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La cifra es contundente: cerca de 20 mil niños y niñas nacidos en Colombia, pero de padres migrantes venezolanos, están en riesgo de apatridia, es decir, no tienen nacionalidad. El fenómeno, que no es nuevo, se ha recrudecido por cuenta de la crisis política, social y económica que vive el vecino país y preocupa tanto a las autoridades nacionales como a los organismos internacionales. Se trata de menores de edad que no son reconocidos por ningún país como ciudadanos y, por lo tanto, están en situación de mayor vulnerabilidad, pues son casi nulas las posibilidades de que puedan acceder a derechos básicos como el acceso a la salud y la educación. Se trata, en últimas, de un estado de invisibilización.
Según la legislación colombiana, una persona solo puede ser nacional por nacimiento (que uno de los padres sea colombiano y tenga domicilio en el país) o por adopción (el Gobierno otorga a los extranjeros la nacionalidad colombiana por adopción a través de Carta de Naturaleza o de Resolución de Inscripción). Para la nacionalización de los hijos de extranjeros nacidos en Colombia, la ley exige que se demuestre no solo la nacionalidad del país de origen, sino también la existencia de un domicilio en Colombia. Los requisitos resultan casi imposibles de cumplir para la mayoría de familias migrantes que ingresaron de manera irregular a territorio colombiano, pues en la mayoría de los casos no tienen en regla sus papeles y tampoco una residencia fija en Colombia.
A eso se suma que por cuenta de la crisis en el vecino país se suspendieron muchos de los servicios consulares impidiendo así a los padres regularizar su situación de registro ante las autoridades venezolanas y registrar a sus hijos como ciudadanos venezolanos a través de los consulados.
Lo cierto es que el fenómeno ha crecido exponencialmente, tanto que desde varios frentes se vienen buscando alternativas para tratar de paliar la crisis. La Registraduría, por ejemplo, expidió en 2017 una circular que establece una hoja de ruta clara para certificar y establecer la inscripción en el registro civil de nacimiento de los hijos de extranjeros nacidos en Colombia con el objetivo de poder demostrar su nacionalidad. “Los hijos de extranjeros nacidos en el territorio colombiano, a quienes ningún Estado les reconozca la nacionalidad, la prueba de la nacionalidad es el registro civil de nacimiento sin exigencia del domicilio. Sin embargo, es necesario que los padres extranjeros acrediten a través de certificación de la misión diplomática de su país de origen que dicho país no concede la nacionalidad de los padres al niño por consanguinidad”, detalla la directriz.
Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por su parte, se implementó la Ruta Intersectorial de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes que se encuentran en territorio colombiano y que establece los parámetros de atención de cada una de las entidades responsables de velar por los derechos de la niñez para que se pongan en marcha las estrategias de atención en salud, educación, primera infancia, alojamiento y seguridad.
A su turno, la Defensoría del Pueblo presentó en abril pasado ante el Senado de la República un proyecto de ley con el propósito de establecer un régimen especial para adquirir la nacionalidad colombiana por adopción, para hijos e hijas de venezolanos en situación de inmigración irregular nacidos en territorio colombiano. En su exposición de motivos, la Defensoría señaló que se trata de un tema de gran relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que ante el difícil escenario que vive Venezuela y las pocas posibilidades de que la crisis tenga una pronta solución, es claro que la permanencia de los migrantes en territorio colombiano no es una situación transitoria fácilmente superable.
De hecho, las cifras de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia señalan que en tan solo un año hubo un drástico repunte en el número de personas venezolanas con intención de radicarse en Colombia: en 2017 había un registro de 184.087 personas y para 2018 la cifra ascendía a 769.726. “Adicionalmente, según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos realizado por el Gobierno Nacional entre 6 de abril y el 8 de junio del año pasado, 8.209 mujeres venezolanas en situación irregular se encontraban en gestación y 7.496 en lactancia”, señaló la Defensoría.
La iniciativa de la Defensoría contempla en su articulado un factor clave: delimitar temporalmente la propuesta para lograr cobijar a la población objetivo sin que la norma misma se convirtiera en un incentivo para que más personas migraran al país con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida y la de sus futuros hijos. Por eso, sugería que la medida comenzara a implementarse desde el año que se ha identificado el agravamiento de la crisis migratoria desde Venezuela, es decir, desde 2015.
En ese orden de ideas, el proyecto busca incluir un nuevo inciso en el artículo 5 de la Ley 43 de 1993, que dejaría determinado que se les podrá dar nacionalidad “a los hijos e hijas de extranjeros venezolanos en situación de inmigración irregular nacidos en el territorio colombiano desde 2015 y hasta un año posterior a la promulgación de esta ley. La prueba de nacionalidad es el registro civil de nacimiento o en su defecto el certificado de nacido vivo en Colombia sin exigencia del domicilio”.
Sin embargo, la situación de los menores en condición de apatridia requiere medidas urgentes y los tiempos que toma el trámite de un proyecto en el Legislativo son demasiado largos. Por eso, desde otros sectores, se plantean estrategias que puedan ser mucho más eficientes de cara a las necesidades que requiere el problema. Desde hace varios meses la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, viene trabajando de la mano con la Gerencia de Frontera con Venezuela, la Registraduría Nacional, Cancillería y Migración Colombia en una propuesta de carácter excepcional y temporal que, según conoció este diario, será anunciada en los próximos días.
Una versión que también dejó sobre la mesa hace una semana el gerente para la frontera entre Colombia y Venezuela, Felipe Muñoz, quien aseguró en entrevista radial que muy pronto se dará un anuncio con medidas legales para evitar que los menores queden en riesgo de apatridia.
Según conoció El Espectador, se trata de un decreto que permitirá otorgar la nacionalidad a niños y niñas nacidos en territorio colombiano con padres venezolanos desde el 19 de agosto de 2015 (fecha en que inició la crisis) hasta que se compruebe que cesaron las circunstancias que impiden que las madres o padres de los menores puedan registrarlos como nacionales venezolanos ante los consulados de ese país en Colombia o en las oficinas registrales de su país de origen.
La norma está amparada en el artículo 96 de la Constitución —que claramente estipula que los nacidos en Colombia no podrán ser privados de la nacionalidad— y en los artículos 76, 83 y 84 del Código Civil, que incluyen una definición amplia de domicilio, aplicable a extranjeros en condición migratoria.
La adopción de la estrategia implicará un operativo de socialización y de expedición de nuevos registros con costos significativos para la Registraduría que serán asumidos por la comunidad internacional, puntualmente por la Organización Internacional para las Migraciones, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Unicef, que ya manifestaron un respaldo total a la medida, la cual sienta un precedente internacional clave, sobre todo teniendo en cuenta que —según cifras de la Acnur— hay por lo menos 10 millones de personas a las que se les niega la nacionalidad en el mundo y que en la actualidad las crisis migratorias se replican en distintos continentes con respuestas represivas y excluyentes de parte de muchos gobiernos. Se espera que sea el mismo presidente Iván Duque quien, al término de su viaje por Europa, anuncie los detalles e implicaciones de la medida junto con el procurador general, Fernando Carrillo; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; el registrador nacional, Juan Carlos Galindo; el canciller Carlos Holmes Trujillo; la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi; el gerente de Frontera, Felipe Muñoz; el director de Migración Colombia, Christian Krüger, y representantes de las organizaciones cooperantes.