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Este miércoles la Alcaldía de Medellín, acompañada por la Fuerza Pública, realizó un operativo para demoler las viviendas restantes ubicadas en zona de riesgo en el sector Mano de Dios, en Altavista, luego del desbordamiento de la quebrada Altavista a finales de abril que destruyó siete casas y dejó graves daños en otras 36, afectando a más de 130 personas.
La administración aseguró haber realizado censos y caracterizaciones previas para ofrecer soluciones integrales a las familias afectadas. Sin embargo, algunos residentes han denunciado atropellos durante el proceso de demolición y desalojo, alegando que las acciones se llevaron a cabo con poca comunicación y sin respetar plenamente sus derechos, generando angustia y sensación de abandono entre las personas desplazadas.
“Yo vivo hace 20 años acá, mi mamá vive acá desde hace 60 años, todas estas casitas están levantadas con mucho esfuerzo, y acá vienen militares, funcionarios, maquinaria amarilla a atropellarnos. Nadie nos ofrece nada. Sí es verdad que hay un montón de entidades, el Isvimed y otras, pero vengan acá para que confirmen que no mentimos, no nos están ofreciendo nada, nos están dejando en la calle”, le indicó Alejandro Vargas a El Colombiano.
Otro afectado le contó al medio antioqueño que les ofrecieron albergue por quince días y un monto de $591.000, que para seguir recibiéndolos por tres mese más debían realizar algunos trámites. “Eso es inviable. Aquí hay personas desempleadas, hay niños estudiando, hay mujeres recién paridas, en embarazo, ancianos. No nos parece que sea como han hecho, que llegue la policía a ultrajarnos”, indicó uno de los afectados, entre los que se calculan cerca de 500.
En el corregimiento de Altavista también se han registrado colapsos parciales de edificaciones y demoliciones preventivas para mitigar riesgos, con planes de trabajo coordinados entre autoridades y afectados, aunque algunas familias aún no pueden regresar a sus viviendas por la persistencia del peligro. En otros casos, como en enero de 2025, se demolieron construcciones ilegales en cerros tutelados, lo que también generó reclamos por parte de las familias afectadas.