Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El cerro de La Popa es una víctima más de la urbanización descontrolada que vive Cartagena hace décadas. Lo que solía ser un bosque seco tropical, refugio de plantas medicinales y animales silvestres, es hoy uno de los principales focos de pobreza que tiene La Heroica.
Ahí llegan casi a diario invasores a cometer un coctel de delitos ambientales: talar el bosque, quemar la vegetación y rellenar canales, para finalmente construir precarias viviendas. Desde comienzos de este año, las denuncias se han disparado, lo que el alcalde local, Carlos Mieles, atribuye a la llegada masiva de venezolanos, “que entran de manera arbitraria a deforestar”.
Todo esto ha convertido a La Popa en el factor de un posible desastre por su creciente erosión. La última alerta se disparó en marzo de 2017, cuando se conoció que El Salto del Cabrón, una enorme roca ubicada en la cima -donde se alza el convento de los Agustinos- presentaba una grieta que podría ocasionar un deslizamiento.
La primera reacción de las autoridades distritales fue declarar la calamidad pública en la zona, y entre los cartageneros surgió el temor a una tragedia como la de Mocoa o Armero. Pero el riesgo real se supo sólo hasta octubre, cuando la Universidad de Cartagena reveló, a partir de estudios en el lugar, que son 48 familias, 197 personas, las que están en alta amenaza por un eventual desplome de la piedra.
El estudio también estableció cuáles son las obras necesarias para prevenir el desastre y su valor: $12.000 millones. Sin embargo, el Distrito sólo cuenta con $2.000 millones de un crédito público y con ese dinero empezará a ejecutar lo más prioritario.
Historial de obras en planos
El ingeniero que lideró el estudio, Guilliam Barbosa, recalca la urgencia de hacer todas las obras contempladas y no dilatarlas por falta de recursos: “Se le ha pedido al Distrito que no pase este año sin conseguir los $10.000 millones, porque si se esperan años para conseguir la plata, las primeras obras se pierden”.
Barbosa tiene fundamento para hacer esa súplica. Él conoce más que nadie los antecedentes de la ciudad dejando en el papel las acciones de mitigación que se piden para La Popa. Desde la universidad ha liderado tres estudios en los últimos 15 años. Los dos primeros ya contemplaban una serie de intervenciones en el Salto del Cabrón que nunca se ejecutaron: “Como no se hicieron las obras que planteamos en 2009, se aceleró más la erosión y los movimientos en masa”.
En 2011 llegó La Niña y el desastre que desplazó a 2.440 familias del barrio San Francisco. Como respuesta se contrató un nuevo estudio que proponía construir una serie de muros con terrazas, drenajes y canales, pero según Barbosa no se ejecutó ni el 1 %; apenas “hicieron un murito de 20 metros que fue una degustación”.
Bosque de paz, pero en riesgo
La propuesta en curso para salvar La Popa, que lidera el saliente alcalde encargado Sergio Londoño, es la creación de un bosque de paz, una iniciativa del Ministerio de Ambiente que busca recuperar los ecosistemas del país que han sido degradados ambientalmente por el conflicto.
En el caso de La Popa, contempla intervenir 44 hectáreas con siembra de árboles, creación de proyectos productivos, educación a 150 guardianes de paz y un monumento a la memoria del conflicto. El proyecto está en revisión por parte del Ministerio, y Londoño ha manifestado que gestionará, desde su cargo como director de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), recursos internacionales para ejecutarlo.
El gran vacío que dejaría el bosque de paz es que, más allá de reforestar 30 hectáreas, no incluye un diagnóstico ni una solución en materia de gestión de riesgo. “Este proyecto es netamente ambiental y social, no de infraestructura, por eso no contempla obras de mitigación”, según explicó a El Espectador Enrique Segovia, asesor de la APC, y añadió que los recursos que faltan para reparar el Salto del Cabrón no saldrán del presupuesto del proyecto.
Sin embargo, desde 2011 permanecen archivados los diseños de un macroproyecto para recuperar integralmente el cerro con un plan que sí incluía estrategias para mitigar riesgos. Aunque el proyecto actual tomó éste como insumo, no incluyó el componente de riesgo, pues “los criterios del Minambiente son estrictos”, aclara Segovia. La pregunta es si los criterios del bosque de paz responden a las necesidades más urgentes de La Popa.
Aunque no se ha dado a conocer en detalle su contenido, el bosque de paz ya tiene opositores. Se trata de nueve personas que dicen ser propietarias de 40 hectáreas del cerro y creen que sus terrenos son los que tienen en mira el proyecto. Uno de ellos es Rafael Zúñiga, quien advierte que demandarán a la Alcaldía, pues “no se pueden hacer proyectos sobre predios privados”.
Al respecto, Segovia confirma que al menos tres de esas personas sí son propietarias y explica que el Distrito estudia los títulos para revisar si sus terrenos son parte del área a intervenir.
Mientras tanto, crecen las especulaciones entre los habitantes de los barrios de invasión. En La Bendición de Dios, un sector de 150 familias que nació hace cuatro años, han escuchado del bosque de paz por parte de funcionarios que los han visitado, pero no tienen claro qué implica para ellos en la práctica. Mientras algunos vecinos temen que los desalojen a la fuerza, otros están ansiosos por convertirse en guardabosques.
Lo cierto es que no existe un estudio completo y actualizado de cuántas familias viven en La Popa y mucho menos de cuáles deben ser reubicadas y cuáles pueden permanecer ahí. Esta información no es un tema menor, pues, como asegura el ingeniero Barbosa, “uno puede hacer toda la inversión económica y en obras, pero si no se cambia el chip a la gente, eso se va a perder”.