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Luego de que el Ministerio de Justicia decretara la emergencia carcelaria por crisis en salud, esto debido a la falta de atención médica que reciben los internos, la Defensoría del Pueblo advirtió que esta medida no es suficiente, por lo que insiste en la necesidad de acudir a la figura de emergencia social, que permitiría implementar decisiones de fondo para poder modificar el actual modelo de prestación de salud, destinar nuevos y mayores recursos presupuestales para garantizar los derechos de la población carcelaria.
En las cárceles del país hay 311 presos tienen VIH, 89 cáncer, 1.112 diabetes y 2.884 padecen problemas psiquiátricos. Cabe destacar que esta medida le da facultades especiales a al director del Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario. Las primeras medidas que se anunciaron son la realización de brigadas de salud, la modificación del manual del Inpec para que profesionales de salud.
La entidad defensora de derechos humanos considera que es grave la situación humanitaria en las cárceles del país, porque hay hacinamiento y deficiencia en la atención en salud. Y ha establecido que el 55% de estos centros no cumple con el suministro de medicamentos, el 83% no tiene insumos médicos y el 88% no aplica protocolos para la recolección de residuos hospitalarios. Además que solo hay un doctor por cada 496 internos y se registraron cerca de 10.000 pacientes que tienen represados los procedimientos médicos solicitados.
La Defensoría presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría por la crisis sanitaria de estos centros y pidió a la Contraloría y a la Fiscalía revisar el manejo administrativo de $83.000 millones asignados para la atención médica de los internos.