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El Consejo de Estado ordenó suspender el desalojo en el jarillón del río Cauca en el Valle, debido a que las familias no fueron incluidas como demandados en la acción, lo que se considera una violación al debido proceso.
De acuerdo con la decisión, la Secretaría de Gobierno de Cali debe suspender el desalojo de las viviendas, ubicadas en las zonas de Venecia, Cinta Larga y Las Vegas, que había sido retomado el pasado martes, y del que ya han sido reubicadas alrededor de 1.400 familias.
Según informó Rodolfo Yanguas, abogado que interpuso la tutela, “durante ocho años les llevaron un proceso en su contra, sin haberlos vinculado al mismo, sin haberlos escuchado, sin haberle dado a estas personas el derecho de contradicción y defensa que es pilar fundamental de debido proceso”.
Además, el abogado informó a El País de Cali, que como las familias no fueron involucradas en el proceso como demandados, ninguna recibió la notificación judicial que ordenaba el desalojo, así mismo advirtió que “no se puede sacar a 35 mil personas del jarillón. Debe haber un plan social donde se le ofrezcan condiciones dignas a estas personas”.
Por lo pronto, la alcaldía de Cali informó que acatarán la orden judicial hasta que se dé una decisión de fondo; mientras que Yanguas aseguró que la administración municipal debe atenerse a las demandas millonarias de quienes ya fueron desalojados.