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Una tutela, presentada por la Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia, fue admitida por el Tribunal Administrativo de este departamento para proteger los derechos de las personas recluidas en los calabozos del Palacio de Justicia de Medellín, así como en las estaciones de policía.
La tutela fue tramitada en contra de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Inpec, el Presidente del Sindicato UTP y los establecimientos Penitenciario y Carcelario La Paz, de Itagüí, y el Pedregal, de Medellín.
Según el Tribunal, el cual profirió sentencia en primera instancia, los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec no son quienes deben decidir qué personas entran o salen de las cárceles, pues los directores de los establecimientos son los encargados de ello.
Cabe recordar que en los calabozos del Palacio se vive una situación de hacinamiento debido al paro de los funcionarios del Inpec, que cumple ya 45 días.