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Gremios del transporte anunciaron rechazo total al servicio que ofrecen las aplicaciones Uber, Uber X, Tripda, Mi Águila, Fuímonos y Partem por el impulso que están generando en informalidad e ilegalidad en el sector.
En un comunicado, el Consejo Superior del Transporte, la Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans) y la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Intermunicipal (ADITT) se unieron para rechazar estos servicios.
“Los gremios del transporte público estamos sentando nuestra voz de protesta por esta nueva modalidad que ofrecen algunos particulares. Los dueños de aplicaciones como Uber están actuando fuera de la Ley y desacatando decisiones de la Corte Constitucional como la Sentencia C- 033 de 2014. Por ende, hacemos un fuerte llamado a que se ejerzan controles a la ilegalidad”, indicó Marino Quintero, presidente del Consejo Superior del Transporte y Asotrans.
Dice el informe que dichas aplicaciones no tienen en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente sobre transporte de pasajeros, como lo expuesto en el artículo 5° de la Ley 336 de 1996.
El documento hace especial énfasis en el alcance de la sentencia y precisa diferencias entre el servicio privado de transporte y el público. Así mismo, la Corte ratificó que de ninguna manera es posible celebrar contratos de transporte en los que se utilicen vehículos de servicio particular.
“En el transporte público hay responsabilidad del Estado, de las empresas transportadoras, de las aseguradoras, y hay una normatividad clara sobre el funcionamiento de las diferentes modalidades (buses urbanos e intermunicipal, taxis, servicio especial y mixto). Esto permite brindarle a los usuarios un servicio con garantías, mayor seguridad, accesibilidad y calidad”, explicó Quintero.
Los gremios del transporte consideran que si ocurren accidentes de tránsito en los vehículos particulares que prestan el servicio a Uber, Uber X, Tripda, Mi Águila, Fuímonos y Partem, el usuario terminaría solo y sin una garantía que respalde las lesiones que puedan presentarse.
“Ante el incumplimiento de la normatividad y una operación pirata de esos servicios, nadie podrá resarcir los daños o lesiones personales de un usuario. Las entidades competentes y las veedurías no pueden actuar porque desafortunadamente no se tienen registros del parque automotor ni en qué lugares operan. Es decir, el usuario se transporta en un sistema fantasma y sin garantías”, indicó un directivo de ADITT.