Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Luis Enrique Bernal tardó años en tener su apartamento. Lo compró en 2017 con una hipoteca con el Fondo Nacional del Ahorro, usando las cesantías y ahorros que él y su esposa ahorraron para la cuota inicial. Después pidieron otro préstamo de más de COP 50 millones para remodelarlo, poner ventanas antiruido y puertas de seguridad. El apartamento, de 96 m², tenía cuatro cuartos, tres baños y dos parqueaderos en un barrio de estrato 4 de Medellín.
“Justo cuando terminamos de hacer los arreglos, por medio de un volante que tiraron bajo la puerta nos dijeron que íbamos a ser afectados por el proyecto del Metro de la 80”, cuenta Bernal. Primero llegaron funcionarios del Metro prometiendo que quedarían en iguales o mejores condiciones, como lo ordena el Decreto 0818 de 2021, que reglamenta la Política Pública de Protección a Moradores. Pero cuando hablaron con quienes ya estaban en el proceso, se dieron cuenta que había inconformismos.
“Nosotros quedamos en peores condiciones”, dice Bernal. “Yo siempre les dije: yo no quiero plata. Yo le entrego a usted 100 metros cuadrados con dos parqueaderos; usted entrégame 100 metros cuadrados con dos parqueaderos, en un estrato 4, igual que el mío”. En 2025, el Distrito, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y el Metro le expropiaron la vivienda y le ofrecieron COP 250 millones. Cuando pidió una casa similar de reposición a tres cuadras, le mostraron un apartamento de COP 890 millones.
La situación se complicó más cuando, al pagarle por la expropiación, le descontaron por la hipoteca, sin embargo, él y su esposa aparecen en mora. “Además de que no pagaron la hipoteca, nos metieron a Datacrédito y no nos prestan para comprar otra vivienda. Así que lo que dice la Política Pública de Protección a Moradores para ellos es un canto a la bandera”
Según el concejal José Luis Marín (conocido como Aquinoticias – Pacto Histórico), quien ha estado detrás del tema, la táctica de presión de los funcionarios de la EDU era llegar con un mensaje claro, “o venden o los expropiamos”, lo que convirtió muchas entregas aparentemente voluntarias en ventas forzadas. Marín ilustra el temor generado con el caso de Olga y Miriam, dos hermanas de 84 y 82 años que vivían en la Glorieta de Don Quijote y tenían una licorera como sustento. Llegaron a un punto en el que dejaron de abrirle la puerta a cualquier funcionario de la alcaldía. Les ofrecieron COP 300 millones por una vivienda de 120 metros cuadrados en una zona donde una casa similar se vende en COP 700 millones.
Parte del problema es la metodología usada para calcular el valor de los predios. Según la abogada Balkis Rivera Villanueva, quien acompaña desde 2023 una de las acciones de las víctimas, los avalúos fueron construidos con precios del 2008 y 2011, cuando debieron hacerse con valores del 2015. “Los avalúos no están teniendo en cuenta los procesos de gentrificación en Medellín ni el valor real del metro cuadrado. A estas personas les están ofreciendo una liquidación con un metro cuadrado abusivo”, explica.
La acción popular que acompaña Rivera acumula 327 actuaciones y sigue activa. El proceso ha estado marcado por la resistencia institucional, el juez requirió al Distrito en múltiples ocasiones para que entregara los anexos técnicos de los avalúos y cuando finalmente los entregó, un perito contratado por la comunidad encontró que los archivos no tenían fecha de creación de 2016 sino fechas recientes. El Distrito respondió que la fecha visible, el 18 de marzo de 2024, era consecuencia de procesos técnicos como la digitalización. “La simple afirmación no sustituye la evidencia de inconsistencia en las pruebas”, argumentó Bernal en un memorial dirigido a un juez en diciembre de 2025.
En más de tres años, los afectados se han movilizado, participado en debates en el Concejo y acciones legales. En agosto de 2025, cerca de 150 personas se tomaron el Concejo y se sentaron con el alcalde Federico Gutiérrez, quien reconoció que el progreso de la ciudad no puede pasar por encima de los derechos de los moradores. La alcaldía anunció compensaciones adicionales, pero las consideraron insuficientes. “Muchos concejales dijeron que ya el problema había sido solucionado y aplaudieron al alcalde cuando las familias seguían en las calles protestando”, cuenta Marín.
Desde mediados del año pasado, los afectados cesaron su actividad. “Había un afectado que era quien pagaba los abogados, quien tenía el liderazgo más fuerte, quien convocaba las movilizaciones. Se vio obligado, según me lo dijo él mismo, a aceptar la propuesta de la alcaldía, porque la amenaza era aceptar las compensaciones o la expropiación por vía administrativa sin ellas. Cuando aceptó, dejó de participar en las movilizaciones, y eso hizo que el movimiento se fuera desgranando”, explica el concejal. “Yo he conversado con muchos afectados del Metro de la 80 y no conozco el primero que esté feliz y conforme. No he visto uno solo”.
La respuesta del Metro y alcaldía
El Metro de Medellín y la Secretaría de Infraestructura Física informaron que han recibido 1.183 de los 1.306 predios requeridos, un avance del 94,6 %. Según ambas entidades, 941 familias y negocios ya fueron trasladados a un nuevo inmueble y 328 familias recibieron compensaciones económicos. El proyecto tiene un avance general del 50,35%.
Desde la alcaldía se manifestó que no es posible ir por encima de la ley: “los valores que debemos pagar por los predios los define un avalúo comercial realizado por una empresa independiente bajo criterios técnicos y normativos”. Ante las quejas por los precios, crearon dos reconocimientos económicos adicionales, uno por ventajas de localización y otro por depreciación de la construcción, que aumenta entre el 10% y el 30% el valor inicialmente ofertado. Sin embargo, para los afectados eso no resuelve el problema, porque el valor sigue siendo insuficiente para comprar una vivienda en el mismo sector.
El barrio El Volador, donde se proyecta construir los patios y talleres de los vehículos del metro, se suma a la problemática con 300 familias afectadas por esta obra. En julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Distrito y al Metro implementar la Política Pública de Protección a Moradores para estas familias, con plazo hasta diciembre de 2025. Según Rivera, hay un incidente de desacato activo ante el Juzgado 33 Administrativo porque los afectados del lote de la Florida, donde se construirá el patio taller, no han recibido el reconocimiento económico que ordena esa política.
Para Luis Enrique, lo que vivió no es un error aislado, “es un actuar sistemático que han tenido en cada proyecto de expansión del metro”, dice, y menciona el MetroCable Picacho, el Tranvía de Ayacucho y el Puente de la Madre Laura.
“Las personas no pueden ser víctimas del desarrollo urbano. Tienen que ceder al interés general, pero ese interés general no tiene por qué menoscabar los derechos de propiedad de estas personas. Esas personas tienen que ser indemnizadas de manera justa. Así lo establece la Constitución y así lo establece la ley”, declara la abogada Balkis Rivera.
“El alcalde dijo, cuando fuimos al Concejo, que el progreso de la ciudad no puede pasar por encima de los derechos de los moradores”, menciona Bernal. “Pero nos pasaron por encima. Nos desaparecieron para no dejar rastro”.