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Si el municipio de Sincelejo inicia una acción de repetición contra el ex alcalde Jaime de Jesús Merlano Fernández, éste podría ser conminado a pagar de su bolsillo cerca de $5 mil millones por detrimento patrimonial causado a las arcas municipales en la compra de un predio de 26 hectáreas inicialmente avaluado en $184’ 682.736, y que posteriormente pasó a costar más de $1.000 millones.
En ese predio, conocido como Río de Janeiro, ubicado en la vía que de la cabecera urbana de la capital sucreña conduce al corregimiento Las Palmas, se empezó a construir, desde hace más de cinco años, la laguna de oxidación, donde serán tratadas las aguas de los tres arroyos más grandes de Sincelejo para evitar seguir contaminando otros cauces a su paso por diversos municipios de Sucre.
En las obras, aún inconclusas, van invertidos aproximadamente $3.000 millones. Los primeros $1.172’364.144 (girados el 14 de diciembre de 2001 por el Fondo Nacional de Regalías) fueron invertidos en la administración del ex alcalde Jorge Arturo Ospina Vergara, actualmente procesado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, por supuesta celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, al comenzar la construcción de la obra en un predio que no le pertenecía al municipio.
La suerte que podrían enfrentar los ex alcaldes Ospina Vergara, detenido además por parapolítica, y Merlano Fernández, se desprende del reciente fallo que emitió el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre al declarar nulo el Acuerdo N° 019 de diciembre 20 de 2004 a través del cual se ordenó revisar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que fue demandado por el entonces concejal Norbey Moreno Romero, uno de los tres que votó negativamente el proyecto.
Con este Acuerdo el alcalde Merlano Fernández, respaldado por los concejales cuya mayoría eran de su corriente política, modificó el POT y con ello el uso del suelo, por lo que inició construcción de la laguna de oxidación.
Los entendidos en la materia no se explican cómo el ex alcalde Merlano Fernández modificó el POT en sólo 20 días, cuando el proceso podría tardar mínimo seis meses.
Adicionalmente, dos de los magistrados de la Sala de Decisión de dicho Tribunal consideraron que el Concejo Municipal de Sincelejo aprobó el proyecto presentado omitiendo la celebración previa de un cabildo abierto para estudiar la nueva modificación.
Como si fuera poco, los magistrados Armando Sumosa Narváez y Horacio Coral Caicedo consideraron que el municipio no demostró la existencia del riesgo que justifica cambiar la destilación de tal área, por cuanto omitió, además, la realización del estudio técnico detallado exigido para ello.
Apenas aportó un concepto geológico e hidrológico sobre el sistema de aguas residuales de la ciudad de Sincelejo que tomó de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), elaborado por el ingeniero geólogo Héctor Mario Herrera Parra en otro contexto, y que la administración usó para este fin diferente, para lo cual le cambiaron el título y lo hicieron aparecer como Estudio Técnico de Soporte para modificar el POT.
Por esta actuación, Merlano Fernández también podría ser procesado por falsedad en documento público.
El Tribunal alega, además, que tanto en un certificado expedido por el director de Carsucre como en la exposición de motivos del Acuerdo, se hace hincapié en que la Revisión Extraordinaria del POT fue aprobada por parte del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, como si este fuera el requisito al que se le debe dar cumplimiento, no siendo así, por cuanto este organismo sólo tiene el carácter de Comisión Asesora de la administración del municipio en materia de ordenamiento territorial.
Otra perla del POT
De igual manera era necesario, dicen los magistrados, que Carsucre analizara de fondo el impacto que produciría cambiarle el sitio establecido en el POT a las lagunas de oxidación, en relación con la zona donde confluyen los arroyos que pertenecen a la microcuenca del Arroyo Grande de Corozal, tales como El Pintao, El Caimán y El Colomuto, entre otros.
Pero allí no para todo, pues la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional Sucre, cuyo presidente es Armando Gutiérrez Ribón, le solicitó a la Procuraduría investigar a los concejales de Sincelejo porque a través del Acuerdo N° 009 de junio 10 de 2005 declararon de utilidad pública varios inmuebles con destino a instituciones educativas, canchas deportivas y sedes institucionales. Dentro de éstos hay un predio que no cumple con el destino previsto en el POT y que fue destinado a la construcción del Centro Forense y Morgue de Sincelejo.
“Es una edificación que causará gran impacto urbanístico y ambiental negativo para el sector por cuanto se desconoce por parte de la comunidad si contará con una planta de tratamiento de aguas residuales, adonde van todos los residuos que salen de una necropsia amen de contar muy seguramente con un laboratorio de toxicología y química legal que generalmente contaminan”, dijo el Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Sucre.
Por demás, Gutiérrez Ribón le hace saber al Ministerio Público que también debe abrir investigación en contra del Municipio de Sincelejo por permitir que se adelanten obras sin los requisitos legales como las licencias de construcción y el permiso ambiental.
En los próximos días el Juzgado Segundo Penal del Circuito fijará fecha para la audiencia pública dentro del proceso que la Fiscalía Décima de Bogotá le adelanta al ex alcalde Jorge Ospina Vergara por la celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
El denunciante Norbey Moreno Romero consideró acertado el fallo del Tribunal que declaró nula la modificación del POT, pues dimensiona toda una cadena de corrupción, al tiempo que dijo estar preocupado por su seguridad, puesto que al denunciar estos hechos involucra a personas influyentes en Sucre, algunos de los cuales están comprometidos en la llamada parapolítica.