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La migración de venezolanos ha tenido varios cambios en los últimos meses. El aumento de medidas restrictivas en EE. UU. hizo que se redujera drásticamente el paso por la selva del Darién, así como provocó nuevos flujos de migración a la inversa y remigración.
Nastassja Rojas Silva, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, señala que la migración de dicho país no se ha acabado y, en cambio, se ha comenzado a dar la salida de nuevos perfiles como de defensoras de derechos sociales y personas que fueron encarceladas por el régimen.
Junto a esto, se refiere a la asistencia a los migrantes en Colombia y la falta de medidas que permitan su regularización y acogida.
¿Cómo está la migración en este momento?
Lo primero que hay que hacer es cuestionar esas narrativas que dicen que la migración paró. Ciertamente, no sigue dándose en los mismos picos como se venía dando, después del 2015, cuando fue esa expulsión de población en Venezuela y que abrió la puerta a todo lo que vino después, pero se sigue dando migración y salidas de Venezuela constante, y es importante que eso se tenga en cuenta porque hay una idea de que la gente que está fuera es la que es y ya frenó la migración y eso no es cierto. De hecho, hay un cambio en la migración en este momento. Uno es la migración a la inversa y Colombia va a ser un gran receptor de esta situación. Y dos, que cuando se dan estas medidas de aumento en las represiones dentro de Venezuela, la migración comienza a aumentar y se da con ciertos perfiles.
¿De quiénes?
Lo que comenzamos a ver desde el 28 de julio del año pasado es la migración de personas defensoras de derechos humanos. Había un volumen de gente migrando por mejores condiciones de vida y ahora es de un grupo que por mucho tiempo intentó quedarse en Venezuela. El panorama no es alentador porque aún no hay suficientes mecanismos para la regulación de la población, no solo es un retroceso en medidas en EE. UU., es un proceso de retroceso en toda la región.
En cuanto a la migración a la inversa, ¿los flujos están cambiando al sur?
Colombia es un punto de paso de tránsito, que no es tan temporal para la mayoría la población venezolana. Muchas veces salían, se quedaban en Colombia un tiempo, mientras lograban un poco de dinero, y cuando las cosas se complican, decidían emigrar hacia Estados Unidos.
Pero la población venezolana desde el inicio ha tenido unas rutas hacia Chile y otra ruta muy usada hacia Argentina, porque era uno de los países con políticas mucho más flexibles y no solamente en términos políticos, sino también en la sociedad, que recibía muy bien a los venezolanos. Por eso creo que en este proceso de migración inversa se va a volver a esas rutas.
¿Existen legislación que ampare estos nuevos procesos migratorios?
Colombia tiene una capacidad instalada para su población, pero la población venezolana está muy sola, tanto en migración nueva como para quienes buscan reasentamiento. Acá, particularmente, para la migración venezolana, no hay ningún tipo de oportunidad, ningún tipo de regularización. De hecho, la visa de visitante especial, básicamente no sirve para nada en este momento, entonces la población que se está quedando, está siendo arrojada institucionalmente a estar de maneras irregulares.
Y en la región, ¿hay algún tipo de mecanismos que permita regularizar?
No, en este momento vemos medidas restrictivas en Ecuador y en Perú. En Argentina, aunque había sido muy receptivo, ya se están impulsando medidas para frenar la migración venezolana. En Chile también se avanzó con una ley que restringe el ingreso; entonces Brasil se empieza a volver un destino. Parece que es el único que ha mantenido políticas un poco más flexibles, al menos para el ingreso.
¿Cómo ven la asistencia a la población en movimiento?
Desde el recorte, sobre todo de cooperación desde inicio del año, que se comenzó a hablar que el Darién se consideraba cerrado, porque no había una población que necesitaba necesitará ser atendida, se levanta la asistencia que hay en Panamá y en las rutas, y lo poco que quedaba en asistencia inmediata fue cerrando por la falta de recursos. Realmente empezamos también a tener un problema enorme de saber cuáles son las condiciones de las personas, porque ya no hay atención, ni hay forma de saber en qué condiciones están.
¿Tiene que ver con la forma en que este gobierno aborda la migración?
Sin duda, para mí esto tiene muchísimo que ver con la forma en que se ha llevado a la política migratoria. Ni siquiera se ha puesto en marcha la política pública integral, se termina el proceso del estatuto, pero en este momento ya vamos a llegar casi a medio millón de personas venezolanas en situación de irregularidad en Colombia. Y son personas que no tienen mecanismos para poderse regularizar. Es una situación muy compleja la institucionalidad.
¿Qué hay por hacer?
Trabajamos de manera insistente en que las narrativas xenófobas no se manejen en las campañas electorales. En Estados Unidos les funcionó y creo que en la región se están dando cuenta que eso se puede capitalizar. Entonces, insistimos mucho en hablar de los costos sociales, incluso económicos y, por supuesto, en derechos humanos que lleva a tener este tipo de discursos.
Y lo segundo, seguimos insistiendo en hacer incidencia en los gobiernos para que entiendan por qué es incluso más beneficioso económica y socialmente para los países tener mecanismos de regularización para los migrantes venezolanos. Cuando las personas están regularizadas, pueden ingresar al mercado laboral y aportan a la economía, y disminuyen los riesgos también.
¿Qué proponen a los candidatos a la presidencia hacer?
Hemos hecho varios ejercicios de incidencia. Hay que poner en marcha realmente la política integral migratoria; es necesario reevaluar procesos de regularización como, por ejemplo, el estatuto para personas en condiciones de irregularidad que lo pueden requerir y revisar, por supuesto, el proceso de refugio para ver cómo pueden dar rápida respuesta a las solicitudes.
