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Un nuevo enfrentamiento se dio entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y un funcionario del Gobierno nacional. Esta vez no fue con el presidente Petro, sino con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, con quien tuvo una discusión por los apagones programados en la Costa Caribe por Afinia, filial de EPM.
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Esta discusión empezó el 7 de abril durante el Consejo de ministros, cuando Palma aseguró que los apagones en la región Caribe responden a “decisiones políticas” por parte de Afinia, filial de EPM. “El alcalde, líder de la oposición de este Gobierno, ha anunciado cortes y ha hecho cortes de energía a barrios completos. Mientras que hoy “Fico” está apagando barrios completos, nosotros estamos llevando energía a esos barrios y esto, obviamente, ha sido utilizado por Fico, por EPM”.
En respuesta, “Fico” aseguró que EPM “es la empresa de todos los antioqueños, de todos los medellinenses y de todos los colombianos. No es la empresa de Fico, como dicen algunos desde el Gobierno Nacional”.
Además, aseguró que al Gobierno “le duele lo que sí funciona y EPM sí funciona”, a lo que añadió que: “No nos duele. Creo que es una empresa pública poderosa, que le pertenece al pueblo de Medellín y sobre la cual usted hace política para oponerse al Gobierno Nacional”.
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Sobre estas declaraciones, Palma respondió que: “Siendo una empresa pública se debe ocupar de los intereses superiores. Negarle la energía al caribe colombiano y cortarle el servicio a los ciudadanos a través de Afinia no es de una empresa pública con valores públicos, sino de intereses mezquinos”.
Los apagones a los que hacen referencia se están realizando en 11 municipios de Bolívar, así como en Córdoba, Sucre y Cesar, ante lo que la empresa Afinia denominó como periodos de continuidad concertada como una de las medidas drásticas para enfrentar la crisis de sostenibilidad financiera por cuenta del no pago y el robo de la energía en la región.
La medida ha sido criticada por alcaldes y el presidente Petro, quienes han señalado que no se puede dejar si el servicio, en especial, a comunidades vulnerables, así como se ha criticado la socialización de la medida en las regiones que se verán afectadas.