020, que se vienen adelantando unos trabajos articulados con el gobernador del Putumayo para poder mitigar y reducir el riesgo, que está más presente por el deslizamiento de material de tierra. Se han venido realizando trabajos de retiro de este material con la comunidad para poder habilitar el camino que conduce hacia la vereda Campo Alegre y tratando de proteger la vida de los habitantes de cinco barrios que están en peligro directo”, dijo Jhon Jairo Andrade, alcalde de Sibundoy.
Lo que ocurrió es que la tierra se ha estado moviendo lentamente, a tal punto que en el cerro Los Gemelos, en el norte del municipio, donde se ubica la vereda Campo Alegre, hay grietas tan grandes que amenazan con un gran deslizamiento que afectaría “la planta de tratamiento de agua potable (PTAT), cinco barrios (Las Lajas, Tabanoca, San Felipe, Portachuelo y La Florida), tres instituciones educativas (Normal Superior del Putumayo, colegio Champagnat y Seminario Misional), el monasterio de las hermanas carmelitas y un tramo de la vía terciaria que conecta con la vereda”, indicó en un informe el Servicio Geológico Colombiano.
Tras los estudios iniciales, se estimó que las obras de mitigación costarían alrededor de $25.000 millones. Sin embargo, con un análisis más detallado se redujeron los costos a $12.000 millones, de los cuales la Gobernación de Putumayo entregó $1.000 millones, que se invirtieron en maquinaria pesada para retirar el material que se ha ido cayendo después de la primera emergencia.
En los últimos tres años la tierra ha continuado moviéndose a tal punto que hay grietas que superan los dos metros de altura, mientras que la temporada de lluvias aumentó el temor en el municipio, por lo que fueron evacuadas tres instituciones educativas que podrían verse afectadas ante una posible avalancha.
De allí la urgencia de que se hagan obras de mitigación. Entre las principales necesidades se requieren obras como la construcción de un acueducto portátil para garantizar el suministro de agua en caso de que se afecte a la PTAT. Solo para esto se requieren $6.000 millones. Además, se contemplan tres etapas en el proyecto, que incluyen el retiro y depósito de material que se deslizó, estabilización del terreno y obras para evitar nuevos derrumbes.
En cuanto al movimiento de la tierra, se ha visto un aumento de la actividad desde el primer deslizamiento en 2020, que han evidenciado a través de imágenes satelitales de diferentes años. Las causas estarían asociadas a cambios de resistencia y permeabilidad del suelo (con capas de arcilla intercaladas con capas arenosas), la pendiente del terreno y las altas precipitaciones, según indican los estudios que se han hecho en el lugar.
Lo que complica la situación es que en la zona afectada se encuentran fallas geológicas que atraviesan Sibundoy y municipios vecinos, por lo que, si bien se pueden realizar obras de mitigación que reduzcan significativamente los riesgos, no se descarta que haya una nueva emergencia o aparezcan fenómenos similares en otros sectores, según indicó el Servicio Geológico Colombiano en el “Informe de visita de emergencia al movimiento en masa del cerro Los Gemelos”.
A la espera de soluciones, el municipio ha habilitado dos depósitos en los barrios El Cedro y Fátima, adonde se llevan los escombros y tierra que va dejando el movimiento de tierra constante y aunque se ha planteado la opción de reubicar a la gente de las zonas en más alto riesgo, las dificultades se centran en la falta de espacios para habilitar nuevas viviendas y que gran parte de la región son áreas protegidas con presencia de comunidades indígenas.
Ante la urgencia de realizar obras de mitigación, el municipio, que es de sexta categoría, solicitó apoyo del Gobierno Nacional. La administración de Iván Duque remitió la solicitud a la Gobernación, mientras que el actual Gobierno le ha respondido al municipio que por el empalme no se han familiarizado con la situación, según explica el alcalde Andrade.
El Servicio Geológico Colombiano recomendó que preliminarmente se controle el manejo de aguas servidas y de escorrentía en las zonas aledañas al primer deslizamiento, así como monitorear las grietas, mientras que a mediano plazo se requiere actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y tomar acciones sobre los cinco municipios en riesgo.
Mientras que la Gobernación de Putumayo se lava las manos, los habitantes del municipio esperan que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le preste atención a su situación, pues aunque el alcalde actual dejará los estudios y diseños de las obras que se requieren, ya quedará en manos del siguiente mandatario la materialización de las soluciones, que no se ven cercanas.
