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Confinados en sus territorios, amenazados por grupos armados, desplazados de sus comunidades, con líderes asesinados y rodeados de minas antipersonales. Así se encuentran centenares de indígenas de los pueblos originarios del Urabá antioqueño y chocoano que viven los rigores de los duros enfrentamientos que libran en la zona estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y del Clan del Golfo.
El pasado 28 de febrero, por ejemplo, un niño de 13 años perdió una pierna tras pisar una mina antipersonal en el resguardo indígena Río Murindó (Antioquia), en un hecho en el que también resultó herido el profesor que lo acompañaba. Según las comunidades y la Organización Indígena de Antioquia (OIA), estos artefactos están siendo instalados por el Eln en su objetivo de frenar la avanzada del Clan del Golfo en esta zona del país. Además, unos días antes de este hecho, había sido asesinado Alejandro Manúgama, médico tradicional y guardia embera, de la comunidad de Cevedé del resguardo indígena Tahamí, en Bagadó (Chocó).
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La crisis en la región llevó a que el pasado 7 de marzo delegaciones de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico realizaran una visita humanitaria de cuatro días en el municipio de Murindó para conocer de primera mano los testimonios de las comunidades. El Espectador habló con monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó (Chocó), sobre los hallazgos de la misión.
¿Cuál es la situación en esta zona del país?
Las comunidades de Murindó (Antioquia) están confinadas porque las minas que ha instalado el Eln en sus cultivos y los caminos no les permite realizar sus actividades diarias para el sustento y la vida comunitaria. Ya hay una orden directa que está en un audio que circula por la población, donde se les dice que no pueden salir de sus comunidades porque todos sus terrenos están minados. Esto no solo está pasando en Murindó, también se replica en Bojayá, Dabeiba, Frontino y en el Alto Baudó. El Eln está instalando minas para poder detener el avance del Clan del Golfo y el Ejército Nacional. Están convirtiendo los territorios en escenarios de guerra.
¿Qué les dijeron las autoridades locales sobre las medidas que están adoptando?
Hay algunos diálogos entre la Gobernación de Antioquia, el municipio de Murindó, la OIA y algunas organizaciones internacionales de derechos humanos. Hasta el momento no se ha dado una respuesta concreta por parte de la institucionalidad para empezar con el desminado de estas zonas y nosotros le hemos hecho el llamado al Eln para que ellos, que saben dónde han instalado, procedan a quitarlas de esos lugares y abandonen esa práctica que también afecta a comunidades afrodescendientes.
¿Cómo está el tema de salud en las comunidades desplazadas y confinadas?
Desde la Diócesis de Quibdó hemos acompañado estos diálogos de la institucionalidad con las comunidades indígenas. Este es un problema bastante complejo y la falta de atención en salud es uno de los derechos que exigen las comunidades que se cumpla. Sin embargo, hay otros derechos que ellos reclaman y que quisieran poder volver a su territorio con mejores oportunidades de vida. Están pidiendo que se cumplan los derechos de educación y la protección colectiva de las comunidades. También nos hablaron del apoyo en la productividad. Los indígenas y la población rural de Colombia quieren producir y necesitan algunos apoyos y no que se les dé más asistencialismos, sino que se les apoye con financiación, capacitación y comercialización. Solamente así podrán ser realmente productivos. Ellos tienen todo para hacerlo, pero no logran llevar a cabo sus proyectos de vida por la falta de apoyo desde las instituciones de orden nacional, departamental y local.
¿Cómo va el proceso de sustitución de cultivos ilícitos en esta zona del país?
En las comunidades indígenas y algunas afrodescendientes de Antioquia y de Chocó lo que se ve es que hay unas presiones muy grandes por parte de los grupos armados contra las comunidades. Esto termina haciendo que los obliguen a sembrar y a participar en el proceso de la producción de coca. Además, lo que se ve es que hay una debilidad del Estado que no logra controlar el territorio ni los insumos. Para producir esto no solo se necesita la mata, sino que también la gasolina, y sobre eso no hay ningún control. Mientras no logremos una solución integral, las comunidades seguirán expuestas a lo que los actores armados las obliguen a hacer.
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¿Cuál es el llamado que hace la Iglesia?
El Gobierno Nacional debe tener una visión de sentido social para resolver este problema. Definitivamente estas situaciones no se resuelven únicamente enviando al Ejército a estas zonas, aquí se requiere que haya garantía de derechos sociales para todas las comunidades. Además, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la Fuerza Pública se desligue de alianzas con los grupos ilegales, concretamente con el Clan del Golfo, como se da en la cuenca del río Atrato, en los municipios de Murindó, Bojayá, Medio Atrato, entre otros. Esto lo hemos venido denunciando en varias ocasiones y no decimos que sean todos, pero sí sucede. También es importante que el Gobierno avance en la implementación de los Acuerdos de Paz, porque la confrontación armada lo que nos está dejando son muchas víctimas. Tenemos que detener esta guerra a partir de los mecanismos de diálogo. A los grupos armados les pedimos que reconozcan que son un actor nocivo para la población civil, tienen que empezar a observar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no afectar los derechos discretos que tienen las comunidades. Igualmente, dar signos de verdadero compromiso para avanzar hacia unos diálogos de paz que permitan que las poblaciones no sufran más la violencia.
